La Inspección obliga a la empresa pública Tragsa a hacer fijos a 24 trabajadores temporales que mantenía en fraude de ley

La Inspección de Trabajo ha multado a la empresa pública Tragsa por tres infracciones graves y una leve que pueden costarle más de 160.000 euros. En un acta del pasado 26 de mayo, la Inspección exige a la filial, Tragsatec, que convierta en indefinidos antes del 7 de julio a 24 trabajadores que llevan desde 2010 y 2011 con contratos temporales. CCOO denunció a la compañía pública por mantener a un centenar de empleados en fraude de ley, incumpliendo el artículo del Estatuto de los Trabajadores que obliga a las empresas a hacer fijos a quienes hayan superado los tres años –cuatro si así lo dicta el convenio—con contratos por obra y servicio.

La Inspección de Trabajo echa abajo el argumento utilizado por Tragsatec para no convertirlos en personal fijo: que la Ley de Presupuestos Generales del Estado prohíbe a las sociedades mercantiles públicas contratar nuevo personal. El inspector, por el contrario, replica que no se trata de nuevos empleados sino de “trabajadores ya contratados” cuya condición de fijos la empresa debe reconocer por “mandato legal expreso”.

En cualquier caso, el sindicato va a exigir a Tragsatec que envíe a la Inspección el listado completo de los trabajadores que se encuentran en la misma situación que los 24 citados en el acta.

La Inspección exige también a la empresa que conceda a estos trabajadores los beneficios sociales que el convenio incluye para la plantilla fija. Se refiere a los fondos de asistencia social – ayudas para gastos sanitarios, libros, por nacimiento, guardería, dependencia y minusvalía– y de ayuda a la vivienda.

El Estatuto de los Trabajadores establece que los contratos por obra y servicio no pueden tener una duración superior a tres años, “ampliable hasta 12 meses más por convenio colectivo”. Es lo que hace el convenio de ingenierías, el aplicable a Tragsatec. Transcurrido ese plazo, añade la ley, “los trabajadores adquirirán la condición de trabajadores fijos de la empresa”. La reforma laboral del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero limitó esos tres o cuatro años a los contratos por obra firmados a partir del 18 de junio de 2010. El 18 de junio de 2014, por tanto, Tragsatec debería haber convertido en indefinidos a los trabajadores con ese tipo de contratos que hubieran alcanzado los cuatro años de antigüedad. Es decir, estas personas llevan ya cinco años con contratos temporales.

Utilizar la contratación temporal en fraude de ley es una infracción grave que implica sanciones de hasta 6.250 euros por trabajador.

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Multas por la formación y por no publicar las vacantes

A la sanción por este fraude de ley se le suman otras dos infracciones graves, según la Inspección, por vulnerar los derechos de audiencia y consulta de los representantes sindicales en la Comisión de Formación. En ese ámbito se elabora y vigila el plan de formación profesional de la plantilla. Pero Tragsatec no ha permitido a los sindicatos tener la participación que le exige el convenio colectivo. Así, no ha podido valorar las necesidades de formación ni determinar qué grupos de trabajadores debían participar en los cursos.

Finalmente, la Inspección de Trabajo reprocha a la empresa pública que no anuncie las convocatorias de vacantes. Tragsatec contestó que no debe hacerlo por tratarse de puestos de trabajo temporales. El inspector, en cambio, conmina a la empresa a hacer públicos “todos los nuevos puestos de trabajo o plazas ya existentes en la empresa que hayan quedado libres”, tal y como establece el convenio colectivo. Ese anuncio debería ser dirigido a la plantilla de la empresa antes de hacer la “oferta externa”. Y, si hace pruebas para seleccionar a los más adecuados, debe constituir un tribunal y evaluar los méritos con arreglo al convenio.