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POLÉMICA COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA

Empleo convoca un nuevo concurso sólo para cinco agencias privadas de colocación, negociado y sin publicidad

Empleo convoca un nuevo concurso sólo para cinco agencias de colocación, negociado y sin publicidad

El Consejo de Ministros acaba de autorizar al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) para que firme un segundo contrato con las agencias privadas de colocación pese a que ha sido incapaz de resolver el primero, licitado hace casi un añolicitado hace casi un año. Son otros 41,7 millones de euros, la misma cantidad que el anterior. Pero en esta ocasión se tratará de un procedimiento negociado y sin publicidad. Envuelta en la polémica y tras cuatro vuelcos en la lista de adjudicatarios provisionales, la primera convocatoria sigue a la espera de resolución y pendiente de dos nuevos recursos. Así que, para este nuevo contrato, el SEPE ha decidido curarse en salud: sólo serán invitadas a participar cinco agencias, de las 80 seleccionadas en 2013, para hacerse con los cuatro lotes en que se divide el concurso.

Además, sólo podrán presentarse agencias con titularidad en el mayor número de comunidades autónomas. Es decir, aquellas que tengan una delegación propia con licencia a su nombre en todos los territorios. El SEPE pretende así enmendar los errores del primer concurso, que hizo del número de oficinas el factor clave para la concesión, al representar el 70% de la nota final. Pero no exigía que esos locales fueran propiedad de la agencias. Así que un buen número de empresas de formación captaron por teléfono o correo electrónico decenas de locales cuya “disponibilidad” acreditaban con una mera “declaración responsable”. De esa forma desbancaron de la clasificación a las grandes Empresas de Trabajo Temporal (ETT), con menos oficinas pero todas en propiedad.

En este segundo concurso, por el contrario, sólo van a tener opción las mayores ETT. “Prevemos que será un nuevo convenio que favorecerá a las grandes ETT y dejará a las pequeñas agencias sin oportunidades de concursar”, protesta un portavoz de ANAC, la asociación que agrupa a las agencias de menor tamaño. Fuentes de las grandes ETT, por el contrario, más que como una “compensación” por el fiasco del primer concurso, ven el segundo contrato como una manera de “centrar el tiro” en las empresas con más experiencia en intermediación laboral y más medios.

Las pequeñas piden ofertas de empleo a las grandes

Andreu Cruañas, presidente de Asempleo, la patronal de las grandes ETT, asegura que algunas de las empresas de formación que han conseguido la adjudicación provisional del primer contrato se han dirigido a sus asociadas “por escrito” para pedirles ofertas de empleo. Una solicitud que desecha como “muy extraña”. “El modelo”, advierte, “no está hecho para funcionar así”. “Tenemos la confianza no sólo de los candidatos sino también de las empresas; por tanto, también la capacidad para captar ofertas de trabajo”, explica. Cruañas cifra en un 15% las contrataciones que gestionan sus asociadas –Adecco, Eulen, Manpower, Randstad y hasta un total de 36 grandes ETT–. “Intermediamos en 2,2 millones de contratos en las 800 oficinas que tenemos repartidas en toda España”, presume.

Un portavoz del Ministerio de Empleo explica que el Acuerdo Marco con las Agencias de Colocación y la Ley de Contratos del Sector Público permiten al SEPE optar por un concurso negociado y sin publicidad para “agilizar los procedimientos administrativos”.

En efecto, la ley exime a la Administración incluso de convocar a una nueva licitación a los candidatos preseleccionados para participar en el Acuerdo Marco. O bien, “justificándolo debidamente en el expediente”, le permite no extender la consulta “a la totalidad de los empresarios que sean parte del Acuerdo Marco, siempre que, como mínimo, solicite ofertas a tres de ellos”. En este segundo concurso, sólo se invitará a cinco de las 80 agencias preseleccionadas. En el primero, licitado como procedimiento abierto y ordinario, se presentaron 39.

Resolución antes del verano

Según las fuentes consultadas por infoLibre, el SEPE ahora tiene prisa por sacar adelante el nuevo concurso, por lo que su intención es que esté resuelto a mediados de julio. Es decir, puede ocurrir que el segundo sea adjudicado antes de que quede cerrado el primero. Porque la última lista provisional de ganadores ha sido recurrida de nuevo ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, dependiente del Ministerio de Hacienda, lo que implica un nuevo parón en el proceso. Y ya van cuatro.

El nuevo contrato se ha dividido en cuatro lotes, según el perfil de los desempleados a quienes deberán encontrar trabajo las agencias privadas. Ese perfil se ha dibujado ateniéndose al tiempo que los parados lleven buscando empleo: de tres a seis meses, de seis meses a un año, entre uno y dos años, y más de dos. El primer contrato se circunscribía a los parados del Plan Prepara –los de más difícil recolocación: más de un año sin trabajar, con las prestaciones y subsidios agotados– y a todos los desempleados de Ceuta y Melilla, que son territorios competencia del SEPE.

Para este primer concurso la mesa de contratación del SEPE ha elaborado cuatro listas sucesivas de adjudicatarios, tras ser obligada a modificarlas por los recursos que las agencias privadas llevan presentando incansables en el último año. Cada nueva lista ha provocado la indignación de los primero aupados y luego excluidos. Es la expresión de la guerra que libran las grandes ETT y compañías –Telefónica, Once– con las pequeñas agencias privadas y las empresas de formación.

Pero todas ellas coinciden en culpar a la pésima redacción de los pliegos del concurso y al mismo SEPE del retraso y de los sucesivos vuelcos. Aunque parecía que el Tribunal de Recursos Contractuales había fijado los criterios definitivos tras los últimos recursos, las impugnaciones que acaban de presentar dos de las candidatas indican justamente lo contrario.

Cuatro vuelcos

Tras la primera valoración de las ofertas, en septiembre de 2014, el concurso lo acapararon empresas de formación. Pero la mesa encontró entonces “discrepancias” entre las declaraciones responsables de esas empresas y los datos que sobre ellas posee el Espacio Telemático Común del SEPE, además de “otras irregularidades” que le inducían a pensar que las primeras eran “erróneas o falsas”.

De ahí surgió la segunda lista, ya configurada como adjudicación provisional, que otorgó los seis lotes a tres grandes ETT –Eulen, Adecco y Manpower–, Telefónica, ONCE y Salesianos. Nuevos recursos de las empresas de formación consiguieron anularla. El Tribunal de Recursos Contractuales obligó a la mesa a repetir la evaluación de las ofertas y a elaborar una tercera lista que fue de nuevo modificada dos meses después.

En cualquier caso, no fue ésta la primera batalla. Ya en 2013 el Acuerdo Marco seleccionó a 80 agencias privadas, tras un proceso que también fue paralizado por los recursos de las excluidas y hubo de rectificarse por mandato del Tribunal de Recursos Contractuales. Mientras las ETT critican que se haya incluido en el acuerdo a empresas ajenas a la intermediación, las pequeñas agencias protestan por que sólo hayan entrado el 5,32% de las 1.502 autorizadas.

Cuatro años y medio sin arrancar

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Desde diciembre de 2010, cuando el Gobierno del PSOE dio los primeros pasos para dar carta de naturaleza a las agencias privadas de colocación, hasta ahora, han pasado cuatro años y medio. En ese tiempo, el paro llegó a dispararse hasta los 6,27 millones de personas en 2013, según la EPA. Hoy sigue sin trabajo el 23,78% de la población activa. Y lo que es cada día más preocupante, de los 5,44 millones de parados, casi la mitad, 2,38 millones, llevan sin trabajo más de dos años. En el último cuatrienio esa cifra se ha duplicado. De ellos, 1,4 millones superan los tres años en el desempleo. Son los que más necesitan orientación y recualificación profesional para conseguir un empleo.

Sin embargo, como se encarga de destacar el propio ministerio, los servicios públicos de empleo sólo son capaces de gestionar el 2% de las ofertas de trabajo. Para cubrir ese vacío, el Gobierno optó por recurrir a las agencias privadas, cuya eficacia elogia. Al tiempo, despedía a 3.000 orientadores laborales y recortaba el presupuesto destinado al SEPE en un tercio: desvistió a un santo pero no ha conseguido aún vestir al otro.

Mientras tanto, las agencias privadas sí han comenzado a trabajar en Castilla y León, Navarra, Cataluña, Canarias, Comunidad Valencia, Aragón y Murcia.

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