La empresa pública Tragsa devuelve a manos privadas un hotel declarado Bien de Interés Cultural

El hotel del monasterio de Santa María del Paular, declarado Bien de Interés Cultural y propiedad del Estado, volverá a manos privadas este verano. Cuando la empresa pública Tragsa resuelva el concurso que ha convocado para adjudicar el arrendamiento de lo que fue durante 40 años, y hasta julio de 2014, un hotel de cuatro estrellas ubicado en plena sierra de Madrid. Hasta esa fecha lo explotó la cadena estadounidense Starwood Hotels & Resorts Worldwide, propietaria de la marca Sheraton, de los hoteles de superlujo Alfonso XIII de Sevilla y María Cristina de San Sebastián o del Westin Palace de Madrid. Tras renunciar a su gestión Starwood, se hizo cargo de El Paular la empresa pública Tragsa, que lo mantiene cerrado desde entonces. Según el Ministerio de Cultura, al que está adscrito el monasterio, cuatro empresas “o inversionistas”pujan por un contrato de 1,62 millones de euros para los próximos 24 años.

El abandono de Starwood no estuvo exento de polémica, al menos en Rascafría, el pueblo donde se ubica El Paular, pues supuso el despido de los 46 trabajadores del hotel. Además, el cierre ha supuesto un duro golpe a la pequeña economía local, que dependía en buena medida de las convenciones y bodas que constituían el núcleo del negocio del monasterio.

Tragsa es una empresa pública integrada en la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y tutelada por el Ministerio de Agricultura. Como “medio propio instrumental de las administraciones públicas”, trabaja para ellas en temas medioambientales, de desarrollo rural y gestión de recursos naturales. En teoría. En la práctica, acomete casi cualquier tipo de encargos –encomiendas de gestión–, desde tramitar expedientes del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) o becas de las universidades hasta modernizar la administración de Justicia o construir y reformar comisarías de policía.

Tal es así que el Tribunal de Cuentas ha criticado en sus informes el hecho de que Tragsa se haya convertido en “un medio para todo”, al ir ampliándose con el tiempo el tipo de los encargos que pueden hacerle las administraciones. El tribunal asegura que encomendar a Tragsa “actuaciones para las que carezca de medios efectivos para su ejecución implicaría un fraude de ley y que Tragsa pudiera ser utilizada como simple intermediadora al objeto de evitar el régimen de contratación aplicable a la entidad encomendante”. 

En este caso, Tragsa va a ser la encargada de la “gestión integral” del monasterio de El Paular durante los próximos 25 años. Así, firmó, el 4 de diciembre del año pasado, un convenio marco de colaboración con los benedictinos, la orden a la que el régimen de Franco cedió el monasterio en 1954. Y ha elaborado un plan de gestión que incluye la adjudicación a una empresa privada del hotel, con 44 habitaciones y dos restaurantes. En principio, el plazo para presentar ofertas al concurso concluía el pasado día 14, pero se ha ampliado hasta el próximo día 30 “a petición de los propios candidatos”, que han pedido más tiempo para elaborar sus propuestas, según explica el Ministerio de Cultura.

Promoción cultural sí, quedarse con la plantilla no

Los pliegos del concurso exigen a la empresa adjudicataria que lleve a cabo las obras de rehabilitación en el hotel que sean necesarias. También que presente un “plan de actuaciones culturales y sociales”, enfocado hacia la “difusión y promoción cultural y la participación ciudadana” y que contribuya a la “promoción activa de la zona”. Ambas condiciones son “obligatorias y de carácter excluyente”. Una vez cumplidas, el 90% de la puntuación final corresponderá a la oferta económica. Y el 10% restante, al plazo de arrendamiento, que no podrá ser inferior a 15 años ni superior a 24.

Lo que no incluyen los pliegos es una cláusula que obligue al futuro arrendatario a subrogar a la plantilla que tenía el hotel cuando lo gestionaba Starwood. En su momento, el Ministerio de Cultura justificó el despido sin posibilidad de recolocación de los 46 trabajadores de El Paular en el hecho de que el convenio colectivo de hostelería no obliga a las empresas a subrogar los contratos de las plantillas de las antiguas concesionarias.

Pese a que la nueva gestora del hotel deberá encargarse de rehabilitarlo, es la pública Tragsa la empresa que está acometiendo obras en el recinto del monasterio. En concreto, está remodelando el aparcamiento y restaurando la recepción de visitantesrestaurando la recepción de visitantes, que se ubica en el claustro de legos. Ambas obras suman un importe de 2,17 millones de euros. Los contratos, otras dos encomiendas de gestión del Ministerio de Cultura a Tragsa, forman parte de la “compensación parcial” que recibirá la empresa pública por el “déficit de explotación previsto para los cuatro primeros años de gestión” del monasterio.

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Tres subastas y una advertencia de la Abogacía del Estado

La cadena Starwood no sólo abandonó la gestión del hotel de El Paular, sino que, además, se deshizo de todo lo que contenía. La casa de subastas Durán organizó una puja en las mismas instalaciones del monasterio entre los días 4 y 6 de julio de 2014, en las que puso a la venta un catálogo completo de casi 400 objetos de decoración procedentes del hotel: cuadros, muebles castellanos, lámparas de hierro forjado, cerámica... En septiembre de ese año y en enero de 2015, y ya en la propia casa de subastas de Madrid, salieron a la venta cuadros firmados por pintores reconocidos como Cirilo Martínez Novillo, Joaquín Vaquero Turcios y José Vela Zanetti.

Según el Ministerio de Cultura, cuando CIGA Hotels, una firma italiana que luego fue adquirida por Starwood, se hizo cargo del hotel de El Paular en 1973, también adquirió la propiedad de “todo su contenido”, incluidos muebles y decoración, que “quedaron convenientemente inventariados”. Es decir, “todo lo que Starwood ha subastado es de su propiedad”. No obstante, Cultura asegura que la Abogacía del Estado envió a la cadena estadounidense una carta donde le advertía de “la inconveniencia de subastar ningún objeto cuya propiedad no pudiera ser acreditada”.