Las empresas pagan sólo el 40% de las horas extra y cotizan por ellas menos que en el año 2000

El Gobierno apostó desde el primer momento por el trabajo a tiempo parcial y para ello no dudó en dar mayores facilidades a fin de que los trabajadores hicieran horas extraordinarias. Hasta la reforma laboral de 2012 los empleados con ese tipo de jornada sólo podían realizar “horas complementarias”, que debían pactar previamente y por escrito con el empresario. Desde entonces y hasta el mes de diciembre de 2013, se permitió que los trabajadores a tiempo parcial hicieran también horas extraordinarias; es decir, sin que mediara un acuerdo previo por escrito con el empresario y con carácter voluntario. Con el decreto-ley de 20 de diciembre de 2013 volvió a modificarse la ley, de forma que ahora estos empleados sólo pueden hacer, de nuevo, horas complementarias, aunque éstas, a su vez, se dividen en pactadas y voluntarias, y se ha ampliado su número del 15% al 30% de la jornada ordinaria. El convenio puede extender aún más ese límite, hasta el 60%. También se reduce el plazo de preaviso al trabajador: de siete a tres días.

Sin embargo, a tenor de los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) y de la recaudación de cuotas a la Seguridad Social, el cambio legal no ha conseguido estimular esta fórmula de organización del tiempo de trabajo, que el Ejecutivo alaba por su mayor flexibilidad. Las horas extraordinarias siguen en mínimos históricos. Los empresarios sólo pagan el 41,6% de las que sus trabajadores realizan. Y lo que la Seguridad Social recauda por ellas se ha desplomado en un 45,5% desde 2008. Los 237,54 millones de euros cobrados por cotizaciones en 2014 están por debajo incluso de la cifra ingresada en 2000 – 288,41 millones–.

De hecho, la cifra final recaudada por este concepto el último año se encuentra 18,4 millones por debajo de la presupuestada por el Gobierno para ese ejercicio. Aun así, para el año en curso programaron aumentar la cantidad consignada en 2014 hasta los 262,87 millones de euros. En 2016, pese al crecimiento económico y de empleo anunciado por el Ejecutivo, los gestores de la Seguridad Social han presupuestado por primera vez en la crisis un descenso en el número de horas extra trabajadas, pagadas y cotizadas: 251,9 millones, 11 millones menos que este ejercicio. El mínimo de ingresos por cuotas en lo que va de siglo se registró en 2013, con sólo 232,45 millones de euros, muy lejos de los 436,26 millones cobrados en el último año de la burbuja, 2008.

En el primer semestre de este ejercicio los trabajadores han hecho 12,94 millones de horas extra a la semana, un 36% menos que en el mismo periodo de 2008, según la última EPA. La caída más que duplica el descenso en el número total de horas trabajadas durante la crisis, que ha sido del 16,8%: 237,16 millones de horas menos a la semana. Es decir, sólo una parte de la bajada se debe a la destrucción de empleo en esos siete años: ahora hay 2,8 millones de personas menos trabajando.

Por el contrario, las que sí han aumentado son las horas de los trabajadores a tiempo parcial, un 16,5% desde 2008, en consonancia con el auge de este tipo de contratos.

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7,5 millones horas semanales, gratis

Además, la caída de las horas extra pagadas casi dobla el descenso del total de extraordinarias trabajadas: nada menos que un 56,4% desde 2008. En lo que va de año las empresas han abonado a sus plantillas un total de 5,39 millones de horas extra semanales. Pero los trabajadores les han regalado en ese periodo otras 7,5 millones. Casi el 60% de las horas extraordinarias que se trabajan en España les salen gratis a las empresas.

El Gobierno de Baleares comenzó el pasado día 17 una campaña de inspecciones en las empresas para vigilar las horas extraordinarias ilegales. En una comunidad autónoma volcada en el turismo estacional, el número de contratos a tiempo parcial se ha disparado un 43,6% desde 2008. El 70% de los empleos creados son de menos de 20 horas semanales. El objetivo es realizar 1.300 inspecciones adicionales hasta que termine el mes de septiembre entre trabajadores a tiempo parcial y con contratos temporales, donde se concentra el fraude, según el Ejecutivo balear.