POLÍTICA FISCAL

Bruselas calcula que España deja de ingresar 75.000 millones por exenciones y reducciones del IVA

Bruselas calcula que España deja de ingresar 75.000 millones de euros al año por las exenciones y tipos reducidos del IVA

España recaudaría 136.260 millones cada año por el Impuesto del Valor Añadido (IVA), un 54% más que ahora, si eliminara las exenciones y los tipos reducidos. Es el país europeo, junto con Bélgica, que mayor brecha política sufre, 11,6 puntos por encima de la media comunitaria. El concepto de brecha política lo ha acuñado la Comisión Europea, que también ha hecho el cálculo de esa recaudación “ideal” del impuesto sobre el consumo.

En su último informe sobre la brecha del IVA –la diferencia entre la recaudación real de cada país y los ingresos potenciales por este impuesto– la Comisión cifra en 12.094 millones de euros lo que España dejó de ingresar en 2013 por culpa del fraude fiscalfraude fiscal, las quiebras y los errores de cálculo.

Pero esa cantidad se multiplica por seis –hasta los 74.910 millones– si se considera la recaudación “ideal” por el IVA que cada país de la UE conseguiría suprimiendo las numerosas exenciones y reducciones de tipo que aplica a determinados bienes, servicios o sectores. Se trata de un ejercicio teórico: todos los Estados aplican tipos reducidos o superreducidos –menos Dinamarca, que tiene un tipo único y muy elevado, del 25%– a algunos productos, así como toda clase de exenciones –a las exportaciones, al igual que a las importaciones de bienes para fines no comerciales, por ejemplo–. También hay sectores que no cobran el IVA, como los servicios financieros, además de los servicios públicos de sanidad y educación o defensa. Los alquileres tampoco lo aplican en ningún país europeo.

La Comisión Europea explica que sus cálculos tratan únicamente de medir el efecto en los ingresos por IVA de la legislación, de “decisiones discrecionales” de los gobiernos. Se limita, pues, a explicar las dificultades de imponer el IVA en alquileres, productos financieros y servicios públicos, porque implicaría cambios en las directivas europeas o, en el segundo caso, en la legislación internacional. Y pide que la mejora de los sistemas de recaudación se mantenga como una “prioridad de las políticas públicas”. En cualquier caso, la brecha entre la recaudación actual y la ideal si España cobrara el IVA en estos tres sectores ahora exentos sería del 22,7%, 10 puntos por encima de la media de los Veintiocho y seis puntos superior a la brecha fiscal actual.

IVA para los productos financieros

España es el último país de la UE en ingresos del IVA en relación con su Producto Interior Bruto (PIB), también en relación con su volumen de consumo, pese a que el tipo general español –21%– está en la media europea –20,5%–. El motivo no es otro que el fraude. Porque las normas sobre exenciones y reducciones de tipos son “bastante homogéneas” en toda Europa, recuerda José María Mollinedo, secretario general del sindicato de técnicos de Hacienda (Gestha). No obstante, Mollinedo cree que los servicios financieros deberían gravarse con el IVA. “Eximirlos forma parte de la política de los Estados para incentivar que los ciudadanos inviertan en productos financieros ofreciendo bajas tributaciones”, explica. Al tiempo, rechaza que se eliminen los tipos reducidos o se imponga un tipo único, que perjudicaría a las rentas más bajas. Un efecto que ha constatado incluso el FMI

José María Labeaga, catedrático de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), coincide con el responsable de Gestha en que habría que gravar los productos financieros y en que un tipo único “generaría más desigualdad”. Defiende los tipos superreducidos para los bienes esenciales: “No podemos ser regresivos, porque quienes tienen menos rentas gastan más del 50% de su presupuesto en comida, mientras que los ciudadanos con más ingresos sólo emplean el 15%”, detalla. Eso sí, todo lo que no es esencial debería tributar al 10%, el tipo reducido. España es uno de los cinco países de la UE que aplica un tipo superreducido, del 4%, al igual que Italia. En Irlanda es del 4,8%;en Luxemburgo, 3%, y en Francia, del 2,1%.  

Tampoco cree que aplicar el IVA a los arrendamientos de viviendas fuera a tener un efecto significativo en la recaudación final, debido al exiguo mercado del alquiler existente en España. Respecto a las exenciones, Labeaga considera que lo fundamental es “ser neutral”: ni privilegiar ni perjudicar a ningún sector. “Las exenciones favorecen el empleo y los tipos superreducidos, la redistribución de rentas”, resume.

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Sanidad y educación públicas, exentas

Finalmente, tanto Mollinedo como Labeaga rechazan la imposición del IVA a los servicios públicos sanitarios o de educación. Y entienden que el copago de la salud daría pie precisamente a aplicar el impuesto. El informe de la Comisión Europea destaca que hacerlo sería “poco factible”, porque implicaría “cambiar la naturaleza de la provisión pública del propio servicio”.

A juicio del dirigente de Gestha, poner el foco sobre las exenciones y reducciones de tipos desvía la atención del núcleo del problema: la lucha contra el fraude. José María Mollinedo coincide en este punto con la Comisión Europea: “Lo fundamental es una administración tributaria eficiente”.

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