ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

El Gobierno comienza a colocar como funcionarios civiles a militares de carrera

El Gobierno ofrece 347 plazas para convertir a militares de carrera en funcionarios civiles

La Administración General del Estado va a ofrecer 347 puestos de trabajo en cinco ministerios a militares de carrera con más de 20 años de servicio, que pasarán de ese modo a ser funcionarios civiles. Son las primeras plazas que aplican los cambios legislativos aprobados hace ahora un año para permitir que los militares terminen sus carreras en la Administración civil. Al mismo tiempo, el personal de tropa y marinería se está incorporando a las policías locales, la Policía Nacional y la Guardia Civil. También se les facilita su ingreso como personal laboral fijo del Ministerio de Defensa. Incluso podrán participar en la última convocatoria de plazas de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre.

Los militares podrán presentarse a puestos de todo tipo y nivel en los ministerios de Asuntos Exteriores, Agricultura, Justicia, Administraciones Públicas e Interior. Desde subdirector adjunto de Asuntos Internacionales de Verificación en Exteriores o consejero técnico en la Junta Consultiva de Contratación Administrativa en Agricultura, hasta jefe de negociado en la Secretaría General del Notariado y los Registros en Justicia. No obstante, la mayor parte de las plazas ofertadas corresponde al Ministerio de Interior: jefe de la unidad de helicópteros de Tráfico o jefe de seguridad vial, por ejemplo. También se han convocado numerosos puestos de piloto de helicópteros, mecánicos y técnicos de mantenimiento en las jefaturas provinciales de Tráfico. De hecho, el grueso de las plazas ofrecidas a militares por el ministerio de Jorge Fernández Díaz pertenecen a la Dirección General de Tráfico. La lista de plazas puede consultarse en la página web del Ministerio de Defensa.

El pasado septiembre publicó el Boletín Oficial del Estado (BOE) las dos primeras convocatorias. Administraciones Públicas ofrece a militares de carrera ocho puestos de jefe de Protección Civil en delegaciones y subdelegaciones del Gobierno, de un total de 50 plazas a concurso. Y 24 puestos más de conductores, de una lista de 26, en esas mismas delegaciones y subdelegaciones.

“Movilidad entre administraciones”

La Ley de Racionalización del Sector Público permite el paso de los militares de carrera con un mínimo de 20 años de servicio a la situación de “servicio en la Administración Civil”. Cada caso debe ser aprobado por el Ministerio de Defensa. Su condición militar quedará en suspenso mientras trabaje como funcionario civil. Su salario base será el que le corresponda como militar, pero cobrará el complemento específico del puesto civil al que accede. Y su régimen de Seguridad Social seguirá siendo el que tenía como militar. Pero no todos los miembros de las Fuerzas Armadas pueden pasar al servicio civil. Están excluidos los que Defensa denomina “perfiles críticos”: los miembros de los cuerpos de intendencia e ingenieros, comunicaciones militares, cuerpo jurídico, intervención o sanidad, por ejemplo.

El PP, que introdujo esta fórmula laboral en una enmienda a la ley durante su tramitación en el Congreso, vendió la iniciativa como una fórmula para cubrir una “laguna normativa”, así como para “potenciar la movilidad interadministrativa”. Según explicó el partido entonces, se pretende así “aumentar la eficiencia en el uso de los recursos de las administraciones públicas”.

Desde el primer momento, la medida fue rechazada por los sindicatos de funcionarios. No fue negociada, protestaron.  Y criticaron que se “militaricen” cuerpos como Protección Civil o las policías locales, que “son y deben seguir siendo plenamente civiles”, advertía CCOO.

En el paro a los 45 años

Porque, además de los militares de carrera, el Gobierno lleva tiempo facilitando el traslado del personal de tropa y marinería a funciones civiles. Para ello creó el programa Sapromil, una suerte de portal de empleo con el que Defensa pretende ofrecer salidas laborales a los soldados, tanto en la Administración pública como en empresas privadas. No sólo proporciona reorientación laboral y cursos de formación, incluso promueve la inclusión en los contratos que Defensa firme con empresas de “cláusulas que potencien la incorporación de personal militar en el mercado de trabajo”.

A diferencia de los militares de carrera, los soldados y marineros firman un primer contrato de seis años que pueden prorrogar por otro de larga duración hasta los 45 años. Es decir, muchos militares de tropa quedan descolgados después de seis años de servicio o en una edad laboralmente crítica. Así, Defensa ha suscrito convenios con cinco comunidades autónomas y ayuntamientos que reservan para soldados y marineros cupos de hasta el 20% en las oposiciones a las policías locales. Aragón, Castilla y León, Madrid, Cantabria y Comunidad Valenciana, todas ellas gobernadas entonces por el PP, establecieron tales cuotas. El único requisito es poseer al menos cinco años de servicio como militar.

En la Comunidad Valenciana, no obstante, la medida duró poco. Nada más llegar al poder, el nuevo gobierno autonómico, integrado por PSOE y Compromís, suprimió la reserva de plazas para militares aprobada por el PP en el último pleno de la anterior legislatura.

47 soldados serán policías municipales en Madrid

Defensa también suscribió un convenio con la Federación de Municipios de Madrid (FMM), en abril de 2014, para promover esa reserva de plazas. Se adhirieron 13 ayuntamientos, todos gobernados por el PP. Incluido el de la capital, que ya ha aplicado el cupo para personal de tropa en dos convocatorias. La primera, de abril de 2014, reservó 41 plazas para militares de un total de 203 ofertadas para la categoría de policía. Se presentaron 489 soldados. De las 12 plazas para oficiales, tres eran de turno libre –el resto, de promoción interna–  y a ellas se presentaron otros tres miembros de las Fuerzas Armadas, según informa el propio ministerio. Defensa cifra en un 50% el aumento de sueldo que para el personal de tropa implica su paso a la Policía Municipal de Madrid. Además, el pasado febrero el Ayuntamiento, presidido aún por Ana Botella, convocó otras 32 plazas en la Policía Municipal, de las que reservó seis para militares.

Todos ellos, una vez superado el examen psicotécnico en noviembre, tendrán que superar un periodo de formación de seis meses. Pero deberán hacerlo en la Academia de la Policía Nacional en Ávila: Madrid es la única comunidad autónoma que carece de su propia institución para formar a los policías locales, después de que la cerrara Ignacio González en 2013.

Este mismo viernes el Ayuntamiento de Valladolid publicó igualmente su primera convocatoria de plazas para la Policía Local con reserva para militares: nueve puestos, de los que sólo uno será para soldados.

La incorporación de militares a las policías locales tampoco ha contado con el favor de los sindicatos de funcionarios ni de los propios agentes. Creen que debería primarse el ingreso en el cuerpo de agentes de movilidad o auxiliares de policía, así como de los numerosos interinos existentes en algunos cuerpos. “No tenemos elementos comunes con los militares”, protesta Manuela Oliva, responsable de la Agrupación de Policías de CCOO. Además, considera injusto que, reservándoles un cupo, los soldados reduzcan en una décima parte la dura competencia a que se enfrentan el resto de los candidatos. En la última convocatoria del Ayuntamiento de Madrid, explica, se presentaron 5.000 personas para sólo 203 plazas.

Por el contrario, la Asociación Unificados de Militares Españoles (AUME), defiende la fórmula del Gobierno porque “mejora las condiciones laborales” de los soldados y marineros, apunta un portavoz.

Policía Nacional, Guardia Civil y personal laboral fijo

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En la Policía Nacional también existe la misma reserva del 20% para personal de tropa desde que se aprobó el pasado julio la Ley de Personal de la Policía Nacional. En la Guardia Civil, para la escala de cabos y guardias, el cupo se eleva hasta el 60%. La última oposición para la Escala Básica del Cuerpo Nacional de Policía fue convocada en abril para 1.299 plazas. Cuando se resuelva, habrá 130 policías procedentes de las Fuerzas Armadas –el cupo era del 10% cuando se publicó el concurso–. Los candidatos deben aún pasar el reconocimiento médico.

Finalmente, los ministerios de Administraciones Públicas y Defensa también promueven que los militares se conviertan en personal laboral fijo. El pasado diciembre el departamento de Cristóbal Montoro abrió a 15 soldados una convocatoria para 24 plazas de titulados medios y técnicos superiores. El de Pedro Morenés prevé que sean militares profesores de centros escolares, enfermeros de hospitales o técnicos superiores y oficiales de maestranza en diferentes centros del ministerio.

Este trasvase de personal militar como personal civil se produce después de que el Gobierno haya congelado la oferta de empleo público, una de las medidas de recorte del gasto adoptadas para cumplir el objetivo de déficit. Así, el número de funcionarios se ha reducido hasta 2,52 millones, un 6,5%, desde 2010. Además, el Ejecutivo limitó al 10% la tasa de reposición  –el número de bajas de funcionarios, por jubilación, etcétera, que se cubren– en servicios “esenciales”: educación, sanidad, seguridad y defensa, inspección fiscal y laboral. Este año la subirá al 50%.

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