FRAUDE

Consultoras y pymes desvían dinero público de los cursos de formación para pagar asesorías

Consultoras y pymes desvían dinero público de los cursos de formación a asesorías de protección de datos

La Inspección de Trabajo ha abierto un acta de infracción para sancionar a Agesdad Consultors, una consultora acreditada ante la Fundación Tripartita, y las empresas que la contrataron por utilizar fraudulentamente las subvenciones públicas a la formación. Se trata de una consultora valenciana que ofrecía cursos de formación a empresas y les regalaba el asesoramiento sobre protección de datosregalaba. Es una práctica antigua y extendida que supone un fraude de al menos el 10% de la facturación anual del sector, según los cálculos de la Asociación Profesional Española de Privacidad (APEP).

Los inspectores constatan que la consultora y las empresas han falseado facturas para “financiar la implantación, mantenimiento y auditoría de Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD)a cargo de las bonificaciones a la Seguridad Social que sólo pueden sufragar los cursos de formación de los trabajadores. Así, la resolución reclama a las empresas que devuelvan las bonificaciones indebidamente disfrutadas, pero también pide la inhabilitación de la consultora si se verifica que el fraude se extiende más allá de la muestra que los inspectores han examinado.

Integrada por la Administración, la patronal CEOE y los sindicatos UGT y CCOO, la fundación gestiona la formación profesional para el empleo y reparte cada año más de 950 millones de euros, de los que 580 millones corresponden a los cursos en empresas. El pasado día 23 modificó sus estatutos, se ha rebautizado como Fundación Estatal para la Formación en el Empleo y en ella la Administración ha pasado a tener la mayoría. Los cambios forman parte de la “reforma integral” a que el Gobierno quiere someter al sistema de formación para el empleo, precisamente para evitar los fraudes que lo persiguen. Es su tercera refundación, después de que el descubrimiento de numerosos fraudes forzara en 2004 la desaparición de la antigua Forcem.

Cinco años después, el fraude sigue

Las denuncias sobre las prácticas de estas consultoras, híbridos de firmas de formación y asesorías de protección de datos, no son nuevas. Ya en 2010 la Fundación Tripartita advertía a las empresas que desviar al pago de asesorías sobre protección de datos los créditos destinados a la formación constituye un fraude. Entonces anunció un “proceso de comprobación de los hechos” y la puesta en marcha de “mecanismos de control”. También el Servicio de Empleo Público Estatal (SEPE) abrió una investigación. Cinco años después, el fraude continúa, a la vista de la última actuación de los inspectores de Trabajo.

Un portavoz de la fundación minimiza ahora el alcance del fraude y explica que es el SEPE, y no la tripartita, el órgano competente para efectuar controles sobre las empresas subvencionadas. A él fueron trasladadas las denuncias sobre posibles abusos, asegura.

La APEP también lleva años denunciando a las consultoras que ofrecen “LOPD a coste cero”. Su presidente, Ricard Martínez, lamenta que la Fundación Tripartita no haya mostrado “el menor interés” en este tiempo por poner fin a estas prácticas. “No han contestado a ninguna de nuestras quejas”, subraya. La asociación detalla que las consultoras, decenas en toda España, no imparten formación alguna o se limitan, en el mejor de los casos, a entregar un CD o unos ejercicios mínimos. Tampoco dan la asesoría en protección de datos prometida. Unos trabajos que requieren visitas a las empresas y hasta 25 horas de trabajo para elaborar políticas de seguridad. Pueden costar entre 350 euros para una pyme y 18.000 euros para una gran empresa, apunta Ricard Martínez. Las consultoras denunciadas, en cambio, sólo se dedican a asesorar por teléfono, por ejemplo. “Son servicios que deberían facturarse a precios de mercado pero se están pagando con dinero público”, resume el presidente de la APEP. La bonificación mínima por trabajador alcanza los 420 euros.

Martínez calcula que el 66% de las empresas españolas no ha registrado ningún fichero en la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) tal y como le exige la ley. Es decir, 2,08 millones de empresas incumplen la ley. El mínimo de ficheros o bases de datos que suele inscribir una empresa es de dos: una de clientes y otra de personal.

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No es formación de demanda

El acta de la Inspección de Trabajo sobre Agesdad –“la más contundente que ha abierto hasta ahora, destaca Ricard Martínez–, explica que la consultora “desvirtuó” la normativa en materia de formación de demanda. “Las empresas clientes investigadas no demandaron nada”, indica el inspector, “es la empresa denunciada [Agesdad] la que, realizando labores comerciales, les ofrece servicio de consultoría gratuito” en materia de protección de datos “facturándola como formación bonificable”. Y esas bonificaciones –reducción de las cuotas que las empresas pagan por sus trabajadores a la Seguridad Social– deben destinarse exclusivamente a cursos, según establece la ley.

La APEP, además, denuncia que muchas de estas consultoras “secuestran” los fondos de formación para años sucesivos, contratando con las pymes unos inexistentes “servicios de mantenimiento” en materia de protección de datos.

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