Rajoy deja menos ocupados, más trabajadores precarios y más parados sin protección

Mariano Rajoy pondrá fin a sus cuatro años de gobierno con 271.164 parados menos de los que el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) registraba cuando ganó las elecciones en noviembre de 2011. Una reducción del 6%. Pero también con menos ocupados, contados como afiliados a la Seguridad Social, de los que había entonces. Exactamente 25.444 menos. Para explicar la discrepancia de las cifras y calificar el resultado de la legislatura en materia de empleo, se puede acudir al ejemplo que proporcionan los datos del paro registrado en noviembre, publicados este miércoles. El SEPE cuenta ahora 27.071 desempleados menos, pero la Seguridad Social registra sólo 1.620 cotizantes más, después de que en la hostelería se dieran de baja nada menos que 85.884 trabajadores.

La diferencia entre ambas estadísticas suele atribuirse a diferentes factores: el descenso de la población activa, por un lado, y la huida hacia la economía sumergida de muchos trabajadores. Detrás de ambos fenómenos se encuentra el efecto desánimo –es tan difícil encontrar empleo que dejo de buscar, vuelvo a estudiar, acepto trabajos en negro o emigro–. Aunque la disparidad también se explica por las características del mercado laboral español que persisten cuatro años después pese a las “reformas estructurales” aplicadas por el Gobierno el cambio de ciclo económico.

Así, como demuestran las cifras de noviembre, el empleo sigue atado al patrón estacional: aumentan los contratos en la temporada alta del turismo y la hostelería, se resienten con el otoño y hasta que llega la Semana Santa. Ocurre así porque es el sector servicios el que crea el empleo: 388.497 cotizantes más en cuatro años. Por el contrario, la industria ha perdido 209.336 afiliados y la construcción, aún convaleciente del estallido de la burbuja inmobiliaria, otros 242.975.

Las cifras de la Seguridad Social también revelan que en estos cuatro años han desaparecido 182.646 asalariados, mientras crece el número de autónomos en 87.820 personas. La falta de oportunidades de empleo y la intensa campaña del Gobierno a favor del “emprendimiento” han empujado a muchos a trabajar por cuenta propia.

El temporal sigue siendo el rey, el parcial se dispara

Además, no siempre son términos equiparables contrato, afiliación y empleo. La razón es el predominio del trabajo temporal en España. Pese a que era uno de los objetivos declarados de la reforma laboral de 2012, en estos cuatro años la llamada dualidad laboral no se ha movido un milímetro. La brecha que separa a los trabajadores temporales y precarios de los indefinidos y protegidos continúa siendo formidable. El 91,72% de los contratos firmados el pasado noviembre eran temporales; hace cuatro años eran el 93,1%. La cifra apenas se ha reducido 1,4 puntos. Si la reforma laboral por sí sola –abaratando el coste del despido de los indefinidos– no ha conseguido levantar el número de contratos fijos, tampoco subvencionar a los empresarios para que elijan este tipo de empleo –las tarifas planas de cotizaciones– ha cambiado no ya la preferencia de éstos por los contratos temporales, sino el abuso que hacen de ellos.

Por el contrario, la reforma laboral sí que ha cambiado el papel secundario que hasta ahora tenía el empleo a tiempo parcial en España. De hecho, los contratos por horas crecen un 37,75% desde 2011. Los indefinidos a tiempo parcial baten todos los récords, con un aumento del 75%. Y los temporales con jornada parcial, la fórmula de empleo más precaria, suben un 42%, casi el doble que los temporales a tiempo completo –24,4%–. Además, su porcentaje dentro de la contratación global ha crecido tres puntos en estos cuatro años: los más precarios son ya un tercio de los que se firman cada mes. También se ha estimulado la oferta de contratos de prácticas y formación, hasta el punto de que su número se ha multiplicado por tres.

Rajoy termina sus cuatro años en el Gobierno con 4,15 millones de parados en las oficinas del SEPE, menos de los registrados en 2011, pero entre ellos hay 35.899 mujeres más que entonces. Suman 2,27 millones de desempleadas. Con la crisis aumentó el número de mujeres que decidieron o se vieron forzadas a buscar trabajo. El problema es que, al reactivarse la economía, son los hombres los primeros que están encontrando empleo. Por acudir sólo a las cifras más recientes, las del pasado noviembre, el número de parados ha bajado seis veces más que el de desempleadas.

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Otra de las herencias que dejará el Gobierno del PP es la caída de la protección pública a los parados. La lenta recuperación del empleo, partiendo además de cifras récord de paro, ha convertido a muchos en desempleados de muy larga duración que agotan el catálogo de prestaciones. La contributiva, la de mayor cuantía, se puede cobrar por un máximo de dos años. Si, además, el Ejecutivo aprueba requisitos cada vez más restrictivos para cobrar los subsidios –426 euros–, el número de parados que perciben ayudas públicas se reduce. Un 23,26% desde 2011. De los 4,15 millones de desempleados registrados, dos millones no cobran ninguna prestacióndos millones no cobran ninguna prestación. La cobertura de las ayudas públicas se ha desplomado estos cuatro años 13,34 puntos porcentuales. Para hacerse una idea del descenso, basta con compararlo con la reducción del paro desde 2011: el número de los desempleados que perciben ayudas públicas ha caído cuatro veces más.

Y las prestaciones que más disminuyen son las contributivas, casi un 40%, mucho más que los subsidios, que se reducen un 14,7%. Por el contrario, han crecido un 16,56% los beneficiarios de la Renta Activa de Inserción (RAI) –parados de larga duración mayores de 45 años que han agotado el resto de las prestaciones–. En total, el número de quienes cobran subsidios ha aumentado en casi 10 puntos.

Finalmente, los parados que perciben una prestación cobran cada vez menos. La devaluación de los salarios, por un lado, y los recortes en la cuantía de la ayuda contributiva aprobados en julio de 2012 por el Gobierno –a partir del séptimo mes reciben el 50% de la base reguladora, en lugar del 60%–, por otro, han obrado el cambio. El Estado se gasta ahora en cada parado 780 euros al mes, un 14% menos que en 2011. Así que en la factura mensual –1,63 millones de euros–se ahorra casi un 34% respecto a la de hace cuatro años. El número de parados, hay que recordarlo otra vez, ha bajado sólo un 6% en ese tiempo, casi seis veces menos.