La empresa pública Tragsa despide a 560 trabajadores

Tragsa ha despedido entre Fin de Año y este lunes a un total de 560 trabajadores, 260 más de los 300 cuyos contratos fueron extinguidos en 2014 en su primer intento por ejecutar el mayor Expediente de Regulación de Empleo (ERE) en una empresa pública. Una vez obtenido el aval del Tribunal Supremo –el ERE fue denunciado por los sindicatos y la Audiencia Nacional lo declaró nulo–, Tragsa no esperó a terminar el año para reanudar los despidos, que serán un máximo de 1.336 y deberán haber concluido a finales de este mes de enero.

Muchos de los trabajadores se enteraron de que habían sido despedidos la pasada Nochevieja al comprobar que su nómina incluía una cantidad inusualmente elevada. El departamento de Recursos Humanos les comunicó que se trataba de la liquidación. Ha sido este lunes, al incorporarse a sus puestos de trabajo, cuando los afectados han recibido las cartas de despido. De los 560 primeros despedidos, 260 corresponden a la filial, Tragsatec, y el resto a la matriz.

Según el sindicato CSI-F, en la matriz los elegidos por la dirección son en su mayoría “trabajadores de entre 40 y 50 años con una media de 20 en la empresa”. Según CCOO, entre los afectados se cuentan muchos mandos intermedios –coordinadores de grupo y jefes de obra–, así como mayores de 50 años, algunos incluso a sólo unos meses de la jubilación.

En Valladolid, el comité de Tragsa y algunos de los despedidos llevan encerrados en la sede de la empresa desde Nochevieja. Su comité intercentros se reunirá el próximo día 7 para adoptar medidas. La plantilla de Tragsatec se les ha adelantado y el día 12 está llamada a la huelga por el sindicato CCOO.

Según CSI-F, el grupo público no tiene un problema con el número de trabajadores, “sino con su coste”. El sindicato denuncia que la empresa pretende, aprovechándose de la reforma laboral, sustituir “trabajadores fijos por otros eventuales y precarios”. De hecho, la dirección de Tragsa anunció a los sindicatos, cuando les comunicó los despidos, que un informe de la Abogacía del Estado la autoriza a contratar trabajadores temporales al tiempo que despide, e incluso a contratar de forma eventual a los mismos empleados a quienes está despidiendo ahora.

Contratos temporales, 'enchufes' políticos

Se trata de una práctica habitual en la empresa. Sólo este año, Tragsa ha aumentado el número de sus trabajadores temporales en 1.155 personas, lo que se ha traducido en un alza del 42,2% en ese capítulo del gasto de personal. Por el contrario, ha recortado en 137 empleados su plantilla fija. Tragsa cuenta con un total de 11.497 trabajadores, de los cuales 4.330 son temporales.

El ERE tampoco le impidió contratar a tres personas vinculadas al PP: Joaquín Miguel Gonzalo Sánchez-Arjona, yerno del histórico diputado del PP Gabino Puche, como gerente en Sevilla; el exalcalde de El Escorial (Madrid) e imputado en el caso de las tarjetas black de Caja Madrid, Javier de Miguel Sánchez, a quien nombró gerente en la Comunidad de Madrid, y a Luz Reverón González, exdirectora insular de la Administración General del Estado en La Gomera. Además, en la asesoría jurídica fue empleada Carmen Morenés Allendesalazar, hija de un exsocio de bufete de Miguel Arias Cañete y Adolfo Díaz-Ambrona Medrano, primo del secretario general técnico del Ministerio de Agricultura, Adolfo Díaz-Ambrona Medrano, a su vez nieto del ministro franquista de Agricultura de igual nombre.

La publicación de que Tragsa iba a colocar como gerente de Galicia al exalcalde de Santiago e imputado por corrupción Ángel Currás terminó desbarantado el movimiento. En ese puesto estuvo antes el exalcalde de Viveiro por el PP César Aja. Durante la negociación del ERE, que terminó sin acuerdos, los sindicatos denunciaron que Tragsa se había convertido en un “cementerio de elefantes” para antiguos cargos políticos y personas vinculadas con los partidos, y que más de 200 de sus directivos cobraban más que el presidente del Gobierno.

3,5 millones de beneficio y un aumento del 41% en los ingresos

El grupo público, especializado en en trabajos medioambientales, de desarrollo rural, ingeniería y gestión de recursos naturales, espera cerrar el ejercicio con unos beneficios totales de 3,5 millones de euros, dos millones en la matriz y 1,5 millones en la filial, Tragsatec. Es decir, en una situación muy distinta de la que tenía a finales de 2013, cuando presentó el ERE que ahora ejecuta. Tragsa entró en pérdidas por primera vez en su historia ese año –27 millones de euros–. En 2014 duplicó esos números rojos –45 millones–. Pero este año volverá ya a cifras positivas, tras aumentar su volumen de negocio un 41,2% respecto a 2014. La cartera de pedidos de Tragsa –494,1 millones de euros– ha mejorado un 21,6% en el último año y la de Tragsatec –207,2 millones–, un 28,4%.

Creada en 1977 a partir de lo que entonces era el Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario (IRYDA), Tragsa tiene como principal accionista a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), con un 51% del capital, seguida del Fondo Especial de Garantía Agraria (FEGA), con un 38,9%; la Dirección General de Patrimonio con un 9,9%, y el resto del capital repartido entre las comunidades autónomas, que poseen una participación simbólica de un euro. Es un “medio instrumental” de las administraciones públicas, que son sus únicos clientes. Trabaja con ellas mediante encomiendas de gestión, un instrumento polémico porque no media licitación pública alguna. Tragsa cobra según unas tarifas prefijadas y no puede rechazar ninguno de los encargos que se le hagan.