En Comú Podem pregunta al Gobierno por los 83 contratos que la Seguridad Social troceó para adjudicarlos a dedo

La diputada de En Comú Podem Aina Vidal ha presentado una batería de preguntas en el Congreso sobre el fraccionamiento ilegal de contratos que el Tribunal de Cuentas ha descubierto en su último informe sobre la Tesorería General de la Seguridad Social. Como publicó infoLibre, este organismo troceó al menos 83 contratos sólo en 2013 para que no alcanzaran el límite legal –18.000 euros en los contratos de servicios y 50.000 euros en los de obras– y pudieran ser concedidos sin concurso. Sin darles publicidad y sin que mediara concurrencia de ofertas.

Para su informe, el Tribunal de Cuenta examinó una muestra de 587 contratos menores, de los 7.958 que la Tesorería de la Seguridad Social firmó en 2013. El 94% de los contratos que suscribe este organismo cada ejercicio son menores y, por tanto, se adjudican a dedo. Los 83 troceados equivalen al 14% de la muestra inspeccionada por el Tribunal de Cuentas. Si se extrapola ese porcentaje al volumen anual de contratos menores, la Seguridad Social puede haber fraccionado ilegalmente hasta 1.114 contratos al año. Trocear contratos es una práctica prohibida por la Ley de Contratos del Sector Público.

En los casos investigados por el Tribunal de Cuentas, los contratos fraccionados fueron firmados el mismo día, con la misma empresa y tienen todos el mismo objeto y plazo de ejecución.

Se trata de obras y servicios de mantenimiento o reparación de instalaciones, por ejemplo, que se adjudican a proveedores locales. El Tribunal de Cuentas los ha localizado en las direcciones provinciales de Badajoz, Baleares, Cádiz o Castellón, pero la campeona del fraccionamiento de contratos es Burgos, donde ha localizado 21 expedientes troceados ilegalmente.

El Imserso troceó ilegalmente 96 contratos para adjudicarlos a dedo

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Pagar dos veces la mano de obra

Así, la diputada de En Comú Podem pregunta al Gobierno no sólo si tiene conocimiento de que la Seguridad Social incurre en esta práctica ilegal y si piensa tomar alguna medida al respecto. También quiere saber Aina Vidal si el Ejecutivo sabe que la Gerencia de Informática de la Seguridad Social paga dos veces por la mano de obra en varios contratos, un coste que debería haber sido sufragado por la empresa adjudicataria. Además, pregunta al Gobierno por otro de los descubrimientos del Tribunal de Cuentas: facturas con fechas anteriores a las de los documentos donde se aprueba el gasto.

Finalmente, la diputada pregunta por qué razón la Seguridad Social no hace públicos los contratos menores, al contrario que otros organismos públicos.