ABUSOS LABORALES

Las empresas consiguen becarios eternos haciendo pasar cursos ‘on line’ por enseñanzas universitarias

Sara (nombre supuesto) terminó su grado universitario en Periodismo, pero quería seguir haciendo prácticas en la empresa donde ya había “trabajado” el último curso. Además, la empresa, uno de los principales medios de comunicación españoles, le ofrecía continuar como becaria… pese a que, según la ley, sólo podía hacerlo con esa categoría si seguía matriculada en la universidad. De hecho, fue el mismo medio el que le planteó cómo podía sortear el obstáculo legal. “Te matriculas en uno de los cursos, el más barato, de esta empresa de formación, firmamos un convenio con ella, y ya puedes continuar con nosotros en verano, dos meses más”. El curso era de cocina. 50 horas de formación on line. 129 euroson line. En realidad, sólo un manual en formato PDF y un test por internet.

La empresa, Formación sin Barreras, publicita en su página web una tarifa plana de cursostarifa plana. El alumno paga 219 euros al año, que le permiten elegir entre un catálogo de más de 130 cursos. Muchos de ellos no tienen nivel universitario. Van desde la cocina y la guitarra hasta el yoga, los programas informáticos Word o Excel, la jardinería y la atención telefónica. Su duración, desde 25 o 50 horas hasta 180, por ejemplo. “Puedes escoger cualquier curso, siempre que cubras el 25% de las horas que vas a trabajar de prácticas”, explicó una empleada de la empresa a otra estudiante universitaria interesada en prolongar su beca, según ha comprobado este periódico.

Otras empresas, como Constanza Business School, dejan claro en su web que “cualquiera” de sus programas informativos sirve para hacer prácticas en empresas. “¿Qué tengo que hacer si me han ofrecido renovar mis prácticas y no puedo hacerlo con mi universidad o escuela de negocios?”, pregunta. “No te quedes sin esa oportunidad porque tu centro no te permite renovar, y cuenta con nosotros”, responde a continuación.

El real decreto 592/2014, de 11 de julio establece que sólo quienes estén “matriculados en una enseñanza universitaria”, impartida por la universidad o por centros adscritos a ella, pueden realizar prácticas académicas externas. Pero un decreto anterior, el 1493/2011, que regula la inclusión en el Régimen General de la Seguridad Social de los becarios, los define como “participantes en programas de formación […] vinculados a estudios universitarios o de formación profesional”. “Al hablar de programas 'vinculados', el decreto deja abierto el abanico a cualquier tipo de curso”, explica David González, coordinador del Área de Prácticas de Escuela de Empresa. González se queja de la “confusión” y el “caos” que causa la “mala regulación” de las prácticas externas. “Muy pocas escuelas la cumplen”, asegura el responsable de Escuela de Empresa, que también ofrece estos cursos pero, matiza, “todos homologados”.

infoLibre se ha puesto en contacto tanto con Formación sin Barreras como con Constanza Business School y les ha preguntado por sus cursos y los convenios de cooperación educativa que firman con empresas, pero ninguna de las dos ha querido responder.

Educación se desentiende

Por su parte, el Ministerio de Educación se desentiende del posible fraude. “No tiene nada que ver con nosotros, no nos salpica”, replica un portavoz del departamento. “Si [los becarios] han terminado la carrera, ya no son estudiantes universitarios y, por tanto, no dependen de nosotros”, se limita a explicar.

Lo cierto es que son muchas las academias de formación on line que utilizan la “falta de claridad del legislador”, en palabras de David González, para hacer trampas con las empresas. Oficina Precaria, una organización que agrupa a trabajadores temporales, parados, falsos autónomos y becarios, les asesora y denuncia abusos, coincide en que existe un “limbo legal” del que se aprovechan las empresas para conseguir trabajadores a muy bajo precio. Y las academias o escuelas on line, “disfrazadas con un objetivo formativo, ofrecen cursos de dudosa calidad a cambio de firmar un convenio de prácticas con una empresa”, asegura un portavoz de Oficina Precaria. “No importa la materia que haya que estudiar. Tampoco importa demasiado el programa, la forma de evaluación o los conocimientos que se puedan adquirir”, denuncia, “lo único que interesa es que el candidato sea estudiante de alguno de estos centros y pueda ampararse así en un convenio sobre cooperación educativa”.

Precisamente este lunes Oficina Precaria y Podemos presentarán en el Congreso una proposición no de ley para acabar con los “becarios en fraude”, los que cubren el puesto de un trabajador.

El curso como coartada

infoLibre ha tenido acceso a dos convenios de cooperación educativa firmados por Constanza Business School y Escuela de Empresa. Formación sin Barreras cuelga uno de muestra en su página web. El de Escuela de Empresa precisa que, mientras duren las prácticas, los estudiantes deberán estar cursando “un programa master, curso de posgrado o formación profesional” e incluye un seguro obligatorio, pero el de Constanza ni menciona qué tipo de formación recibirán los becarios. “Constanza School ofrece la posibilidad de realizar prácticas en empresas o instituciones” es la única frase en el documento sobre la aportación académica de la escuela. En su modelo de convenio, Formación sin Barreras dice que sus cursos están “reconocidos por la Fundación Tripartita [integrada por sindicatos, patronal y Ministerio de Empleo] y certificados por la Universidad Rey Juan Carlos”.

Los convenios de cooperación educativa los firman las universidades con las empresas que contratan a los becarios. También estas academias y escuelas de negocio on line. Según consta en el convenio suscrito por Escuela de Empresa y en manos de este periódico, las prácticas tendrán por objeto “aplicar los conocimientos adquiridos por los estudiantes” en la citada escuela. No siempre es así. Lo normal es que el estudiante busque los cursos más baratos, independientemente del contenido. Las academias o escuelas de negocios utilizan esa coartada  –impartimos una formación que se pone en práctica en una empresa– para encubrir la prórroga ilegal de un contrato de becario. Al tiempo, las empresas aprovechan esa ficción para seguir empleando mano de obra muy barata.

Sueldos mínimos, cuotas bonificadas al 100%

Un becario paga una cuota mínima a la Seguridad Social: 40,81 euros al mes, de los que la empresa abona 34,72 euros y el estudiante los 6,09 euros restantes. Al menos es así desde que el Ministerio de Empleo concedió a los becarios, en agosto de 2013, el derecho a cotizar casi como cualquier otro trabajador y contribuir para sus futuras prestaciones de jubilación, invalidez, incapacidad o enfermedad común. Por el contrario, carecen de derecho a la prestación por desempleo. La decisión de Empleo vino forzada, a su vez, por una sentencia del Tribunal Supremo tras una demanda presentada por CCOO.

Sin embargo, el Ministerio de Educación se opuso desde el primer momento a que los becarios cotizaran. Argumentaba, repitiendo la tesis de las universidades, que el pago de cuotas iba a retraer a las empresas de contratar becarios. Y llegó a redactar un decreto que despojaba a los estudiantes en práctica del derecho a cotizar. La batalla entre ambos departamentos duró un año. Hasta que en agosto de 2014, cuando el Consejo de Ministros adoptó una decisión salomónica: los becarios siguen cotizando a la Seguridad Social, pero sus cuotas disfrutan de una bonificación del 100%. Es decir, desde entonces el Estado paga las cotizaciones, en lugar de las empresas.

Esa exención total, combinada con una remuneración mínima, convierte a los estudiantes en prácticas en mano de obra muy atractiva para las empresas. Sobre todo durante una etapa de crisis en la que las empresas tensionan al máximo los costes laborales. “Si la empresa en la que quieres hacer prácticas lo acepta, puedes hacer cualquier curso”, indicó la empleada de una de las academias on line citadas a la estudiante interesada. Y las empresas aceptan. En las páginas web de las tres escuelas citadas en esta información, aparecen como firmantes de convenios las principales compañías del país en todos los sectores. Desde Repsol y Seat o Prosegur hasta el grupo Planeta y el Banco Santander. 

David González reconoce que “no existe ningún control”. A su juicio, la vigilancia debería llevarla a cabo la Seguridad Social. Sólo Escuela de Empresa tiene vigentes casi 400 convenios de cooperación educativa, lo que significa que proporciona cursos a unos 400 alumnos al año, explica su coordinador de prácticas. En España más de 70.000 becarios cotizan a la Seguridad Social.

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