'Caso Baux': 75 años de prisión por reclamar un aumento de salario

Alrededor de tres años y medio de cárcel y multas cercanas a los 10.000 euros por persona. Es lo que solicitan la Fiscalía y la empresa de aluminios Baux, como acusación particular, a 21 trabajadores que serán juzgados a partir del próximo lunes en el Juzgado de lo Penal de Castellón tras una huelga en 2007 para reclamar un aumento de salario en los turnos de fin de semana. Se les imputa un delito contra los derechos de los trabajadores, tipificado en el polémico y contradictorio artículo 315 del Código Penal. Un precepto de origen franquista que todos los partidos, a excepción del PP, se han comprometido a derogar al considerarlo “una criminalización del derecho de huelga”.

El precedente más inmediato fue el proceso a los conocidos como los Ocho de Airbus. A través del mismo artículo se les acusó de un delito contra los derechos de los trabajadores, otro de atentando a la autoridad y cuatro delitos y siete faltas de lesiones por hechos sucedidos el 29 de septiembre de 2010, jornada de huelga general contra la reforma laboral aprobada por el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero. Finalmente, el pasado 17 de febrero, el Juzgado de lo Penal número 1 de Getafe los absolvió al “no quedar suficientemente probada su participación” en los delitos imputados.

“Este caso es muy parecido”, señala a infoLibre Francisco Almenar, abogado de 13 trabajadores de Baux. “No existen ni pruebas ni testigos. Los únicos que acusan son los directivos de la empresa”, denuncia al tiempo que define el procedimiento como “un ataque encubierto al derecho de huelga”. Por todo ello solicitará la absolución y la suspensión de la vista “hasta que, como mínimo, no se anule como prueba un vídeo grabado por la empresa que atenta contra el derecho a la intimidad”. Según Almenar, la compañía dirigió las cámaras de seguridad privada hacia los huelguistas. “Es algo ilegal, ya que debían de estar orientas solo hacia el recinto a custodiar”, sostiene.

Victoria sindical

La Compañía Valenciana de Aluminios Baux está entre las localidades castellonenses de Segorbe y Soneja. Es propiedad de Federico Serratosa Caturla, patrón en decadencia del sector del cemento. Según la lista de morosos desvelada por el Gobierno a fines de 2015, Federico Serratosa y sus tres hermanos deben 19 millones a Hacienda. En 2007 Baux contaba con una plantilla de 180 trabajadores: 130 fundían y producían aluminio y el resto eran directivos. El comité de empresa reclamaba desde hacía meses un aumento salarial para compensar las jornadas en sábado y domingo. En junio se rompieron las negociaciones y el 7 de ese mes los 130 obreros fueron a la huelga.

Un piquete de unos 60 se apostó a la boca del túnel de la única carretera que lleva a la fábrica. Allí acercaron ramas y palés. Una dotación de unos 40 agentes de la Guardia Civil llegó a primera hora. El presidente del comité y uno de los 21 imputados, Fernando Barroso, recuerda que todo “transcurrió con normalidad” y que la relación con los guardias “fue incluso cordial”. El sargento encargado del dispositivo señaló en el juzgado que la actitud del piquete “era la típica de un huelga: actitud insultante, aunque no agresiva”. “No recuerdo amenazas concretas”, insistió.

Al poco, las partes regresaron a la mesa y los trabajadores consiguieron su aumento salarial. Pero a los 15 días a 25 de ellos (dos ya han fallecido) les llegó una carta del juzgado. La empresa los había denunciado y los acusaba de insultar, amenazar y forcejear con empleados que sí acudieron a la oficina. También de pinchar ruedas de coches de directivos. Y de ser responsables de la fractura de una pierna de un agente de vigilancia privada que intentó saltar la barrera de palés y cayó al suelo. “Un imprudente, injustificable e inaceptable comportamiento”, se indica en el escrito de defensa, ya que la barricada se podía rodear, “como así hicieron otros tres vigilantes”, sostiene Barroso.

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Según Barroso los mismos sindicatos minimizaron el caso: “Pensábamos que solo quería amedrentar”. Pero contra todo pronóstico la causa siguió adelante. En diciembre de 2008 se emitió el auto de apertura de procedimiento abreviado con cinco días para apelar. Dos de los trabajadores recurrieron a la Audiencia de Castellón, que en octubre de 2009 les absolvió al “resultar comprensiblemente dificultoso señalar la intervención de cada uno de los trabajadores presentes (…) y el mero hecho de estar presente es insuficiente para atribuirles la participación que el precepto exige”. No obstante, diez meses antes, enero de 2009, la Fiscalía había presentado su escrito de calificación ligando el destino de los que no recurrieron a la celebración de la vista oral.

“¿Por qué esos 25 de los 60 trabajadores del piquete?”, se pregunta Almenar. Todos los denunciados son sindicalistas de la zona del Puerto de Sagunto, núcleo activo del movimiento obrero. Almenar cree que se trata de “un proceso político contra el sindicalismo organizado” y “una represión por la vía penal del derecho constitucional a la huelga”. También lo sienten así Fernando Barroso y Javier Peñalara, ambos del comité de empresa y peones durante décadas entre aluminio, cemento y gres industrial. “La gente está preocupada”, señala Peñaranda, con un hijo y otro de camino, quien percibe que la empresa “nos está crujiendo”. De hecho, una decena de los acusados han sido despedidos en los últimos años y desde 2009 se han vuelto a congelar los salarios del fin de semana.

“Juegan con el miedo, pero hay que plantarles cara”, sostiene Barroso. La vista se celebrará durante cuatro días de la próxima semana y los acusados están obligados a acudir a su puesto de trabajo al menos entre las 6.00 y las 8.00 de la mañana. Durante esas dos horas tratarán con los mismos jefes que una hora después buscarán justificar la necesidad de meterlos en la cárcel. “Actúan con soberbia y el ambiente está muy enrarecido”, manifiesta Barroso, quien ha pedido que no se organicen protestas ni concentraciones: “No es por falta de ganas, pero no queremos tensar la cuerda”. Por su parte, Almenar insiste en la estrategia de la suspensión y la dilación: “El artículo 351 es una locura y un absurdo. Esperemos que derogue en breve y decaiga esta causa”.