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Los compromisos con la UE

El Gobierno se propone renegociar con Bruselas la cifra límite de déficit pese a estar en funciones

El ministro de Hacienda en funciones, Cristóbal Montoro, en el Congreso de los Diputados.

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El Gobierno negociará con Bruselas contar con un año más para cumplir con los objetivos de déficit público, después del cierre del ejercicio 2015 en el que déficit se ha desviado 0,8 puntos de las previsiones iniciales, acabando en el 5%, según han informado a Europa Press fuentes del Ejecutivo. Una desviación que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha atribuído al gasto excesivo de las CCAA y de la Seguridad Social.

Los objetivos de estabilidad previstos por el Gobierno y aprobados por Bruselas situaban el déficit público para el presente año por debajo del 3%, en el 2,8%, y continuaba la senda de descenso en los siguientes ejercicios, con una reducción hasta el 1,4% en 2017 y al 0,3% en 2018.

Sin embargo, tras incumplir el objetivo de déficit de 2015, que estaba situado en el 4,2%, sobrepasando el gasto en más de 8.000 millones de euros, el Ejecutivo ha optado por hacer previsiones macroeconómicas "más realistas", tal y como aseguró esta misma semana el ministro de Economía y Competitividad en funciones, Luis de Guindos.

Para ello, se va a tomar como punto de partida el cierre del déficit de 2015, que se situó en el 5%, según el último cierre de cuentas que ha realizado el ministro de Hacienda, después de haber anunciado un desfase mayor que situaba el déficit en el 5,16%.

Las fuentes consultadas por Europa Press aseguran que lo que el Gobierno está considerando es proponer a Bruselas el aplazamiento de un año en el cumplimiento de los objetivos. Esto significaría que no se situará este año el déficit de las cuentas públicas por debajo del 3%, sino que este objetivo se vería aplazado al menos durante un año.

El 3% del PIB es el tope según el cual Bruselas puede aplicar sanciones por déficit excesivo, tal y como está regulado en el artículo 126 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

Precisamente la petición de un año más a Bruselas para cumplir con esa premisa está contenida en el Acuerdo para un Gobierno Reformista y de Progreso que firmaron el PSOE y CiudadanosAcuerdo para un Gobierno Reformista y de Progreso. En ese documento se planteaba aplazar al 2017 el logro de un déficit por debajo del 3%, para hacer compatible la reducción del gasto con las políticas sociales y evitar así nuevos recortes.

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El titular de Hacienda recordó hace pocos días en el Congreso que el presidente en funciones Mariano Rajoy ya había ofrecido a los grupos políticos negociar una nueva senda de flexibilización del déficit público, ofrecimiento que se mantiene, si bien deberá "acomodarse con la Comisión Europea (CE) y los socios europeos".

De hecho, si Bruselas admite la propuesta de España, se puede allanar el camino con las comunidades autónomas, que han recibido muy mal la carta que les ha remitido Cristóbal Montoro esta semana dándoles un plazo de 15 días para adoptar las medidas necesarias para acomodar sus cuentas al objetivo de déficit de este ejercicio, que para las autonomías es del 0,3%.

Esa carta suponía el inicio de la aplicación de las primeras medidas coercitivas que prevé la Ley de Estabilidad Presupuestaria y aunque el ministro les leía las dos primeras líneas del punto que les estaba aplicando, lo cierto es que el artículo que citaba el ministro, el 25.1, prevé, entre otras cosas, que el Gobierno asuma la recaudación de los impuestos cedidos, si es necesario, o la obligación de las comunidades autónomas de constituir, si se lo solicita el Ministerio de Hacienda, un depósito en el Banco de España equivalente al 0,2% de su PIB nominal, que podría llegar a convertirse en multa coercitiva si la autonomía correspondiente incumple reiteradamente los objetivos.

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