La reforma “urgente” de la formación deja dos años sin cursos a medio millón de ocupados y 270.000 parados

“La formación de los trabajadores es urgente: no tenemos ni un minuto que perder”, apremió la ministra de Empleo, Fátima Báñez en el Congreso hace ahora un año cuando la Cámara Baja discutía la convalidación como ley del real decreto-ley que reformó el sistema de Formación para el Empleo. El fraude en los cursos de formación para trabajadores y otras “debilidades” del modelo empujaron al Gobierno a aprobar la reforma en marzo de 2015 con un decreto urgente y sin el acuerdo de patronal y sindicatos. Se convirtió en ley en septiembre. De acuerdo con los plazos incluidos en la propia norma, el Ejecutivo debería haber elaborado el reglamento que desarrollara la reforma en seis meses. No lo ha hecho.

Paradójicamente, la reforma urgente ha paralizado el sistema. En 2015 no hubo convocatoria de los planes de formación y este año lleva tal retraso que, aun aprobándose hoy, los cursos no podrán empezar a impartirse hasta final de año. Es decir, se han quedado sin formación medio millón de ocupados y 270.000 desempleados, repitiendo las últimas cifras de participación publicadas por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), correspondientes a 2013. En total, el sistema debería atender las necesidades formativas de más de cuatro millones de personas –la mayoría, 3,2 millones de trabajadores, participan en cursos a través de sus empresas–.

Traducido el retraso en euros, permanecen bloqueados unos 350 millones entre los dos ejercicios, según las cifras facilitadas a infoLibre por CCOO y UGT. Un dinero que necesitan como el oxígeno las empresas privadas de formación. Sus representantes ya han advertido de que peligran los empleos de 150.000 profesores.

El Ministerio de Empleo atribuye la falta de convocatoria de subvenciones al “retraso de los interlocutores sociales en adaptar el patronato de la Fundación Tripartita [para la Formación en el Empleo] a la Ley de Fundaciones”. Es ese patronato el que debe aprobar el plan, explica un portavoz. La reforma ha convertido esta fundación, integrada por sindicatos, patronal y la Administración, en una fundación estatal, a la que se han incorporado las 17 comunidades autónomas. La mayoría del patronato la tiene ahora la Administración y su presidente ha pasado a ser el secretario de Estado de Empleo, Juan Pablo Riesgo.

Un portavoz de la fundación, por su parte, asegura que el retraso se debe precisamente a la dificultad de incorporar a las 17 comunidades autónomas, “ha habido que darles tiempo para que aceptaran y designaran representantes”. Pero también apunta hacia el SEPE, que no ha convocado hasta ahora al patronato.

La primera reunión técnica sobre la convocatoria de ayudas se celebró el pasado jueves. Una segunda está prevista para el próximo miércoles. Y la reunión en que se estrenará el patronato con su nueva composición está programada para el día 12 de este mes. Pero ni siquiera esa fecha es seguro que se apruebe el plan de subvenciones, advierte Sebastián Pacheco, secretario de Formación de UGT. “Sólo hemos discutido la primera parte de la convocatoria, así que, a este ritmo, vamos a ir apretados de tiempo [para llegar al día 12]”, explica.

Sin reglamento un año después

Para CCOO y UGT, el responsable de la parálisis del sistema estos dos últimos años no es otro que el Gobierno. El Ministerio de Empleo fue “incapaz” de presentar antes de las elecciones del 20 de diciembre el proyecto de reglamento que debe desarrollar la ley. Lo aprobó el Consejo de Estado, tal y como exige la norma, pero “por un día no llegó al Consejo de Ministros a tiempo”, se lamenta Francisco Moreno, adjunto a la Secretaría de Formación de CCOO. Y el plazo de seis meses que se impuso a sí mismo en la propia ley venció el pasado 19 de marzo.

Tres días más tarde, el PP presentó una Proposición no de Ley (PNL) en la que buscaba el aval del Congreso para “darle prioridad a los desarrollos reglamentarios necesarios” con los que hacer “plenamente operativa” la reforma de la formación para el empleo. La PNL no ha llegado a votarse siquiera. La tarea quedará, por tanto, para el próximo Gobierno, puesto que el del PP se ha escudado en el hecho de estar en funciones para no aprobar el reglamento de esa ley “urgente”.

Moreno, además, apunta a la existencia de discrepancias entre los ministerios de Empleo y Economía, renuente este último a liberar cada euro público, para explicar la inacción final del Gobierno.

Sin el reglamento, surgen “problemas de interpretación” de la ley, destaca por su parte Sebastián Pacheco, que impiden la puesta en marcha del nuevo sistema. Por ejemplo, detalla el dirigente de UGT, algunas comunidades autónomas reclaman las competencias en materia de formación sectorial, que hasta ahora está en manos del ministerio. Los sindicatos, además, insisten en que los fondos que no se gastan cada ejercicio deben acumularse para la siguiente convocatoria, en lugar de destinarse a “tapar agujeros en otros sitios” como sucede ahora. “La formación para el empleo se financia con la cuota que pagan empresas y trabajadores, el 0,7%; es por tanto una cuota finalista que debe destinarse sólo a los cursos”, recalca Pacheco. Ésa fue una de las recomendaciones que hizo el Tribunal de Cuentas en su último informe sobre las subvenciones del SEPE. Sin embargo, la ley sólo permite reanualizar el 9% del remanente de cada ejercicio.

Sólo de cinco de cada 100 parados se forman

Los Presupuestos del Estado para este año destinan un total de 2.049 millones de euros a la Formación en el Empleo. De esa cantidad, 1.012,9 millones se dedican a los cursos para ocupados y 785,2 millones a los cursos para desempleados.

“Un país con 4,7 millones de parados no se puede permitir desaprovechar una herramienta fundamental como es la formación para cualificar a sus trabajadores”, protesta Sebastián Pacheco. Porque entre el 20% y el 40% de los participantes en estos programas de formación para ocupados pueden ser desempleados. Y de hecho lo son. Según la última evaluación de la calidad y eficacia del sistema llevado a cabo por el SEPE (2013), resulta que la mitad de los parados recibieron ese año formación a través de estas convocatorias para ocupados, “en vez de a través de la iniciativa que les es propia y que gestionan las comunidades autónomas”, denuncia CCOO. A su juicio, se trata de un “despilfarro”. Aun así, sólo cinco de cada 100 desempleados realizaron un curso de formación en 2013.

El sindicato culpa de ello a las comunidades autónomas. “De media, han aplicado sólo un 60% de los recursos transferidos [por el Estado] para la formación de ocupados y un 35% de los destinados a mejorar las oportunidades de empleo de los parados”. Francisco Moreno recuerda que el reparto de fondos de las políticas activas de empleo –los cursos de formación para parados– entre las comunidades autónomas también se ha aprobado con retraso, el pasado día 18: 1.671,7 millones de euros.

Tampoco se ha librado de las ineficacias del sistema la formación que imparten directamente las empresas. Se lleva el 62% del presupuesto. Pero el número de empresas que imparten cursos cada vez es menor debido a la incertidumbre y a las dudas sobre conceptos legales, asegura UGT. Su responsable de Formación advierte de que, al limitar al 60% de la subvención la cantidad que paga el SEPE a las empresas pero obligarlas a justificar el 100%, se hace caer la financiación del sistema sobre ellas. Y esa carga es especialmente insoportable para las pymes. “Ningún banco te da un crédito puente para cubrir ese 40% por un tiempo indeterminado”, protesta. Así, según los datos de la Fundación Tripartita, el número de empresas que imparten formación ha caído un 28% el último año.

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Los sindicatos, molestos

Molestos por las alusiones al fraude de los cursos de formación como justificación de las urgencias del Gobierno por reformar el sistema, los sindicatos replican con el informe de evaluación de los cursos que el propio SEPE ha elaborado. Pacheco dice que éste sólo halló entre un 2% y un 3% de actuaciones fraudulentas, cuando “hasta un 5% es lo habitual en todos los sistemas subvencionados de la Unión Europea”. De esa urgencia ha surgido “un modelo precipitado”, zanja.

Un modelo del que se ha excluido a sindicatos y patronal para la gestión de los fondos y la impartición de los cursos, en favor de las empresas privadas de formación en régimen de “libre concurrencia”. CCOO advierte de un problema: estas empresas “se acreditan en las especialidades formativas más rentables, las que requieren menos inversión en instalaciones, medios y profesorado”. De forma que la oferta de cursos se concentra en el sector servicios, en detrimento de la industria o la agricultura. “Sólo ocho de las 26 familias profesionales”, denuncia, “tienen al menos un centro para todos sus certificados y sólo cuatro cuentan con una oferta suficiente de centros en todas las comunidades autónomas para todos sus certificados profesionales”.