Lo que cuesta un ERE: el grupo público Tragsa se gastó 23 millones en despedir a 555 trabajadores

La empresa pública Tragsa se ha gastado 22,67 millones de euros en el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) con el que despidió a 555 trabajadores el pasado mes de enero. Con la medida ha ahorrado 5,52 millones de euros en gastos de personal fijo. A marzo de este año, una vez ejecutados los despidos, esa partida se ha reducido en un 7,6% respecto al año anterior. Al tiempo, ha aumentado un 8,5% los del personal temporal.

Según los datos que ha facilitado la propia empresa a los sindicatos, los despidos en Tragsa le han costado 16 millones de euros y 6,67 millones en la filial. Del coste total en la matriz, 7,7 millones se destinaron a pagar las indemnizaciones de los 307 trabajadores que despidió a razón de 20 días por año trabajado, el límite legal. A otros 7,1 millones ascendió la aportación que el grupo público debió hacer al Tesoro por las cotizaciones y prestaciones de los despedidos que superaban los 50 años, tal y como establece la denominada Enmienda Telefónica. Hay que recordar que buena parte de los afectados por el ERE de Tragsa eran trabajadores mayores de 50 años, con más de 20 de antigüedad en la empresa y algunos a sólo unos meses de la jubilación, según denunciaron los sindicatos.

En la filial, con una plantilla más joven, el grupo público tuvo que pagar mucho menos: 1,627 millones de euros. En abonar las indemnizaciones de los 248 empleados que despidió, Tragsatec se gastó 4,5 millones de euros.

El resto de la factura se desglosa en 1,319 millones para cubrir el convenio especial con la Seguridad Social de los trabajadores mayores de 55 años de filial y matriz, por el que la empresa paga sus cotizaciones hasta que cumplen los 61, y 224.000 euros de los planes de recolocación para ambas.

Previsión de pérdidas acumuladas hasta 2019

Cuando Tragsa presentó en junio de 2015 un plan de viabilidadplan de viabilidad hasta 2019, cifró en 102,1 millones de euros el ahorro en gastos de personal que pretendía conseguir con 358 despidos y diferentes medidas de recorte salarial por importe de 80,3 millones. Del total de ajuste en gatos de personal, 62,1 millones de euros correspondían a la matriz y otros 40 en la filial. La cifra equivalía a las pérdidas previstas por el grupo en esos cinco años.

Hasta el momento, las cuentas del grupo han mejorado esa previsión de números rojos: su cifra de negocio creció en 2015 un 43%, alcanzando los 885,27 millones de euros. Tragsa facturó ese año casi un 16% por encima de lo presupuestado y un 21% más que en 2012, el último ejercicio que cerró con beneficios –14,66 millones–. Aun así, en 2015 perdió 21,7 millones de euros, no obstante un 29% menos que el año anterior y 1,5 millones menos de los calculados en el plan de viabilidad.

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Pese a que la legalidad del ERE fue ratificada por el Tribunal Supremo el pasado noviembre y los despidos concluidos, la herida está lejos de cerrarse. Tragsa debe hacer frente ahora a más de 200 demandas individuales interpuestas por los trabajadores a los que comenzó a despedir la pasada Nochevieja. Ha sido un proceso muy largo: la empresa presentó el ERE en octubre de 2013, con una cifra de despedidos, 1.636, que lo convertía en el mayor jamás acometido por una empresa públicael mayor jamás acometido por una empresa pública. Los sindicatos lo denunciaron ante la Audiencia Nacional y ésta lo anuló en 2014, forzando la reincorporación de 300 trabajadores, que fueron de nuevo despedidos el pasado enero.

Al tiempo que batallaba en los tribunales para despedir al 12% de su plantilla y recortar los gastos de personal, Tragsa disparaba las partidas destinadas a contratar empleados temporales: un 37,6% en 2015. También aumentó un 71,6% el gasto en subcontrataciones para hacer frente al alza de su cartera de pedidos. El número de trabajadores eventuales creció en 2015 en el grupo público un 35,7%. Y en 2016, nada más ejecutar los despidos, Tragsa inundó infoJobs de ofertas de trabajo temporal para cubrir los mismos puestos que acaban de quedar vacantes, denunciaron los sindicatos.