Los fabricantes de trenes
Siemens, Talgo, Alstom, Bombardier y CAF retoman esta semana la puja por el contrato de suministro a Renfe de
treinta trenes de Alta Velocidad y su posterior mantenimiento durante
cuarenta años, un pedido valorado en
2.600 millones de euros, según informaron a Europa Press en fuentes de las empresas.
Bombardier se suma así a la nueva puja que Renfe tuvo que abrir como consecuencia del recurso que esta compañía canadiense presentó contra los pliegos originales del concurso ante el
Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales (TARC).
En su resolición, este organismo instó a la compañía ferroviaria pública a
suprimir de las condiciones del contrato el punto que favorecía la fabricación del pedido en España y, por lo tanto, a volver a sacarlo a concurso.
De esta forma, los fabricantes de trenes que ya el pasado 17 de mayo presentaron sus ofertas a Renfe en el marco de concurso original, el licitado en
diciembre de 2015, volverán a concurrir ahora al promovido en junio.
Todos ellos, además de con Bombardier, que se suma ahora a la competición tras no concurrir a la primera, presentan este viernes, 29 de julio, a la compañía pública que preside Pablo Vázquez las propuestas con las que pretenden convertirse en
el suministrador de la próxima generación del tren AVE español.
El contrato no sólo supone el suministro de un
macropedido de treinta nuevos trenes de alta velocidad, sino que además
garantiza una cartera de negocio para cuarenta años, el del posterior mantenimiento de los vehículos durante toda su vida útil.
Renfe busca un tren de
gran capacidad, esto es, que pueda transportar a un mínimo de
400 viajeros, y que además circule a una velocidad de
hasta 320 kilómetros por hora.
Con este
macropedido de nuevos AVE, que la operadora ferroviaria pública adjudicará
a un sólo fabricante, la empresa pretende modernizar su parque de trenes y prepararlo para el paulatino aumento de la red de AVE y de la demanda de viajeros.
A pesar de su repetición, el concurso afronta
la misma incertidumbre que en su primera edición, la de celebrarse en un contexto con
un Gobierno en funciones y pendiente de la formación de un nuevo Ejecutivo, factores que arrojan incertidumbre sobre el efecto que puede tener en la resolución del contrato.