Empleo valida las subvenciones anuladas por la Audiencia Nacional con una fórmula que no satisface a patronal y sindicatos

El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) ha presentado a la patronal y los sindicatos el presupuesto de las subvenciones a la formación para ocupados concedidas en 2014, 2015 y 2016. Y lo ha hecho en el pleno del Consejo General del Sistema Nacional de Empleo que se reunió este jueves. Con ese trámite el SEPE da por subsanado el “error” que propició la anulación de la convocatoria de subvenciones de 2014 tras ser recurrida ante la Audiencia Nacional por tres organizaciones empresariales: Confemetal y las patronales de la hostelería (FEHR) y la Asistencia a la Dependencia (FED).

El tribunal anuló también, por el mismo motivo, la convocatoria de subvenciones para cursos de mejora de la empleabilidad para menores de 30 años. Y con toda probabilidad fallará en el mismo sentido sobre las ayudas para formar a trabajadores ocupados de 2016. Tres programas de ayudas públicas que han quedado en el limbo por la guerra que libran la patronal y los sindicatos con el Ministerio de Empleo a cuenta del sistema de formación.

La reunión de este jueves no ha rebajado el conflicto. De hecho, CEOE, UGT y CCOO pidieron que se suspendiera el pleno del Consejo General. No lo consideran el órgano competente para abordar la distribución presupuestaria de la formación para el empleo. En su lugar, alegan, debería haberse convocado la Comisión Estatal de Formación para el Empleo, que hasta la reforma del sistema era el órgano de participación de los agentes sociales.

El SEPE no aceptó el requerimiento de patronal y sindicatos. Y les entregó la distribución de los presupuestos de los tres últimos años. “Así consideramos que se ha quedado subsanado el trámite de información del que hablaba la sentencia de la Audiencia Nacional”, explican fuentes del ministerio. Sindicatos y patronal, por el contrario, insisten en que ni el Consejo General del Sistema Nacional de Empleo es el órgano competente ni la mera presentación de “unos folios” con el presupuesto es “suficiente” para cumplir la sentencia y la ley. “Los agentes sociales deben emitir un informe una vez conocidos los datos”, recalca Juan Carlos Tejeda, portavoz de la CEOE, quien se queja de que el SEPE se apoye en “un informe de la Abogacía del Estado que nadie conoce” para reducir el trámite al mínimo. “Queremos ser lo más ágiles posible”, aduce por su parte el portavoz de Empleo.

Las patronales dicen no

“El SEPE se cierra en banda y corre el riesgo de que la Audiencia Nacional diga que no ha cumplido la ejecución de la sentencia”, advierte Francisco Moreno, adjunto a la Secretaría Confederal de Formación de CCOO. “Es incompresible la cerrazón del ministerio”, añade, “que incumple lo legalmente establecido: el órgano competente es la Comisión Estatal de Formación para el Empleo, y no otro”. En el mismo sentido se ha pronunciado UGT: “Hace falta el informe”, protesta un portavoz del sindicato, “insatisfecho” con la solución que ha planteado el ministerio.

El SEPE debe ahora notificar a la Audiencia Nacional cómo ha solventado el trámite, pero las tres patronales que recurrieron la convocatorias anuladas de 2014 –la de 2016 fue denunciada también por UGT y CCOO– ya han anunciado que no consideran adecuada la fórmula empleada, apunta Juan Carlos Tejeda. Por tanto, van a pedir al tribunal que exija a Empleo la ejecución de la sentencia.

Mientras la Audiencia Nacional no responda, el tercer pago de las subvenciones de 2014, unos 35 millones de euros del total de 139 millones concedidos, seguirá bloqueado. La convocatoria de 2016, recurrida y pendiente de sentencia, asciende a 250 millones. La de 2014 para menores de 30 años tiene un presupuesto de 41,33 millones de euros, la mitad de ellos aportados por el Fondo Social Europeo. Los principales perjudicados de la paralización del tercer plazo son las empresas de formación, que ya antes acumulaban considerables retrasos e incluso impagos a sus docentes, la mayoría de ellos autónomos.

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Un informe preceptivo y vinculante

La Audiencia Nacional anuló las dos convocatorias de subvenciones a la formación porque el SEPE no sometió su propuesta de distribución del presupuesto a la Comisión Estatal de Formación para el Empleo, donde además de las administraciones públicas se sientan las organizaciones empresariales y los sindicatos. Ese órgano debería haber emitido un informe que los jueces consideran preceptivo y vinculante. La sentencia reprocha al SEPE que “confunda” el hecho de haber “consultado” a los agentes sociales con el de emitir un informe obligatorio.

Los recursos son un capítulo más del enfrentamiento que mantienen los agentes sociales con el ministerio después de que éste los excluyera del control y la gestión del sistema. A juicio de Empleo, sindicatos y patronal no pueden ser “juez y parte” en la concesión de subvenciones. Su exclusión, justifica, es una decisión del Gobierno que no va a cambiar.