Tres patronales piden que se multe a la cúpula del SEPE por incumplir una sentencia sobre ayudas a la formación

Confemetal y las patronales de la hostelería (FEHR) y la dependencia (FED) han solicitado al Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo número 4 la ejecución forzosa de la sentencia de la Audiencia Nacional que anuló la convocatoria de subvenciones para los cursos de formación profesional de 2014. También piden que se impongan multas coercitivas “de carácter personal” a los responsables del incumplimiento de la sentencia, el Servicio de Empleo Público Estatal (SEPE), el antiguo Inem. En concreto, apuntan hacia su directora general, Reyes Zatarain del Valle.

En el escrito que las tres patronales presentaron en el juzgado el pasado día 22, tachan de “farsa de subsanación” y “burda maniobra” la fórmula empleada por el SEPE para intentar dar cumplimiento a la citada sentencia. La Audiencia Nacional anuló la convocatoria de subvenciones de 2014 porque el SEPE la había aprobado omitiendo un trámite que el tribunal considera preceptivo: someter el presupuesto al informe de la patronal y los sindicatos, representados en la Comisión Estatal de Formación para el Empleo. La sentencia ofrecía al ministerio la posibilidad de subsanar el error para dar validez a una convocatoria cuyos 139 millones de euros están ya casi todos repartidos. Pero la manera de hacerlo no ha satisfecho ni a la CEOE ni a los sindicatos UGT y CCOO.

Según explican las tres patronales en su duro escrito al juez, para reparar el defecto el SEPE convocó a un órgano que no es competente, el pleno del Consejo General del Sistema Nacional de Empleo. Pese a que en él también se sientan los agentes sociales, “los expertos designados por las patronales y los sindicatos en el pleno del Consejo y en la Comisión Estatal de Formación para el Empleo [el organismo especializado] no son los mismos”, aseguran.

Además, la convocatoria incumplió los plazos legales previstos y no respetó los cinco días de margen establecidos. El SEPE tampoco entregó a sindicatos y patronal la documentación sobre los presupuestos de las subvenciones, destacan los demandantes. Finalmente, la propuesta que presentó en el pleno del consejo correspondía no sólo a la convocatoria anulada de 2014, sino también a las de 2015 y 2016. Esta última, 250 millones de euros, ha sido igualmente recurrida ante la Audiencia Nacional, no sólo por las tres patronales citadas –como la de 2014– sino también por CCOO y UGT. Pero Confemetal y los empresarios de hostelería y dependencia denuncian en su escrito que esas propuestas de distribución presupuestaria no estaban actualizadas. “Eran las meras distribuciones anuales inicialmente previstas”, detallan en su escrito, “pero carecían de referencia alguna a la aplicación dada, o que se pretendía dar, a los remanentes no gastados de ejercicios anteriores y las partidas que no se habían gastado realmente en un mismo ejercicio”.

Es lo que ocurre, por ejemplo, con las subvenciones consignadas para Ceuta y Melilla, 5,41 millones de euros en 2014 y 2015, y 5,57 millones en 2016. Esta convocatoria está presupuestada pero no se ha publicado, indican las patronales, porque ha resultado afectada por el cierre presupuestario decretado por el Gobierno el pasado mes de julio. Los empresarios se quejan de que la propuesta entregada por el SEPE no contiene indicación alguna del uso que se va a dar a esos fondos. De ahí que requieran al organismo público una “propuesta real, con datos financieros reales”.

A vueltas con el destino final de los fondos

Una de las reivindicaciones tradicionales de la CEOE se refiere al carácter finalista de la cuota de Formación Profesional que trabajadores y empresas pagan cada mes. Es un 0,7% de las nóminas y la patronal critica que estos fondos se destinen no sólo a formar ocupados sino también desempleados. Así, en su escrito al juzgado, las tres patronales resaltan que la omisión del informe preceptivo sobre la distribución de las partidas no obedece a un “error puntual de tramitación como alega el SEPE, sino a un propósito consciente y contumaz de ocultación año tras año a los agentes sociales del uso real de los fondos”.

En esta misma dirección apuntan los empresarios cuando recuerdan que la Defensora del Pueblo ha solicitado a la Secretaría de Estado de Empleo que aclare cuál es el destino de los fondos procedentes de la cuota de Formación Profesional: si se han gastado al 100% y, si no, adónde han ido a parar las cantidades no gastadas.

Sindicatos y patronal pidieron la suspensión del pleno del Consejo General, pero no lo consiguieron. Se celebró el pasado día 10. El SEPE les entregó entonces la distribución de las partidas y dio por cumplido el trámite. Los agentes sociales seguían exigiendo que se les dejara emitir un informe tras examinar el presupuesto. Ahora las patronales han vuelto a acudir a la Audiencia Nacional para reclamar que se les entregue la propuesta de distribución actualizada, con datos reales y se les permita emitir el correspondiente informe.

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Pese a que el SEPE considera así subsanado el “error”, aún no ha liberado el último plazo de las subvenciones de 2014, unos 35 millones de euros, que dejó bloqueados cuando la Audiencia Nacional anuló la convocatoria. El mismo tribunal también ha dejado en suspenso, y por idéntico motivo, las subvenciones para formar a jóvenes menores de 30 años, una partida de 41,33 millones.

El pasado 18 de noviembre, el SEPE ya había preguntado al Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo número 4 si considera que ha ejecutado debidamente la sentencia presentando el presupuesto de las subvenciones de 2014 ante el pleno del Consejo General del Sistema Nacional de Empleo, en lugar de a la Comisión Estatal de Formación para el Empleo como piden sindicatos y patronal. Será por tanto la titular de este juzgado, Yolanda de la Fuente Guerrero, quien deberá contestar tanto al SEPE como a las patronales.

La batalla judicial es el reflejo del enfrentamiento que mantienen la patronal y los sindicatos con el Ministerio de Empleo a cuenta de la reforma de los cursos de formación. Los agentes sociales se quejan de que se les ha excluido del sistema y privado de su derecho de participación a través de la Fundación Tripartita, ahora rebautizada como Fundación Estatal para la Formación en el Empleo. El ministerio, por su parte, repite que sindicatos y patronal no pueden ser “juez y parte” en la concesión de subvenciones y que no va a devolverles el control y la gestión de las ayudas.