Pacto PP-PSOE sobre pobreza energética: qué soluciona y qué queda pendiente

Las conversaciones entre las fuerzas parlamentarias para la reforma del bono social eléctrico –una reducción del 25% en el recibo de la luz para determinados colectivos, pero no ligado a la renta– empiezan a dar sus primeros resultados. El PSOE apoyará el nuevo sistema de financiación de este descuento propuesto por el PP a cambio de que los conservadores accedan a incluir en la Ley del Sector Eléctrico la prohibición de los cortes de luz a los hogares más vulnerables, según adelantó la Cadena Ser. 

Las eléctricas que copan gran parte del mercado minorista español –Endesa, Gas Natural Fenosa, Iberdrola y EDP– han llevado a cabo más de 7,3 millones de cortes de suministro en hogares por no abonar las facturas entre 2009 y 2015. En el 13% de los casos ese corte de luz se prolongó durante más de un mes. Estos números contrastan con los millonarios beneficios netos de estas compañías que, en conjunto, alcanzaron 46.926 millones de euros en ese mismo período.

Al mismo tiempo, los datos oficiales constatan el fracaso del bono social eléctrico, una de las principales medidas puestas en marcha durante la crisis para atajar el problema de la pobreza energética. Más de 550.000 hogares han perdido el derecho a tener este descuento. En 2009, cuando se puso en marcha el bono social, había 3.004.607 beneficiarios; en 2015, tras siete años de crisis, el descuento se aplicaba a 2.440.965 hogares, una bajada del 18,8%. Las comercializadoras aseguran que gran parte del descenso se debe a la "depuración de fraudes", aunque admiten que el modelo no ha funcionado. 

Precisamente para este miércoles la plataforma #NoMásCortesDeLuz, formada por más de 25 organizaciones sociales, ciudadanas, ecologistas, vecinales, de consumidores, sindicatos y partidos políticos, ha convocado movilizaciones en todo el país. El objetivo es visibilizar la realidad de la pobreza energética y exigir respuestas "inmediatas y viables" a este problema. [Consultar el listado completo de movilizaciones, aquí]

Financiación 

El ministro de Energía, Álvaro Nadal, ha reiterado en comparecencias recientes la necesidad de dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal Supremo que, hace poco más de un mes, anuló el sistema de financiación del bono social. Hasta ese momento contribuían a costearlo únicamente las ocho comercializadoras que son también distribuidoras: Iberdrola, Endesa, Gas Natural Fenosa, EDP, Viesgo, CHC, Teramelcor y Empresa de Alumbrado Eléctrico de Ceuta. Las comercializadoras llamadas independientes (Factor Energí­a, Som Energia...) quedaban fuera de este reparto por no ser a su vez distribuidoras de energía. 

Según fuentes conocedoras de la negociación consultadas por infoLibre lo que previsiblemente se aprobará ahora a través de un real decreto es que este descuento –que en 2015 costó 188 millones– sea sufragado por todas las comercializadoras de electricidad, es decir, todas las que están disponibles para que los clientes puedan contratar su suministro eléctrico, sean o no a su vez distribuidoras. 

El PSOE y Unidos Podemos pretendían que el coste se repartiera entre todas las empresas que participan en el mercado –generadoras, transportistas, distribuidoras y comercializadoras– lo que también habría obligado a contribuir a Red Eléctrica, Acciona o Abengoa. Pero los socialistas han cedido finalmente a cambio de que el PP acepte su propuesta de tregua para los cortes de luz a las familias vulnerables. 

El Gobierno era reticente a incluir las limitaciones a los cortes de suministro en la Ley del Sector Eléctrico al considerar que esta es una cuestión de política social. A falta de que este miércoles se cierren los últimos flecos en una reunión que mantendrán en el Congreso el ministro Nadal y representantes del PSOE todo apunta a que ese real decreto incluirá la prohibición del corte de suministro a los hogares para los que los servicios sociales hayan acreditado una situación "severa" de vulnerabilidad. La propuesta es también que el coste de esta medida sea asumido al 50% entre las administraciones encargadas de definir la situación de vulnerabilidad de estas personas y las comercializadoras.

Consultados por infoLibre, los portavoces de dos de las principales empresas del sector –Endesa e Iberdrola– prefieren no valorar estas reformas hasta que el texto sea aprobado por el Consejo de Ministros y sea llevado al Congreso para su aprobación. En cualquier caso, las compañías del sector han venido defendiendo que este tipo de mecanismos sean sufragados mayoritariamente por los Presupuestos Generales del Estado. No obstante, Endesa hizo una propuesta hace unos meses en la que abría la puerta a que su coste fuera trasladado también en parte a las facturas de todos los consumidores mediante los peajes de acceso. 

Beneficiarios

En cualquier caso, las citadas medidas son sólo un primer paso en la necesaria reformulación del bono social eléctrico. Por ejemplo, está pendiente desde su puesta en marcha en 2009 el desarrollo reglamentario que defina de forma concreta qué es un consumidor vulnerable, figura para la que se estaba pensada este descuento. A falta de ese desarrollo los perfiles o supuestos que dan acceso a esta bonificación son los siguientes: hogares con una potencia contratada inferior a 3 kilovatios (kW), pensionistas con prestaciones mínimas, familias numerosas y aquellas con todos sus miembros en paro.

Las entidades sociales vienen quejándose desde su aprobación de que los cuatro supuestos no reflejan en todos los casos a los hogares en situación de vulnerabilidad. De hecho, durante los años de la crisis, más de 550.000 hogares han perdido el derecho a tener este descuento. Las comercializadoras aseguran que gran parte del descenso se debe a la "depuración de fraudes", aunque admiten que el modelo no ha funcionado. 

Quizás las cifras más llamativas y las que evidencian de forma más clara el fracaso de una de las pocas medidas disponibles para paliar la pobreza energética es el escaso número de hogares con todos sus miembros en paro que se benefician de este descuento. En 2015 eran un total de 70.994. Esta cifra contrasta con las los datos de la Encuesta de Población Activa del cuarto trimestre de ese año que publica el INE. Según el organismo estadístico del Estado, en ese momento había en España 1.556.600 hogares con todos sus miembros en paro, por lo que la rebaja apenas estaría llegando al 4,6% de esas familias.

Al mismo tiempo, los datos oficiales también constatan que durante la crisis ha aumentado un 208,9% el número de familias numerosas que se benefician de esta rebaja, que ha pasado de 64.832 en 2009 a 200.295 en 2015. Este supuesto también ha sido criticado por las entidades sociales, pues al no incluir un criterio de renta puede beneficiar a hogares no vulnerables. El pasado 13 de diciembre el ministro Álvaro Nadal se mostró abierto a negociar estas cuestiones. "Hay que discutir entre todos nosotros cómo queremos que sea el bono social, cuál es su definición y a quién afecta", señaló en sede parlamentaria [consultar intervención, aquí]. 

Entidades como la Asociación de Ciencias Ambientales (ACA) proponen la ampliación del bono social a otros consumos energéticos (gas natural o gas licuado), que se aplique indistintamente tanto a consumidores del mercado libre como del regulado, o que se tenga en cuenta a las familias monoparentales. Respecto a la renta, tanto la ACA como la Alianza contra la Pobreza Energética defienden un modelo progresivo con distintos porcentajes de rebaja en función de la renta, así como que se incluyan factores de compensación por hijos o personas dependientes.

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Reivindicaciones 

En relación a los cortes de suministro, la plataforma convocante de las movilizaciones de este miércoles defiende la prohibición legal de todos los cortes de luz a familias "con problemas económicos" y que el coste de esta medida sea asumido íntegramente por las compañías eléctricas, lo que difiere con lo que previsiblemente se va a aprobar en el Congreso. Respecto al bono social proponen la sustitución de este mecanismo por una tarifa "de reducida cuantía" dirigida a las familias con bajos niveles de renta y que esté "sufragada por las eléctricas". 

Asimismo, propone el "fin a los abusos tarifarios" a través de la aprobación de una "tarifa asequible", regulada por el Gobierno, a la que podrán acogerse "todos los consumidores domésticos en su primera residencia". Los colectivos defienden también que se debería hacer una auditoría de los costes del sistema desde que se puso en marcha la liberalización del sector, con el objetivo de determinar el precio real de las tarifas eléctricas; así como la aplicación del tipo de IVA superreducido a la electricidad, pasando del 21% actual al 4% por ser considerado "un servicio esencial para la ciudadanía".