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Hipotecas

Adicae pide prudencia: el prestatario no queda exento del pago de todos los gastos hipotecarios

  • La sentencia del Tribunal Supremo de diciembre de 2015 declara nula la cláusula que obliga al prestatario a cubrir todos los gastos de constitución de la hipoteca, pero no concreta cuáles de esos gastos son competencia exclusiva del banco
  • ADICAE pide que se consolide la doctrina para que las sentencias de los juzgados menores no sean contradictorias

Publicada 09/01/2017 a las 12:44 Actualizada 09/01/2017 a las 14:19    
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Manuel Pardos, presidente de la Aociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (ADICAE).

Manuel Pardos, presidente de la Aociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (ADICAE).

Los últimos años, y los últimos meses, han sido agitados para la banca en España. Desde el 2013 el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha ido dando varapalos a la banca española en materia de hipotecas, el más reciente el que se produjo a finales del pasado diciembre sobre las cláusulas suelo. La sentencia del TJUE dictaminó que los bancos debían devolver todo el dinero cobrado de más a los afectados.

En diciembre de 2015, el Tribunal Supremo declaró nulas las cláusulas referentes a los gastos de constitución de la hipoteca (comisión de apertura, tasación, gastos de formalización, de notaría, honorarios de gestoría y los impuestos sobre actos jurídicos documentados), alegando que los gastos hipotecarios no pueden cargarse todos al usuario consumidor. No obstante, la sentencia no aclara cuáles gastos son a los que debe hacer frente la banca, por lo que las contradicciones entre la sentencia del TS y las posteriores de juzgados de primera instancia están servidas.

Ante estas circunstancias y la “euforia difundida por los medios” por la sentencia del TJUE sobre las cláusulas suelo, la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros ha querido hacer “una llamada a la prudencia” para “no crear falsas esperanzas” en los consumidores.

Aunque efectivamente, el TS reconoce como abusiva esa cláusula al imponerse el pago sin que haya una negociación entre la entidad bancaria y el consumidor, la sentencia no especifica los gastos a los que debería hacer frente cada una de las partes por lo que el prestatario no quedaría exento de pago.

En ese sentido, las sentencias de juzgados menores solo arrojan consenso sobre dos pagos a lo que hasta ahora se enfrentaban los consumidores: notaría y registro; y gestoría. El pago de dichos gastos corresponde a la banca.

Más controvertido es el pago de los impuestos sobre actos jurídicos documentados, que algunos juzgados han señalado como pago del que debe hacerse cargo el banco, pero sobre el que no hay un consenso.

Por ello, Adicae ha pedido al Gobierno que “legisle para frenar el abuso de los bancos” y consolidar la doctrina; y anima a los consumidores con cláusulas abusivas a que se unan a las acciones extrajudiciales colectivas. A la vista de la posición que tome la banca de cara a esa acción extrajudicial que Adicae pretende presentar ante las entidades financieras y el Banco de España, la asociación tomará medidas administrativas o de reforma, aunque su secretario general, Fernando Herrera, ha asegurado que “si se llegase a algún acuerdo con la banca” para no judicializar el conflicto “no habría ninguna objeción”.

Catalá, a favor de la mediación entre banca y afectados

El presidente de la asociación, Manuel Pardos, también se ha mostrado a favor de las vías extrajudiciales para resolver las reclamaciones: "este caso no puede ser objeto, de ninguna de las maneras, de un desfile de uno en uno por los juzgados que además colapse más la justicia", ha declarado el presidente.

Una postura con la que también se ha mostrado de acuerdo el ministro de Justicia, Rafael Catalá, en declaraciones que recoge Europa Press. Catalá ha anunciado que el Ejecutivo trabaja en la creación de un sistema de resolución de conflictos extrajudicial para que entidades financieras y ciudadanos puedan alcanzar acuerdos sin necesidad de recurrir a los tribunales, en relación con la sentencia de la justicia europea que obliga a devolver lo percibido por las cláusulas suelo.

Con la resolución del TJUE, cerca de un millón y medio de ciudadanos podrían reclamar dichas cantidades y, aunque la solución judicial es, en palabras del ministro, "un derecho que siempre está ahí", se va a intentar "desjudicializar el conflicto" para evitar el colapso en los tribunales.


 
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