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Unión Europea

Bruselas aprueba el presupuesto de España pero le advierte de que tendrá que hacer nuevos recortes

  • El déficit público de este año será del 3,3%, dos décimas por encima del compromiso adquirido
  • La Comisión Europea "invita" a las autoridades españolas a estar preparadas para "adoptar medidas adicionales" ante el "riesgo elevado" de no cumplir con los objetivos estipulados

infoLibre Publicada 17/01/2017 a las 17:41 Actualizada 17/01/2017 a las 18:11    
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El comisario europeo de Asuntos Económicos y Financieros, Pierre Moscivici, y el vicepresidente de la CE para el Euro, Valdis Dombrovskis (izda).

El comisario europeo de Asuntos Económicos y Financieros, Pierre Moscovici, y el vicepresidente de la CE para el Euro, Valdis Dombrovskis (izda).

EFE
La Comisión Europea considera que el plan presupuestario enviado a principios de diciembre por el Gobierno español cumple "en líneas generales" con el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, a pesar de que estima que el déficit público de este año será del 3,3%, dos décimas por encima del compromiso adquirido.

"La Comisión considera que el borrador de plan presupuestario actualizado de España, que se encuentra actualmente bajo el brazo correctivo, cumple en líneas generales con las disposiciones del Pacto de Estabilidad el Crecimiento", destaca el dictamen aprobado este martes por el colegio de comisarios.

No obstante, el Ejecutivo comunitario señala que España no cumplirá por un "estrecho margen" el objetivo de déficit público este año, a pesar de que las medidas aprobadas por el Gobierno han incrementado "significativamente" la probabilidad de cumplir con el objetivo de déficit nominal para 2016 y se corresponden con el "esfuerzo estructural exigido" en 2017.

En concreto, la Comisión Europea calcula que España cerró 2016 con un déficit nominal del 4,6%, en línea con lo pactado, mientras que el de 2017 será del 3,3% y 2018 cerrará con un desfase del 2,8%, dos décimas y seis décimas por encima de los objetivos, respectivamente.

"La discrepancia con respecto a los objetivos del borrador presupuestario actualizado reflejan principalmente un escenario macroeconómico menos optimista y un menor impacto de las medidas fiscales en las previsiones de la Comisión", destaca el informe.

Por tanto, Bruselas "invita" a las autoridades españolas a "estar preparadas" para "adoptar medidas adicionales" ante el "riesgo elevado" de no cumplir con los objetivos estipulados. El desfase de dos décimas entre las previsiones del Gobierno y las de Bruselas equivalen a unos 2.200 millones de euros.

Bruselas canceló en julio del pasado año la multa a España por haber incumplido el objetivo de déficit y otorgó dos años más, hasta 2018, para reducir el desfase por debajo del 3%. La nueva senda fiscal estableció unos objetivos del 4,6% en 2016, del 3,1% en 2017 y del 2,2% en 2018.

A cambio, exigió un ajuste estructural del 0,5% en 2017 y otro tanto en 2018. En este sentido, el dictamen del Ejecutivo comunitario estima que el esfuerzo estructural de este año alcanzará el 0,7% del PIB.

La Comisión Europea ha incluido en su dictamen una previsión de crecimiento para la economía española del 3,3% para este año, que es una décima superior a la proyección que hizo pública en primavera. Sin embargo, Bruselas no ha variado su previsión con respecto al crecimiento del PIB para este año, que se mantiene en el 2,3%.

Por último, Bruselas advierte del progreso "limitado" logrado por España en cuanto a las reformas exigidas para fortalecer el marco fiscal y la política de contratación pública. Del mismo modo, invita al Gobierno a avanzar en estos dos aspectos y recuerda que se analizarán los progresos de forma amplia más adelante.

España envió en octubre, entonces con un Ejecutivo en funciones, un borrador presupuestario que prorrogaba los presupuestos d e 2016. Ya en diciembre, el nuevo Gobierno de Mariano Rajoy envió una actualización que incluye medidas para cumplir con el objetivo de déficit de este año.

Entre estas medidas están la modificación del impuesto de sociedades y el incremento de los llamados impuestos especiales, y acciones para combatir el fraude, que supondrán, según las cuentas del Gobierno, una recaudación adicional de 7.500 millones de euros.


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