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POLÍTICAS DE EMPLEO

La jueza da la razón a Empleo en un nuevo asalto de la pugna con patronal y sindicatos por los cursos de formación

  • El Juzgado Central de lo Contencioso valida el trámite dado por el ministerio a la convocatoria de subvenciones que fue anulada por la Audiencia Nacional
  • Confemetal y las patronales de la dependencia y la hostelería recurrirán el auto, que tachan de “insuficientemente motivado”

Publicada 26/01/2017 a las 16:28 Actualizada 26/01/2017 a las 17:05    
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La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, durante su comparecencia en la Comisión del Pacto de Toledo.

La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez.

EFE
La titular del Juzgado Central de lo Contencioso-administrativo número 4 ha dado la razón al Ministerio de Empleo y considera subsanado el error que anuló la convocatoria de subvenciones para la formación de 2014. La juez desestima así el recurso presentado por tres organizaciones empresariales –Confemetal, hostelería y la dependencia–, que habían solicitado la ejecución forzosa de la sentencia de la Audiencia Nacional que, además de anular la convocatoria de ayudas, ordenaba al ministerio elaborar un informe con la distribución de los fondos para los cursos ese año y someter esa propuesta al órgano donde están representados tanto la patronal como los sindicatos.

Pero Empleo subsanó el “error” con una fórmula que no satisfizo a los agentes sociales: presentó el informe en el pleno del Consejo General del Sistema Nacional de Empleo, en lugar de en el órgano que sindicatos y patronal consideran competente, la Comisión Estatal de Formación para el Empleo. Así que las tres patronales acudieron al Juzgado Central de lo Contencioso para forzar al ministerio a cumplir la sentencia de la Audiencia Nacional en los términos en que, a su juicio, había sido dictada. Según argumentan, ni el pleno del Consejo General es el órgano competente, ni se respetaron los plazos legales para convocarlo –con cinco días hábiles de antelación– ni la propuesta de distribución de fondos presentada incluía datos financieros actualizados, incluidos los remanentes no gastados en ejercicios anteriores.

En un auto del pasado día 24 al que ha tenido acceso infoLibre, la jueza Yolanda de la Fuente Guerrero rechaza todos las alegaciones de los empresarios. Considera al Consejo General del Sistema Nacional de Empleo el órgano competente, tal y como consta –explica el auto– en dos reales decretos de 2007 que desarrollan el Sistema Nacional de Empleo y el Subsistema de Formación Profesional para el Empleo. También valida la convocatoria, que respetó los cinco días establecidos legalmente porque considera hábil el sábado 5 de noviembre –la reunión se desarrolló el 10 de noviembre pasado–. Y despoja de todo “sustento legal” la alegación sobre el contenido insuficiente del informe.

Recurso ante la Audiencia Nacional

Fuentes de la CEOE tachan de “absolutamente insuficiente” la motivación del auto y anuncian que las patronales van a recurrirlo ante la Audiencia Nacional “casi con total seguridad”. Repiten así el itinerario que siguieron con la convocatoria de las subvenciones de 2014. La titular de este juzgado fue también quien en un primer momento rechazó la impugnación de las ayudas presentada por las tres patronales. Pero la decisión fue rectificada después por la Audiencia Nacional anulando la convocatoria de subvenciones.

Es decir, no cede la batalla que libran los agentes sociales con el Ministerio de Empleo tras la reforma en el sistema de formación emprendido en 2015.

De hecho, las tres patronales citadas y los sindicatos CCOO y UGT también han impugnado ante la Audiencia Nacional la convocatoria de subvenciones de 2016. Y por los mismos motivos que la de 2014. Los ánimos están caldeados desde que el ministerio excluyó a los agentes sociales del control y gestión del sistema de formación de trabajadores. Empleo justifica su decisión con el argumento de que sindicatos y patronal no pueden ser “juez y parte” en la concesión de las subvenciones. Por el contrario, CEOE, CCOO y UGT consideran “una línea roja irrenunciable” su regreso al órgano de control de los cursos, como los mejores conocedores de las necesidades formativas de empresas y trabajadores.

Mientras se dirime la lucha en los tribunales, el ministerio mantiene paralizado el pago de unos 35 millones de euros en subvenciones para formar a trabajadores, el tercer pago de los 139 millones en que se presupuestó la convocatoria de ayudas de 2014.
LA AUTORA Correo Electrónico
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