CCOO demanda a la empresa pública Tragsa por ejecutar un ERE encubierto en su filial en la Comunidad valenciana

CCOO ha denunciado en el juzgado a Tragsatec, la filial de la empresa pública Tragsa, por haber realizado “un ERE encubierto” en su delegación de Valencia. Tragsatec despidió entre los pasados meses de abril y mayo a 14 de sus 135 trabajadores en lo que el sindicato califica de “despido colectivo por goteo”. La empresa justificó la medida en el fin de una encomienda de gestión que mantenía con la Generalitat de Valencia para desarrollar servicios informáticos en la Conselleria de Agricultura pero que, tras los despidos, se ha prorrogado seis meses y finalmente, ha salido a concurso públicoha salido a concurso público.

De los 14 trabajadores afectados, cuatro fueron despedidos alegando causas objetivas y a los 10 restantes se les rescindieron sus contratos de obra y servicio. Como ese número de despidos supera el 10% de la plantilla y se ha acometido en un plazo de 30 días, el Estatuto de los Trabajadores lo considera un despido colectivo –antes conocido como Expediente de Regulación de Empleo (ERE)–, argumenta CCOO en su demanda. Y todo ERE debe ser negociado por la empresa con los representantes de los trabajadores, un trámite obligatorio por ley cuya vulneración convierte en nulos los despidos.

Además, el sindicato intenta desmontar como causa de los despidos la alegada por la empresa: que la encomienda –un encargo que las administraciones públicas hacen a los llamados “medios propios”, como es el caso de Tragsa– de la Generalitat llegaba a su fin el 3 de febrero de este año. Sin embargo, explica la demanda, los trabajadores de Tragsatec siguieron prestando sus servicios hasta que fueron despedidos tres meses después. De hecho, antes de esa fecha, el 31 de enero, la empresa pública había comunicado a la plantilla y al comité que el 100% del personal continuaría en sus puestos hasta el mes de julio y, después, hasta noviembre, lo haría el 70%.

Como publicó en su día infoLibre, la Generalitat valenciana había enviado a Tragsatec los días 19 y 20 de enero pasados –dos semanas antes de que prescribiera la encomienda– dos escritos solicitando la prórroga de los servicios durante nueve meses. Dado que éstos se consideran “de carácter esencial” y “no pueden ser aplazados”, la Conselleria de Hacienda pedía que continuaran prestándose “hasta la asunción del servicio por el contratista correspondiente”. Y según reconoce la propia Tragsa, continuó en efecto ejecutando los trabajos para la Generalitat valenciana “por inercia legal”, pese a que no se hallaban “amparados en título jurídico alguno”.

En la actualidad, la encomienda ha sido prorrogada por seis meses, mientras los servicios que prestaba Tragsatec han salido a concurso público en dos licitaciones. La primera ya ha sido adjudicada a Tecnocom, filial de la semipública Indra, en un contrato por dos años por importe de 1,96 millones de euros para hacerse cargo de los sistemas informáticos del Programa de Desarrollo Rural 2014-2020. La segunda, aún sin decidir, se refiere a la gestión de los fondos del FEAGA (Fondo Español de Garantía Agraria) igualmente durante dos años y por importe de 2,38 millones de euros más.

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CCOO también ha denunciado en el juzgado que uno de los despedidos en Valencia era representante sindical. Tenía un contrato por obra y servicio que fue prorrogado tres veces. Es decir, llevaba desde 2009 trabajando con un contrato temporal. Según el Estatuto de los Trabajadores y el convenio colectivo de ingenierías, todo contrato por obra que supere los cuatro años está en fraude de ley y debe convertirse en indefinido. Fue lo que demandó ante los tribunales este trabajador, junto con otros seis en su misma situación, en 2014. El litigio se encuentra pendiente de sentencia en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. Pero, según aduce en su nueva demanda judicial, el despido se produce en represalia por aquella demanda. Se trata de una vulneración del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, asegura CCOO.

En marzo de 2016, la Audiencia Nacional ya condenó a Tragsa y le ordenó que convirtiera en indefinidos no fijos a 155 trabajadores con contratos temporales de obra y servicio que mantiene en fraude de ley desde 2010.