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Conflicto en El Prat

El Gobierno pone en marcha el laudo obligatorio para imponer una solución en El Prat

  • De la Serna justifica la decisión por darse un cúmulo de "circunstancias", como el "perjuicio" del conflicto "para la economía nacional" y el "deterioro de la marca España"
  • CCOO rechaza el anuncio de laudo por parte del Gobierno porque "atenta contra el derecho de huelga y de negociación colectiva" y representa una "respuesta autoritaria del Gobierno"

Publicada el 16/08/2017 a las 21:39 Actualizada el 17/08/2017 a las 02:16

El Gobierno activa el arbitraje obligatorio para acabar con el conflicto de El Prat

Empresa y trabajadores tienen 24 horas para llegar a un acuerdo y consensuar un mediador independiente.

El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, anunció este miércoles la aprobación por el Gobierno de un laudo arbitral de obligado cumplimiento para la resolución de la disputa. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros extraordinario celebrado durante la tarde de este miércoles, señaló que las partes tienen 24 horas desde la notificación del acuerdo para ponerse de acuerdo en el nombramiento de un mediador, sino será el propio Gobierno el que lo elija en las 24 horas siguientes. Una vez designado, el árbitro tiene un máximo de 10 días para emitir el laudo obligatorio.

Así, de la Serna explicó que la decisión de optar por el arbitraje se debe a la concurrencia de una serie de "circunstancias". En concreto, se refirió a la duración de la huelga y las "posiciones irreconciliables" mantenidas por las partes durante el proceso de negociación, así como al "perjuicio" que el conflicto habría supuesto "para la economía nacional" y el "deterioro de la marca España" dadas sus consecuencias en el turismo.

Por su parte, el sindicato Comisiones Obreras (CCOO) mostró su rechazo al anuncio de laudo por parte del Gobierno para acabar con el conflicto en el aeropuerto de Barcelona-El Prat con la empresa de seguridad Eulen, ya que, en su opinión, "atenta contra el derecho de huelga y de negociación colectiva".

La organización explicó que el nombramiento de un árbitro para resolver mediante un laudo obligatorio esta confrontación representa una "respuesta autoritaria del Gobierno" que ataca al ejercicio de derechos como el de huelga y de negociación colectiva.

Para el sindicato, esta medida, junto con la determinación de servicios mínimos "claramente abusivos" y la utilización de la Guardia Civil, supone una "conculcación de los derechos fundamentales" y señaló que el problema de fondo es la utilización de la subcontratación de actividades como fórmula de precarización de las condiciones de trabajo.

"Las Administraciones Públicas se han puesto a la cabeza de esa dinámica. Esta forma de externalizar actividades para disminuir costes, y por tanto salarios, es especialmente perversa cuando nos referimos a servicios especialmente delicados, como son los que tienen que ver con la seguridad aérea", añadió la organización sindical.

Además, recordó que a esta situación hay que añadir las consecuencias de la reforma laboral que, desde que se pusiera en marcha, permite suscribir convenios de empresa que "empeoren" las condiciones salariales de los del sector. Algo que, según CCOO, ha sucedido en el servicio de seguridad de las líneas del aeropuerto de Barcelona-El Prat.

"Este modelo laboral low cost va a seguir provocando caídas de los salarios y crecientes movilizaciones que podrán afectar a este o a otros sectores", apuntó, al tiempo que hizo un llamamiento para que se aborde de forma integral la precarización del empleo y los salarios en el sector de la seguridad y en otros.

Además, reclamó que se reviertan los procesos de externalización de actividades que el propio Gobierno "ahora" considera de interés general para justificar los servicios mínimos o la intervención de la propia Guardia Civil.

Igualmente, pidió la derogación del artículo 84.2 del Estatuto de los Trabajadores, que desde la Reforma Laboral del año 2012 contempla que la regulación de las condiciones establecidas en un convenio de empresa, que podrá negociarse en cualquier momento de la vigencia de convenios colectivos de ámbito superior, tendrá prioridad aplicativa respecto del convenio sectorial estatal, autonómico o de ámbito inferior en materias como los salarios.

El Gobierno acepta la propuesta de sindicatos

El Gobierno además aceptó este miércoles la propuesta de los sindicatos y analizará en una mesa de trabajo las condiciones laborales de la seguridad privada, según anunció de la Serna.

La propuesta, lanzada este miércoles por UGT y CCOO, fue valorada positivamente por el ministro de Fomento, que aseguró convocará "en unos días" a las organizaciones sindicales para constituir este grupo de trabajo.

"Nos parece bien. Recogemos el guante", expresó el ministro, que explicó que la propuesta formulada incluía el análisis de cuestiones como la formación, la calidad del servicio, la productividad y las condiciones laborales y salariales.

El titular de Fomento señaló que el objetivo es que este grupo de trabajo "acelere el establecimiento de un marco global de ámbito nacional" en el sector de la seguridad privada y que "determine condiciones concretas", evitando así que haya empresas que se desmarquen de los pactos sectoriales.

En todo caso, abundó De la Serna, este grupo de trabajo no sustituirá a la mesa sectorial entre empresas y sindicatos del sector, pero cree positiva su inclusión. "Pensamos que contribuirá a realizar y a establecer un marco de carácter general al que tendrán que acogerse las distintas áreas que conforman la seguridad privada en nuestro país", aseveró.

UGT reclama abordar "con urgencia" un convenio colectivo

UGT, una de las organizaciones sindicales que lazó este miércoles la propuesta de crear una mesa de trabajo de la seguridad privada, reaccionó minutos después de las palabras del ministro para pedir que dicho grupo "debe abordar con urgencia un convenio colectivo de avance" en el sector.

"UGT acudirá solicitando desde su inicio mejorar las condiciones sociales y laborales actualmente existentes, así como un giro en la forma de contratar los servicios de seguridad por parte del Gobierno", manifestó el sindicato a través de un comunicado. En este sentido, reclamó que se establezca "un modelo de contratación de los servicios de seguridad que garantice condiciones laborales y de calidad de servicios públicos".

Del mismo modo, señaló que "valora en principio el giro dado por el Gobierno" al anunciar la apertura de esta mesa de trabajo. "Durante las reuniones veremos el grado de voluntad política existente para dar solución al problema suscitado", apostilló.
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