Los registradores renuncian al concurso del Registro Civil digital porque consideran “obsoleto” el proyecto de Justicia

Este miércoles termina el plazo para que las empresas interesadas se presenten al concurso convocado por el Ministerio de Justicia para contratar el desarrollo e implantación del nuevo sistema informático que gestionará el Registro Civil digital. La licitación se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el pasado 8 de agosto y se trata de un contrato suculento, de 15,2 millones de euros, que debe ejecutarse durante los próximos cuatro años. La puesta en marcha del nuevo sistema informático es una parte fundamental en la reforma del Registro Civil, que avanza con dificultades, entre sucesivos aplazamientos legales y el temor de los empleados de sus oficinas a la privatización.

El Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles, al que Justicia pretendió en un primer momento encargarles la gestión del Registro Civil, celebró una reunión el pasado 30 de agosto en la que decidió por mayoría no presentarse al citado concurso. Según explican a infoLibre fuentes del órgano colegiado, los registradores han descartado participar en la licitación tras estudiar el informe de sus técnicos, que consideran “obsoleto” el diseño propuesto por Justicia en los pliegos del contrato.

El Registro Civil digital supondrá la desaparición del sistema actual que divide el registro en secciones –nacimientos, matrimonios, defunciones, tutelas y representaciones legales–. En su lugar, se creará un registro individual para cada persona, a la que se asignará un código. En ese registro figurarán todos los datos de la vida de cada individuo. La idea es que el nuevo Registro Civil sea “único para toda España, informatizado y accesible electrónicamente”, según consta en los pliegos de condiciones técnicas del concurso, de forma que se exima “al ciudadano de la carga de tener que acudir presencialmente a las oficinas”.

Pero la implantación del nuevo sistema será progresiva, durará años, por lo que deberá seguir en servicio el sistema actual, denominado Inforeg. Por tanto, ambos tendrán que ser compatibles durante un tiempo. Los técnicos del Colegio de Registradores sospechan que el deseo de mantener Inforeg puede haber “condicionado” el diseño del sistema licitado.

Nuevos recelos

Cuando se publicó la convocatoria, UGT envió un escrito al decano del Colegio de Registradores, Gonzalo Aguilera, al tiempo que se dirigió a los grupos parlamentarios. “Les advertimos de que estaremos vigilantes en todo el proceso”, indica Victoria Carrero, responsable del área de Justicia del sindicato. UGT recuerda la polémica que envolvió la adjudicación del sistema informático que debían compartir todos los registros cuando aún el Ministerio de Justicia pensaba encargar a los registradores mercantiles y de la Propiedad la gestión del Registro Civil. El desarrollo de esa aplicación informática fue licitado y adjudicado por la empresa pública Ingeniería de Sistemas para la Defensa de España Ingeniería de Sistemas para la Defensa de España (Isdefe), dependiente del Ministerio de Defensa. Y el concurso fue negociado y sin publicidad.

La licitación puso en pie de guerra a dos sectores de los registradores enfrentados entre sí, también a los sindicatos de los trabajadores del Registro Civil, que temen su privatización y la desaparición de sus puestos de trabajo. Una parte de los registradores denunciaba que el concurso se había diseñado a la medida de FutuverFutuver, una empresa asturiana a la que relacionaban con un sector minoritario en el Colegio próximo a los hermanos de Mariano Rajoy, registradores como él y los entonces responsables de la Dirección General de los Registros y el Notariado. Finalmente, los adjudicatarios fueron Indra y Telefónica, aunque Futuver contaba con ser subcontratada por estas grandes empresas para aplicar su tecnología, especializada en la gestión informática de registros.

En la nueva licitación, en cambio, el procedimiento lo ha tramitado directamente el Ministerio de Justicia y se trata de un concurso ordinario y abierto.

Victoria Carrero apunta a un segundo peligro recordando los problemas de eficacia y de seguridad sufridos por LexNET, la plataforma de intercambio de información entre los órganos judiciales, abogados, fiscales y procuradores. Instalada en 2004, además de recibir numerosas quejas por su mal funcionamiento, ha padecido este verano hasta cinco ataques informáticos que obligaron a suspender el servicio durante días. En su desarrollo a lo largo de los años participaron media docena de empresas.

Los plazos

Mientras la mesa de contratación estudia las ofertas para implantar el Registro Civil digital, el Ministerio de Justicia ultima el proyecto de modificación de la Ley del Registro Civil, que lleva en vacatio legis –buena parte de su contenido no ha entrado aún en vigor– desde que se aprobó en 2011. Según Luis Calero, secretario general del Sector de Justicia de CCOO, el proyecto de ley está pendiente del informe de la Secretaría General Técnica y de la Abogacía del Estado. Superado ese trámite, lo aprobará el Consejo de Ministros. Si no hay nuevos aplazamientos, la ley deberá entrar en vigor al completo el 30 de junio de 2018. Entonces comenzará la “desjudicialización” del Registro Civil: “Su llevanza será asumida por funcionarios públicos distintos de aquellos que integran el poder judicial del Estado”, señalan los pliegos de condiciones del concurso. Es decir, tanto los jueces de Paz como los de Primera Instancia e Instrucción serán despojados de sus actuales competencias respecto del Registro Civil.

A partir del 30 de junio de 2019 comenzará a implantarse en 17 oficinas piloto. La ley crea “al menos” una oficina por cada comunidad autónoma, además de Ceuta y Melilla, pero permite abrir otra más por cada medio millón de habitantes, y otras tres adicionales “por razón de la singular distribución de la población o por las características del territorio. Finalmente, Canarias y Baleares contarán con al menos una oficina en cada una de las islas donde ya exista un Registro Civil. Año y medio después, en diciembre de 2020, el nuevo sistema deberá estar plenamente operativo, excepto en las oficinas consulares, que quedan fuera del proyecto.

Temor por los puestos de trabajo

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Pese a que Justicia dice en los pliegos del concurso que el Registro Civil Digital será llevado por “funcionarios públicos”, no indica por cuáles. Los letrados de la Administración de Justicia –antiguos secretarios judiciales– se han ofrecido a llevar el Registro Civil, y el ministro se ha declarado a favor, previa reforma de la ley de 2011. “Rafael Catalá también promete que se mantendrán los puestos de trabajo”, añade Victoria Carrero, “al menos hasta el 30 de junio de 2018 [cuando entre en vigor la ley de 2011]”. Pero, a partir de esa fecha, los empleados de los registros civiles sospechan que inevitablemente “sobrará personal y amortizarán plazas a medio plazo”. Los funcionarios serán recolocados y los interinos, despedidos. Unos recortes que, en cualquier caso, deberán ser negociados antes en la Mesa Sectorial de Justicia, advierte Luis Calero.

Desde 2012 los expedientes de nacionalidad los tramitan los registradores de la Propiedad, y desde 2016 procuradores, gestores administrativos y abogados pueden también presentar solicitudes telemáticas para obtener la nacionalidad española. A partir del 30 de junio de 2018, los notarios tramitarán el expediente matrimonial y no hará falta acudir al Registro Civil. Para otros trámites, el ciudadano podrá acceder directamente desde su ordenador en casa.

Pero no sólo temen por sus empleos, los trabajadores desconfían de que el Registro Civil siga siendo un servicio público y gratuito. Solicitar la nacionalidad española por residencia cuesta 100 euros más las tasas por el examen de español –entre 108 y 305 euros, según el nivel–, más otros 85 euros por el examen de conocimientos constitucionales y socioculturales de España. Sin contar lo que cobran abogados, procuradores o gestores administrativos por los trámites que se les encarguen. Justicia ha pagado ya a los registradores de la Propiedad un total de seis millones de euros desde 2015 por ayudarle a desbloquear el inmenso atasco de expedientes sin digitalizar ni tramitar que sufre desde hace años.