Defensa decide rescindir el macrocontrato de seguridad con la 'low cost' Marsegur

La Junta de Contratación de Defensa decidió este martes abrir el procedimiento para rescindir el macrocontrato de 16 millones de euros por el que la empresa low cost Marsegur vigilaba las instalaciones del ministerio repartidas por toda España. Según ha podido confirmar infoLibre en fuentes de Defensa, el motivo son los múltiples incumplimientos en que ha incurrido Marsegur desde que se hizo cargo del servicio el pasado mes de abril. Hasta el punto de que acumula más de 170 actas de infracción.

Entre otras irregularidades, los vigilantes carecían de armas en algunas instalaciones, después de que la Guardia Civil se las requisara por carecer de la documentación en regla. Además, los trabajadores cobran sus nóminas con semanas de retraso. Los más de 500 guardias en este servicio se pusieron en huelga los pasados lunes y martes, en una convocatoria que los sindicatos CCOO, UGT y USO calificaron de exitosa. Protestan también por sus salarios: Marsegur les paga según su propio convenio de empresa, que establece sueldos hasta un 30% inferiores a los del convenio estatal del sector.

La huelga coincidió este martes con la decisión del Congreso de los Diputados de instar al Ministerio de Defensa a rescindir el contrato con la empresa low cost, a instancias de Unidos Podemos. La proposición no de ley fue aprobada por la Comisión de Defensa con el apoyo de todos los grupos y la abstención del PP.

El proceso de rescisión, no obstante, será largo. De hecho, puede durar meses. El contrato es de sólo un año, con lo que es posible que coincidan en el tiempo su fin y la decisión final de la Junta de Contratación. “No se nos ha comunicado nada aún”, ha respondido el director general de Marsegur, Antonio Redondo, cuando este periódico le ha preguntado por la apertura del procedimiento. Redondo ha atribuido los problemas en el abono de las nóminas al hecho de que Defensa no les ha pagado “puntualmente”. “Seguimos prestando el servicio, pero cuando algún cliente no nos paga o intenta estrangularnos económicamente, tiene consecuencias”, indicó, “es algo normal en el mundo mercantil”.

Según publica este miércoles el Boletín del Registro Mercantil, Marsegur ha cambiado su denominación social. Pasa a llamarse Novo Segur Seguridad Privada. Tanto Seguridad Integral Canaria, la anterior adjudicataria de Defensa, como Marsegur y otra low cost, Sinergias de Vigilancia y Seguridad, pertenecen a la misma patronal, Acosepri, integrada únicamente por mercantiles relacionadas con Miguel Ángel Ramírez: las citadas y Power SIC, perteneciente a Ralons, el grupo de cabecera del empresario canario. En Sinergias figuró hasta agosto de 2016 como apoderado el padre del empresario, Francisco Segundo Ramírez Méndez, y aparece como administradora Alicia Rosa Pérez Sánchez, quien a su vez es apoderada de Marsegur. Además, Gladys Jesús Acosta García, otra apoderada de Marsegur, es la administradora única de MAR Asesores y Consultores, de la que también fue administrador único Miguel Ángel Ramírez. Todas ellas están domiciliadas en Las Palmas.

Infracciones muy graves y causas de resolución

Según los pliegos de cláusulas administrativas del acuerdo marco en que está basado el contrato, se consideran infracciones muy graves “no disponer de los armeros instalados para la adecuada prestación del servicio en plazo superior a 30 días desde el inicio del contrato”. También la “falta de algún medio técnico propuesto o la falta de sustitución frenta a mal funcionamiento”. Ése ha sido el caso de Marsegur. Los vigilantes asignados a las instalaciones de Defensa en Madrid, Toledo, Guadalajara, Cantabria, Lugo y Aragón llevan desde mayo trabajando sin armas por irregularidades en la documentación y el depósito de los revólveres.

Masegur no puso en regla la documentación sobre las armas que deben portar los vigilantes en ese plazo de un mes, por lo que se le prorrogó otros 30 días más. Tampoco cumplió. En algunos casos, la Guardia Civil, responsable de vigilar el cumplimiento de las normas sobre las armas, se las ha retirado a los vigilantes.

Los revólveres cuentan con una guía de pertenencia, que documenta quién es el propietario y está expedida a nombre de la empresa. En el caso de Defensa, muchas de estas armas siguen aún a nombre de Seguridad Integral Canaria, el anterior adjudicatario. Cuando no se utilizan, los revólveres y la munición quedan depositados en sus correspondientes armeros, que deben reunir unas determinadas condiciones de seguridad. La Guardia Civil ha cerrado también algunos de estos depósitos. Además, Marsegur ha contratado a vigilantes sin licencia de armas, que por tanto no pueden prestar el servicio por el que el ministerio está pagando a la empresa –los trabajadores cobran un plus si tienen este permiso–.

Ésta es la situación en el aeródromo de Las Rozas (Lugo), el Museo del Ejército en Toledo, los acuartelamientos Capitán Arenas de Guadalajara y de Santoña (Cantabria), así como el Gobierno militar de Barcelona, entre otras instalaciones, según ha denunciado el sindicato USO. Mientras, el país se encuentra en alerta antiterrorista de nivel cuatro. En muchos casos se está prestando un servicio sin armas que por ley es obligatorio que se preste armado. No obstante, las instalaciones estratégicas de Defensa, como el propio ministerio o los cuarteles generales, son custodiadas por personal militar. Finalmente, Defensa ha suplido con soldados bajas que Marsegur no ha podido cubrir por falta de vigilantes.

La cláusula 50 del pliego establece como causas de resolución del contrato “que el personal no disponga de las habilitaciones o autorizaciones necesarias para tener acceso a materias clasificadas (documentación, medios, material, etcétera)”. También “el incumplimiento de las condiciones esenciales de ejecución, cuando hayan sido calificadas de grave, o muy grave”.

Además, en aplicación de la Ley de Contratos del Sector Público, Marsegur puede incurrir en una de las causas que prohíben a las empresas contratar con las administraciones públicas. Es decir, no podrá volver a presentarse a concursos. El artículo 60 establece esa prohibición para las empresas que han sido “sancionadas con carácter firme por infracción grave en materia de disciplina de mercado o en materia profesional”. También para las que hayan “incumplido las condiciones especiales de ejecución del contrato (..), cuando dicho incumplimiento hubiese sido definido en los pliegos o en el contrato como infracción grave (...) y concurra dolo, culpa o negligencia en el empresario”.

Consejo de Estado y Consejo de Ministros

Según el artículo 109 del Reglamento de la Ley de Contratación del Sector Público, como el contrato de Marsegur tiene un importe superior a 12 millones de euros, su resolución debe ser autorizada por el Consejo de Ministros. Pero antes el adjudicatario deberá presentar sus alegaciones en un plazo de 10 días desde que se propone la rescisión. Y el servicio jurídico del ministerio tendrá que presentar un informe. Además, el Consejo de Estado deberá emitir un dictamen. En resumen, el procedimiento puede prolongarse durante más de tres o cuatro meses, pese a que el citado reglamento deja claro que “todos los trámites e informes preceptivos de los expedientes de resolución de los contratos se considerarán de urgencia y gozarán de preferencia para su despacho por el órgano correspondiente”.

De resolverse el contrato antes de que se cumpla el plazo de un año para el que fue firmado, sería la empresa que quedó en segundo lugar en el concurso, el grupo Sureste, la que se haría cargo del servicio. Si el procedimiento se alarga hasta que coincida con el fin del contrato, el servicio debería salir de nuevo a concurso público.

La polémica del convenio colectivo

Precisamente una de las reivindicaciones tanto de los sindicatos como de la patronal del sector de seguridad privada es garantizar en la reforma de la Ley de Contratos del Sector Público, que se tramita en estos momentos en las Cortes, que los adjudicatarios respetan el convenio sectorial. El de Marsegur ha sido anulado tanto por la Audiencia Nacional como por el Tribunal Supremo –en sus dos redacciones sucesivas– porque fue negociado de forma ilegal. Aun así, la empresa lo sigue aplicando.

Marsegur paga un sueldo base de 726 euros mensuales. El plus de nocturnidad, 10 céntimos la hora, es 11 veces inferior al fijado en el convenio estatal. El convenio de esta empresa, además, tiene una duración inusual, 10 años, de los cuales cinco son de congelación salarial.

El grupo de trabajo creado por el Ministerio de Fomento tras la huelga de los vigilantes de Eulen en el aeropuerto de El Prat este verano debería discutir cambios en la ley para garantizar las condiciones laborales de los guardias privados de seguridad. Pero, al tiempo, el PP acaba de aprobar en el Senado, apoyado en su mayoría absoluta, dos enmiendas que preservan la aplicación de las condiciones de los convenios de empresa sobre los estatales en los contratos públicos. El proyecto de ley, no obstante, debe aún volver al Congreso para continuar su tramitación y en esa cámara los grupos de oposición son casi unánimes en la defensa de las condiciones de los trabajadores de las subcontratas públicas.