PROTECCIÓN SOCIAL

Las pensiones pierden tres puntos de poder de compra en dos años mientras el Congreso se atasca en su reforma

La marcha por las pensiones dignas terminó el pasado lunes en Madrid.

La inflación sigue escalando y el pasado septiembre cerró con un aumento del 1,8%, por lo que los pensionistas han perdido ya 1,55 puntos de poder adquisitivo1,55 puntos de poder adquisitivo, teniendo en cuenta que sus pensiones van a subir este año un 0,25%, en aplicación de la reforma aprobada en 2013. En 2016, el IPC terminó en el 1,6%. Es decir, los pensionistas acumulan en dos años una pérdida de poder de compra de casi tres puntos. Mientras, los diputados de la Comisión del Pacto de Toledo, encargada de aprobar las recomendaciones que deben servir para elaborar una nueva reforma de las pensiones públicas, no consiguen ponerse de acuerdo, precisamente, sobre ese Índice de Revalorización de las Pensiones (IRP) que limita su subida anual al 0,25% mientras la Seguridad Social tenga déficit.

No es el único asunto que mantiene atascada la comisión parlamentaria, pero sí está resultando el “elemento de quiebra”. La comisión empezó sus reuniones el pasado enero y, según los diputados consultados por infoLibre, es improbable que haya acuerdo antes de acabar este año. “Los puntos de divergencia son importantes”, admite el diputado de Podemos Alberto Montero. Porque los diputados ni siquiera han conseguido avanzar en el “diagnóstico” de la situación. Mientras el PP plantea que el problema es demográfico y de sostenibilidad del sistema, el resto de los grupos pone el foco en la necesidad de garantizar la suficiencia de las pensiones y en culpar al deterioro del mercado de trabajo del déficit de la Seguridad Social, explica Montero.

Pese a que la prioridad en esta tanda de negociaciones debía ser cómo conseguir nuevas fuentes de financiación para la Seguridad Social y de que la batería de soluciones lleva tiempo sobre la mesa, tampoco hay acuerdo en este punto. Alberto Montero asegura, en cualquier caso, que sobre este punto la divergencia es menor. Destopar las bases máximas de cotización, costear con cargo a los Presupuestos del Estado algunas pensiones –viudedad, orfandad– y determinadas partidas –gestión, personal–, equiparar las cotizaciones de los autónomos con las de los asalariados del Régimen General… son algunas medidas sobre las que el consenso es “amplio”, asegura por su parte el secretario de Protección Social de CCOO, Carlos Bravo. Sin embargo, no hay progresos. Por la necesidad de buscar equilibrios parlamentarios y, últimamente, por la cuestión catalana. Los representantes del PDeCAT y ERC dejaron de acudir a las reuniones a mediados de septiembre. “No es la causa de la parálisis, pero sí que nos impide avanzar con la agilidad que deberíamos”, confiesa el diputado de Podemos. "Mientras estemos en la situación en que estamos es muy difícil participar en la vida ordinaria del Congreso”, explica a infoLibre el diputado del PDeCAT Carlos Campuzano. El miembro más veterano del Pacto de Toledo no se atreve a aventurar si su grupo volverá a la comisión. La reunión prevista para esta misma semana ha quedado suspendida.

Tampoco el grupo de trabajo creado por el Ministerio de Empleo con los sindicatos y la CEOE tiene actividad alguna desde que celebró su última reunión en marzo. El pasado septiembre, la ministra Fátima Báñez anunció la reactivación de ésta y del resto de las mesas de diálogo social, pero hasta ahora no ha habido convocatoria alguna que haya puesto en práctica sus declaraciones.

A este paisaje se le pueden sumar elementos adicionales de incertidumbre como la prórroga de los Presupuestos del Estado e incluso la posibilidad de una convocatoria anticipada de elecciones. “El problema es que la falta de acuerdo conduce a un proceso de deterioro progresivo y creciente de las pensiones”, advierte Carlos Bravo, para quien el punto de inicio debería ser “reformar o corregir” la reforma de 2013. “Algo a lo que el Gobierno no se niega”, añade.

“El Gobierno sabe que tiene que tocar el 0,25%”, recalca el dirigente de CCOO porque en su opinión ningún gobierno aguanta muchos años seguidos de pérdida de poder adquisitivo de las pensiones. Si la inflación vuelve a los valores considerados normales, el 2%, los pensionistas perderán un 17,5% de poder de compra en una década si continúan aplicándole el 0,25%. A esa devaluación hay que sumar el recorte que sufrirán las prestaciones a partir de 2019 cuando entre en vigor el llamado Factor de Sostenibilidad. Bravo lo calcula entre un 0,5% y un 0,7% adicional cada año. El coeficiente que se aplicará pretende ajustar la cuantía de la pensión a la esperanza de vida de cada generación: cuanto más aumenta ésta, más se rebaja la prestación –porque se supone que el beneficiario la va a cobrar durante más años–. Así, el recorte será mayor para quien, por ejemplo, se jubile en 2021 que para quien lo haya hecho un año antes.

Pensiones demasiado “generosas”

Según las proyecciones realizadas por el profesor de la Universidad Complutense de Madrid Alfonso R. Sánchez, en un estudio publicado por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), la pensión media permanecerá estancada hasta 2045 –caerá entre 2025 y 2035, y se recuperará algo entre 2035 y 2045–. A partir de ese año crecerá un 1% anual si se mantiene en vigor la reforma de 2013, con su IRP del 0,25% en caso de déficit del sistema y del 0,50% sobre el IPC si tiene superávit, y su Factor de Sostenibilidad. Sólo por el efecto del IRP, los pensionistas más longevos perderán entre el 25% y el 30% del valor real de su pensión inicial respecto del salario medio que cobraban cuando trabajaban, según el citado estudio.

A Alfonso R. Sánchez tampoco le gusta el IRP. “Ajustar el gasto real [en pensiones] vía inflación es muy poco transparente y expone a los pensionistas a un nivel de riesgo muy alto”, explica. Tampoco el Factor de Sostenibilidad, porque es “poco intuitivo y se debería explicar mejor, además de que hay cuestiones técnicas de su diseño que son controvertidas”. Sin embargo, cree que sin las reformas de 2011 –que aumentó la edad de jubilación hasta los 67 años– y de 2013, el gasto en pensiones “crecería inexorablemente hasta doblar las cifras actuales en torno a 2045-2050”. “El esfuerzo fiscal que le tendríamos que exigir a las generaciones más jóvenes para pagar estas pensiones parece simplemente imposible”, alerta.

A su juicio, por tanto, será “inevitable” hacer “ajustes en la generosidad” de las pensiones. Se refiere Alfonso R. Sánchez a la alta tasa de sustitución de las pensiones españolas –el tanto por ciento del salario que se mantiene en la pensión–, del 86,6% y muy superior a la media de los países europeos. “Los políticos han sido incapaces de transmitir esa realidad, de modo que la sociedad está confusa”, critica el economista, “y los sindicatos defienden un perfil de afiliado muy alejado del español medio”.

Su propuesta es una pensión inicial más baja y unas prestaciones posteriores “mucho más estables que con el IRP”. En su lugar, defiende un mecanismo de ajuste automático “que no pueda ser manipulado por los intereses políticos a corto plazo y que permitiría recuperar la generosidad de las pensiones cuando mejorase la crisis demográfica, a partir de 2050”.

Para el economista de Fedea, destopar las bases máximas de cotización, financiar las pensiones con impuestos o equiparar las cotizaciones de los diferentes regímenes de la Seguridad Social no son medidas suficientes. “No evitarán la necesidad de ajustar la generosidad de las pensiones”, insiste.

Carlos Bravo critica que el Gobierno obviara la advertencia que le hizo lala comisión de expertos que él mismo nombró para diseñar la reforma de 2013: si se aplican el IRP y el Factor de Sostenibilidad, advirtieron, hay que reforzar la estructura de ingresos, porque de lo contrario se corre el riesgo de que las pensiones caigan por debajo de los niveles de suficiencia definidos por la Comisión de Europea. “Pero el Gobierno se limitó a aplicar los dos mecanismos de recorte de las pensiones sin establecer una previsión para aumentar los ingresos del sistema”, lamenta el responsable de CCOO.

La receta del FMI

En su último informe sobre la economía española, el FMI señala al Gobierno cuál es su solución al problema: “Una pensión pública no se pretende que pueda cubrir todos los ingresos que un jubilado necesitaría. Si existe tal expectativa, tiene que dejarse claro que no puede cumplirse”. Carlos Bravo replica que ése es el modelo anglosajón de “pensión base o pensión zócalo”, sobre la cual quien tiene renta construye una prestación mayor al jubilarse y quien no la tiene, “se queda sin nada”. Otro tanto sostiene el diputado Alberto Montero. “El FMI no tiene en cuenta que, con el actual mercado laboral, los trabajadores carecen de capacidad de ahorro suficiente para complementar la pensión pública”, apunta.

“Si una sociedad elige una pensión pública alta, debe pagar cotizaciones altas para financiarlas”, expone por su parte Alfonso R. Sánchez, “pero en un sistema de reparto [como el español] la demografía y el mercado de trabajo pueden hacer imposible que se cumpla esta condición en algunos momentos, como nos va a pasar a nosotros cuando los baby boomers [los nacidos entre los años 60 y 80] tengan que sostenerse en cohortes de jóvenes mucho más pequeñas”.

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El FMI también pide que se aumente aún más la edad de jubilación y se amplíe el número de años cotizados para calcular la pensión, dos medidas que ya se incluyeron en la reforma de 2011. Alberto Montero precisa que el Pacto de Toledo no tiene la intención de hacer lo que se conocen como “cambios paramétricos”, cuando aún está pendiente “cuantificar los efectos de las reformas de 2011 y 2013”.

Por el contrario, Alfonso R. Sánchez considera que, si se elimina el IRP, no habrá más remedio que hacer esos cambios, aunque siempre ve preferible adoptar un mecanismo de ajuste automático a salvo de los vaivenes políticos.

Carlos Bravo no entiende cómo resulta tan difícil alcanzar un pacto sobre medidas que gozan de amplio consenso y que el Gobierno, en algún caso como el destope de bases máximas de cotización, no sólo lleva tres años desarrollando sino que, además, “está dispuesto a seguir haciéndolo”. La disputa se centra en el “ritmo” de aplicación, asegura, “en si [las medidas] se adoptan de manera suficiente, e intensa en el tiempo y con la rapidez necesaria”. El dirigente de CCOO tacha de “irresponsabilidad” que se dilate el acuerdo y la puesta en marcha de las soluciones. Y no sólo porque “la sensación de alarma que se está transmitiendo a los ciudadanos es un disparate”, protesta. También porque no dejar las cosas tal y como están significará “trasladar también a las pensiones los recortes ejecutados en los salarios y el resto de la protección social”.

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