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POLÍTICAS DE EMPLEO

El TC tumba los dos programas de Empleo para parados de larga duración

  • El Constitucional anula el Programa de Activación para el Empleo por invadir las competencias autonómicas
  • El pasado mes de julio también declaró inconstitucionales las ayudas del Plan Prepara por el mismo motivo

Publicada el 10/01/2018 a las 16:35 Actualizada el 10/01/2018 a las 17:33
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La ministra de Empleo, Fátima Báñez, en el Congreso.

La ministra de Empleo, Fátima Báñez, en el Congreso.

EUROPA PRESS
El Tribunal Constitucional (TC) ha tumbado los dos últimos programas de ayudas destinadas a parados de larga duración que ha creado el Ministerio de Empleo. Y ambos por el mismo motivo: invade competencias autonómicas. El TC acaba de anular el Programa de Activación para el Empleo (PAE), nacido en 2014 tras un acuerdo entre el Gobierno, la patronal y los sindicatos, dando la razón al Gobierno vasco, que recurrió el real decreto-ley que creó estos subsidios de 426 euros. El pasado mes de julio, el mismo tribunal, también tras un recurso del Ejecutivo de Vitoria, declaró inconstitucional el Plan Prepara, igualmente 426 euros para parados que han agotado el resto de las prestaciones.

En la sentencia, el TC afirma que la atribución que la normativa reguladora del PAE efectúa al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE, el antiguo INEM) para que sea éste el encargado de ejercer las funciones de concesión y pago de esta ayuda económica debe considerarse como “inconstitucional y nula por corresponder a la competencia de los servicios de empleo de las comunidades autónomas”, informa Europa Press.

De esta forma, el Constitucional da la razón al Gobierno vasco, que en su recurso sostenía que las competencias para acordar la incorporación al PAE, así como las bajas y reincorporaciones al plan, o la financiación de la ayuda económica complementaria “ignoraban de forma absoluta” la competencia genérica de la comunidad autónoma en legislación laboral, así como su competencia concreta en materia de políticas activas y fomento del empleo, “conculcando el orden constitucional” de distribución de las competencias atribuidas a esa comunidad.

El Gobierno prorrogó el pasado mes de abril, por segunda vez y hasta el 15 de abril de este año, el Programa de Activación para el Empleo, dirigido a la reinserción laboral de los parados de larga duración con cargas familiares que hayan agotado todas las prestaciones y subsidios. El Ejecutivo calculaba entonces que se beneficiarían de este programa 210.000 desempleados. En 2017, el programa contó con una dotación de 220 millones de euros y para este año están previsto un total de 337 millones. Para solicitar esta ayuda, los desempleados de larga duración deben haber tenido un empleo anterior, estar inscritos como demandantes de empleo al menos nueve meses durante los 18 meses anteriores, buscar activamente un puesto de trabajo y haber consumido cualquier prestación un mes antes de pedir la ayuda. El programa ha sido el blanco de las críticas sindicales porque el número de beneficiarios ha estado siempre muy por debajo de las previsiones. Según CCOO y UGT, por culpa de la rigidez de los requisitos de acceso a las ayudas. Desde que se rebajaron, el pasado verano, han aumentado los solicitantes.

A punto de ser revisadas

El Ministerio de Empleo, la patronal y los sindicatos deben llegar a un acuerdo antes de abril en una de las mesas del Diálogo Social, la del plan de choque para el empleo, para revisar y unificar los subsidios que perciben los parados de larga duración: Plan Prepara, PAE y la Renta Activa de Inserción (RAI). Tras anular el TC el Plan Prepara, las comunidades autónomas tuvieron que autorizar al Ministerio de Empleo para que sus beneficiarios pudieran seguir cobrando las ayudas mientras el Gobierno y los agentes sociales debaten cómo unificar todos los programas de subsidios. Ahora, aun anulado el PAE, los parados podrán seguir cobrando las ayudas porque, según el tribunal, el fallo “no afecta a la subsistencia y a la continuación en la concesión de las ayudas económicas”.

Al Plan Prepara se pueden inscribir desde 2011 los parados que lleven al menos un año sin trabajo y carezcan de cualquier tipo de renta superior al 75 % del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), unos 400 euros mensuales. Desde su creación, se ha prorrogado 12 veces y ha beneficiado a 952.000 desempleados. La Renta Activa de Inserción (RAI), también 426 euros, está pensada para parados de larga duración mayores de 45 años.

 
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