Las administraciones 'huyen' de la nueva Ley de Contratos Públicos: licitan 1.086 concursos la víspera de su entrada en vigor

El pasado día 9 entró en vigor la nueva Ley de Contratos del Sector Público, a los cuatro meses de haber sido publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y tras su aprobación en el Congreso el pasado mes de octubre. Su aplicación, por tanto, era una medida largamente anunciada. La ley, que transpone al ordenamiento jurídico español directivas europeas sobre contratación pública, suprime los contratos sin publicidad e impone el uso de la factura electrónica. También obliga a los órganos de contratación a establecer criterios de adjudicación que permitan conseguir obras, suministros y servicios de calidad, incluyendo requisitos sociales, medioambientales o innovadores. En concreto, la norma obliga a los adjudicatarios a cumplir los derechos laborales de las plantillas, de forma que se les podrán imponer sanciones si se retrasan de forma reiterada en el pago de los salarios o si aplican condiciones salariales inferiores a las establecidas en los convenios colectivos sectoriales. Desde ahora, las organizaciones sindicales pueden interponer recurso especial cuando los contratistas vulneren sus obligaciones sociales o laborales.

Con estas salvaguardas se pretenden evitar casos como los ocurridos con algunos servicios de seguridad privada, cuyos adjudicatarios aplicaban a sus plantillas convenios de empresa que recortaban hasta en un 40% los salarios del convenio estatal. Seguridad Integral Canaria, Novo Segur (antes Marsegur) y Sinergias de Vigilancia y Seguridad son las más conocidas. Las dos primeras se encuentran en concurso de acreedores y adeudan un buen número de nóminas a los trabajadores. Sus convenios –de las dos últimas– y descuelgues –de la primera– han sido anulados por la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo por haber sido negociados de forma ilegal.

Pues bien, las nuevas exigencias de transparencia y respeto a las leyes laborales han ocasionado en las administraciones públicas lo que en otros ámbitos se da en llamar efecto pánico: se han lanzado a publicar licitaciones de contratos para eludir las nuevas normas de contratación. Lo ha denunciado la Federación de Trabajadores de Seguridad Privada del sindicato USO, que dice haber contado unas 2.500 publicaciones de contratos sólo el pasado día 8, la víspera de la entrada en vigor de la nueva ley. “Son 10 veces más que la media de cualquier otra fecha”, asegura. Además, durante el último mes, las administraciones han adelantado la publicación de numerosos concursos que, “en circunstancias normales”, destaca el sindicato, deberían haberse licitado en meses posteriores. En concreto, cita el servicio de vigilancia de la Administración General del Estado, por importe de 67 millones de euros.

infoLibre ha buscado en la plataforma de contratación del Estado sólo los contratos de servicios y, el pasado 8 de marzo, se publicaron 1.086 concursos, casi el doble que el día anterior –613– y casi 10 veces más que el día 1, cuando sólo aparecieron 169. Un mes antes, el 8 de febrero, únicamente se publicaron 21 contratos; el 14 de febrero, 45; el 21 de ese mes, 68. Un año antes, el 21 de febrero fueron sólo tres concursos nuevos; el 1 de marzo, un contrato.

En total, entre el 1 de enero y el 8 de marzo de 2017, las administraciones públicas publicaron únicamente 22 licitaciones de servicios. En ese mismo intervalo, pero de este año, han llegado a la plataforma de contratación nada menos que 3.419 nuevos concursos. USO denuncia que esta huida de la ley “sólo obedece al maligno criterio de seguir aprovechando una norma obsoleta para ahorrarse unos míseros euros en detrimento de los derechos de los trabajadores mileuristas”.

El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas explica el gran número de concursos publicados el día 8 por el hecho de que esta fecha era el “límite para publicar los procedimientos en marcha”, para los que es necesario cumplimentar antes una gran cantidad de trámites. “Los que no se hubieran publicado ese día, habrían tenido que iniciarse desde cero para adaptarlos a la nueva Ley de Contratos”, señala.

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El pasado mes de febrero el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales (TARC) suspendió el macroconcurso abierto por AENA para proveer de vigilantes a los aeropuertos de toda España, tras recurrirlo USO. Con un importe de 359 millones de euros, los pliegos del contrato no hacían referencia, según denunciaba el sindicato, a la obligación de cumplir el convenio colectivo del sector. La empresa los ha cambiado, introduciendo esa mención y aumentando los pluses que deben cobrar los vigilantes, tal y como acordaron los ministerios de Fomento y Empleo con los sindicatos y la patronal del sector tras la huelga de Eulen en el aeropuerto de El Prat el pasado verano. El órgano de contratación resolverá la adjudicación antes de que termine el mes de mayo.

El 90% de los clientes de las tres empresas low cost antes citadas son administraciones públicas. Hasta ahora, el Ministerio de Empleo era el principal adjudicatario de Novo Segur y Sinergias de Vigilancia. De las 28 licitaciones abiertas desde agosto hasta diciembre del año pasado para dotar de vigilancia privada a sus instalaciones, sólo tres incluían cláusulas que obligaran a las empresas candidatas a respetar el convenio del sector. Otras 19 fueron adjudicadas antes de acabar el año y de ellas 11 cayeron en manos de estas dos low cost: ocho a Sinergias de Vigilancia y Seguridad y tres a Novo Segur.

El próximo 11 de abril esta última dejará de prestar el servicio de vigilancia en las instalaciones del Ministerio de Defensa de toda España, un contrato que perdió tras ser objeto de numerosas actas de infracción por irregularidades en la prestación. Los trabajadores de Seguridad Integral Canaria, Novo Segur y Sinergias de Vigilancia acumulan hasta cinco meses de nóminas impagadas en algunos casos. Tanto UGT y CCOO como USO han convocado seis días de huelga, a partir de este martes, en todos los centros de trabajo donde aún tiene presencia Novo Segur, precisamente por las deudas que mantiene la empresa con la plantilla.