Consumo

Las etiquetas sostenibles de la pesca, la industria textil y el aceite de palma tampoco se libran de las críticas

Un camión transporta leña en Indonesia, fruto de la deforestación producida por el intenso cultivo de aceite de palma.

La fundación Changing Markets ha publicado este jueves un informe sobre las certificaciones que, en teoría, garantizan que un producto ha sido elaborado y distribuido de manera sostenible. Abordadas las certezas y las dudas sobre la agricultura y la ganadería ecológicas, el documento pone en el punto de mira tres sectores habitualmente criticados por su impacto medioambiental: el de la pesca, el textil y el del aceite de palma, ingrediente muy común en alimentos procesados y bollería industrial y que es fruto de la deforestación y la explotación.

El documento se centra en estos tres sectores y en los certificados que defienden la ética de estos productos y las conclusiones son muy poco alentadoras, alimentando las dudas del consumidor que quiere hacer una compra mínimamente responsable en el supermercado. "Muchos compradores confían en las etiquetas y las certificaciones como una forma rápida y sencilla de identificar los productos de elaboración más responsable sin tener que convertirse en unos expertos en la cadena de suministro", recoge la organización.

Pero… ¿y si estas certificaciones no son de fiar? La premisa de la que parte Changing Markets es clara. "Más que acelerar el cambio positivo, esta 'avalancha' de certificaciones puede estar creando confusión (…) e incluso interponiéndose en el camino de un consumo realmente sostenible". Ecolabel Index, el mayor directorio global de etiquetas ecológicas, recoge en su lista actual más de 460 etiquetas de 25 sectores distintos. La inmensa mayoría, voluntarias. Las razones del escepticismo están en las empresas que participan, que según el análisis presionan para bajar los criterios y, así, obtener la pegatina verde que les permite presumir.

¿Por qué el análisis se centra en esos tres sectores? Porque "el consumo creciente y el abastecimiento no sostenible" de éstos en concreto "continúa causando serios problemas medioambientales", denuncia la organización. En la agricultura ecológica y la convencional existen serias dudas sobre la conveniencia o no de determinados métodos, dudas que no existen en el caso de, por ejemplo, el aceite de palma. "La producción del aceite de palma es una de las causas principales de deforestación, las emisiones de gases de efecto invernadero, los efectos forestales y la pérdida de especies en peligro de extinción", asegura el documento. Mantequilla, donuts y todo tipo de bollería procesada, cremas, embellecedores, productos precocinados o quesos para untar llevan importantes cantidades de este ingrediente.

Con respecto a la pesca, según la FAO, el 90% de las poblaciones mundiales de peces están sobreexplotadas, lo que parece no ser incompatible con una demanda pesquera en aumento, denuncian organizaciones como Greenpeace. Y la industria textil siempre está bajo la polémica no solo por su impacto ambiental, al utilizar químicos a mansalva, contaminar el agua y producir prendas extremadamente poco reciclables: también por las denuncias de explotación laboral y abusos contra los derechos humanos que se han sucedido en los últimos años en las fábricas productoras, habitualmente en países menos desarrollados industrialmente. Según un informe de Carro de Combate, el daño tanto social como ambiental de esta industria se produce en los tres pasos de la cadena: la extracción de las fibras (que requiere extensas plantaciones de algodón, entre otras), su preparación (que requiere abuso de detergentes, emulsionantes, suavizantes y químicos de teñido contaminantes) y el taller de costura, donde se centran las críticas: "La sobreexplotación laboral es antes la norma que la excepción", afirma la organización.

Certificaciones muy dudosas

Tanto el aceite de palma como la industria pesquera y la textil cuentan con varios certificados que buscan mejorar la sostenibilidad y el respeto al entorno natural y a la sociedad de su producción. Con respecto al aceite de palma, el más común es el que emite la Mesa Redonda sobre el Aceite de Palma Sostenible, que recibe el nombre de CSPO (acrónimo traducido al español como Aceite de Palma Sostenible Certificado). En teoría, si un bollo o una crema cuenta con el logo de CSPO, el aceite que contiene no ha sido fruto ni de la deforestación ni de la explotación de trabajadores. Sin embargo, el aceite se mezcla: si un 10% de los productos de una marca cuentan con esta garantía, no es que el 100% del aceite de esos productos sea sostenible, sino que el 10% de la materia prima procede de plantaciones responsables.

Y tampoco está tan claro que sean plantaciones responsables, argumenta Changing Markets. El certificado, asegura, "permite la conversión de los bosques secundarios y el drenaje de las turberas y no exige la reducción de los drenajes de gases de efecto invernadero". El ejemplo de Indonesia es clave: el país, pese a su pequeño tamaño, es uno de los líderes en emisiones contaminantes. Los bosques se queman para allanar el terreno. Y la tierra se seca para propiciar las plantaciones, una tierra que en el caso de este archipiélago está lleno de turba, la antesala del carbón vegetal. Y la turba seca es extremadamente inflamable, agravando el problema medioambiental. Ni CSPO ni ningún otro certificado, muchos de ellos dependientes de las débiles leyes indonesias, ataja en lo más mínimo el daño, afirma el informe.

Con respecto a la pesca, el informe cifra en el 14% de la producción mundial de pescado y marisco la que está bajo las dos principales certificaciones, MSC y Friends of the Sea (FOS). La segunda, afirma, está abiertamente en duda por las organizaciones ecologistas y carece de credibilidad, por un motivo que afecta a otras muchas certificaciones: la transparencia. Es decir, no publica ni difunde los procesos que llevan a una empresa del sector a obtener la etiqueta. Con respeto a MSC, que cuenta con 300 pesquerías certificadas a nivel mundial y alrededor de 100 empresas comprometidas a adquirir productos marinos certificados (entre las más activas, la española Eroski), sí tiene más credibilidad, aunque la organización avisa de que o aumentan sus niveles de transparencia o las opiniones favorables se convertirán pronto en críticas.

Los programas incluyen la prohibición de las artes de pesca destructivas, los riesgos ambientales y la evaluación del impacto y la gestión de la regulación de las poblaciones, entre otras materias. "Se ha visto que tanto MSC como FOS certificaron varias pesquerías como sostenibles, incluso si practicaban la sobrepesca, su nivel de capturas incidentales era muy alto y, en algunos casos, incluso contravenían la legislación nacional", recoge el análisis. Ya no se trata de que, como en el caso de la CSPO, la información de los productos sea parcial, sino que directamente las empresas no cumplen con los compromisos.

Desde Greenpeace se pone el foco en MSC para desmontar, a juicio de los responsables de su campaña de Océanos, la buena fama inmerecida que tiene el certificado. "El MSC se presenta como un 'premio' a pescadores que realizan su trabajo de forma sostenible, algo muy loable. Sin embargo, para obtener la certificación hay que pagar, y no precisamente cantidades pequeñas. Por lo tanto, la industria pesquera tiene más posibilidades económicas para obtener la certificación que la pesca artesanal, que una vez más está en desventaja", denunciaban en un artículo, que apuesta por una certificación pública, gratuita y con participación de una agencia gubernamental, en vez de alianzas libres y voluntarias entre agentes del sector.

La industria textil cuenta con una larga lista de certificados y asociaciones entre empresas, cada cual con sus criterios y requisitos, lo que no ayuda a que el consumidor se aclare a la hora de hacer su lista de la compra responsable. En el documento se centran en los certificados más comunes y en los que abarcan más: por ejemplo, el Higg Index, fruto de la Sustainable Apparel Coalition (en español, coalición de vestimenta sostenible), a la que están inscritos gran parte de las marcas de ropa que se pueden ver en cada centro comercial, incluidas las de la todopoderosa Inditex.  "Tiene muchas carencias, como el basarse en la autoevaluación y la falta de transparencia, dejando así fuera posibles incentivos para que las marcas de moda mejoraran continuamente", afirma el informe.

Con respecto a la etiqueta ecológica de la UE, la Ecolabel (creada para certificar todo lo que no es agricultura o ganadería ecológicas, que ya tiene un sello aparte), Changing Markets reconoce que tiene un enfoque de ciclo de vida del producto muy extenso, pero se deja fuera las fibras de viscosa (un líquido orgánico), de las más utilizadas en la producción de ropa y que contaminan el agua durante su fabricación. Sí saca buena nota el certificado GOTS (Global Organic Textile Standard), que cubre todas las fases de la cadena de suministro y cuenta con 2788 empresas certificadas.

El informe reconoce que, aunque las certificaciones estén lejos de poder garantizar una ausencia absoluta de impacto ambiental y social, en determinados casos son una buena opción, ya que aumentan las posibilidades de que al final, lo que acabe llegando a la mesa o al armario haya sido producido con más respeto por el entorno. Centra sus recomendaciones en cuatro puntos: más transparencia, más independencia para que sean organismos independientes y no las propias empresas quienes pongan las normas, un enfoque integral y aspirar a la mejora continua, "lo que incluye poner el listón lo suficientemente alto como para certificar solo a las empresas que demuestren un comportamiento superior a la media". En la mayoría, nada de eso se cumple, ya que el trabajo pone luz sobre un sistema hecho a la medida de las compañías.

Laura Villadiego, del portal de consumo responsable Carro de Combate, está de acuerdo con las conclusiones. "Ninguna de las certificaciones asegura modelos 100% sostenibles, pero, a falta de mejores regulaciones, a menudo sí que representan mejoras con respecto a los productos no certificados", afirma. Sin embargo, "son voluntarias y a menudo la industria participa en la aprobación de los estándares, y  presiona a la baja", mantiene. Defiende, a diferencia del documento, dejar de considerar la voluntariedad de estos certificados y pasar a la obligatoriedad. "Si las demandas de los ciudadanos se canalizan a través de estándares voluntarios y no de leyes de cumplimiento obligatorio, las industrias pueden manipularlos más fácilmente. Y por eso la propia industria está tan involucrada en las certificaciones", argumenta.

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¿Y qué hacemos como consumidores?

La pregunta clave es qué podemos hacer como consumidores para no sentirnos engañados y para hacer un carro de la compra que, realmente, no contribuya a la deforestación, la sobreexplotación de los recursos, los abusos laborales y el cambio climático. La solución, según Villadiego, no es la más fácil de vender, ni la más bonita, ni la más simple: consumir menos. Pone el ejemplo del aceite de palma: ¿de qué sirve que el 100% de la producción esté bajo una etiqueta si tiene que haber deforestación sí o sí para producirla?

"Los consumidores nunca deberían confiar ciegamente en nada. Pero quizá sería una mejor estrategia si, en vez de plantearse primero qué consumen y las condiciones en las que se ha fabricado algo, pensaran en cuánto consumen y si quizá podrían reducir consumo innecesario para mejorar el consumo que sí sea necesario. Y entonces quizá las certificaciones puedan tener más sentido", argumenta. Es, de nuevo, la confrontación entre dos teorías que intentan dibujar el futuro: unos dicen que es posible llegar a la sostenibilidad introduciendo normas pero sin renunciar al crecimiento de la economía y del consumo, y otros dicen que todo pasa por el decrecimiento.

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