Los ingresos que comunidades y ayuntamientos perderán si el PP mantiene el veto al incremento del gasto

El veto del PP en el Senado a la nueva senda de estabilidad presupuestaria que el Gobierno de Sánchez está intentando sacar adelante privará el año que viene a las Comunidades Autónomas de 2.500 millones de euros con los que aliviar sus precarias economías y dificultará, casi con toda seguridad según fuentes del  Ministerio de Hacienda, relajar la regla de gasto de los ayuntamientos que impide a los municipios con superávit utilizar ese dinero para atender las necesidades de sus vecinos.

La negativa del PP de Pablo Casado tiene especial trascendencia política porque obligará a comunidades y ayuntamientos, en pleno año electoral, a seguir transitando por la senda de la austeridad pese a que las autoridades europeas se han mostrado comprensivas con los planes del Gobierno de Pedro Sánchez de relajar el compromiso de déficit para el año que viene.

No existe un cifra oficial que exprese cuánto afectará el veto del PP a cada comunidad pero, atendiendo al peso de cada una de ellas en el PIB nominal español, se puede hacer una cálculo aproximado. Las más perjudicadas en cifras absolutas serán Cataluña y Madrid, la primera gobernada por el PDeCAT y Esquerra, dos partidos de los que depende el PSOE para construir mayorías en el Congreso y mantener viva la legislatura, y la segunda por el PP con el apoyo de Ciudadanos. Si el Senado bloquea la nueva senda, cada una de ellas verá cómo se esfuma la posibilidad de contar con unos 450 millones de euros.

Andalucía sí tiene un cálculo —lo compartió su presidenta, Susana Díaz (PSOE), después de entrevistarse este lunes con Pedro Sanchez en la Moncloa—: 350 millones. También la Comunitat Valenciana, cuyo conseller de Economía, Vicent Soler, calcula que el Gobierno de Ximo Puig (PSOE) se verá privado de 220 millones por culpa del veto de Casado.

Los siguientes en la lista de los más perjudicados por el volumen de recursos que no tendrán a su disposición el año que viene son dos comunidades del PP: Galicia (unos 130 millones) y Castilla y León (en torno a 120). Les sigue Canarias (se verá privada de casi 100 millones de euros), Castilla-La Mancha (unos 85 millones), Aragón (casi 80), Murcia (65), Balears (65), Asturias (casi 50), Extremadura (40), Cantabria (en torno a 30) y La Rioja (algo menos de 20).

Pablo Casado no lo ha dicho con todas las letras, pero ya ha sugerido que el PP no permitirá modificar la senda de estabilidad y hará uso de su mayoría absoluta en el Senado para impedirlo. Tanto él como su asesor económico, Daniel Lacalle, son dos liberales militantes y están tajantemente en contra de aumentar el gasto público. Defienden la receta clásica de reducir impuestos para, dicen, generar empleo y crecimiento.

Lacalle sí lo proclamó con toda claridad en una entrevista publicada este martes por Eleconomista: “Estoy seguro de que Europa se lo va a poner difícil a Pedro Sánchez por salirse de la senda del déficit fiscal con más gasto para 2018, 2019 y 2020. Si yo fuera Pierre Moscovici [el comisario europeo de Economía] estaría aterrado. No hay más que ver el programa de expansión fiscal vía gasto de las Comunidades Autónomas”. Los planes del Gobierno son, en su opinión, “una locura”. Y aunque “la ministra Calviño “sabe lo que se hace, y ella sabe que estas medidas acabarán afectando a las familias, a las pymes, van a subir los impuestos. Si sabes que vamos a crecer menos, haz algo para tener menos gasto. Yo si soy la ministra de Economía, dimito”, subrayó Lacalle en la misma entrevista.

A lo que se refiere el asesor de Casado es a lo que Calviño se trajo hace dos semanas de Bruselas, después de negociarlo con el comisario de Economía de la UE, Pierre Moscovici: un poco de comprensión para no tener que cumplir a rajatabla con la senda de estabilidad que obliga a España, año a año, a rebajar el déficit y la deuda. Basándose en ese margen, bendecido por las mismas autoridades encargadas de fiscalizar la economía española —la credibilidad de Calviño en Bruselas, donde ha trabajado durante años, ha tenido mucho que ver con ello—, el Gobierno ha decidido gastar el año que viene 6.000 millones más de lo que la UE había autorizado al Gobierno de Mariano Rajoy. 6.000 millones que el Ejecutivo de Sánchez quiere utilizar, fundamentalmente, para aliviar los presupuestos de las Comunidades Autónomas repartiendo entre ellas 2.500 millones y contribuir al sostenimiento de las pensiones con otros 2.500 millones —los mil millones restantes irían a la Administración General del Estado.

“Si nos empeñamos en mantener el objetivo” del PP de reducir el déficit al 1,3% del PIB el año que viene, advirtió en su momento Calviño, “estaríamos obligados a tomar medidas de ajuste de gran magnitud que serían tremendamente perjudiciales para la recuperación económica. Se podrían perder entre cuatro o cinco décimas de crecimiento real del PIB y también sufriría la creación de empleo”, advirtió.

Según la ministra de Economía, los objetivos del anterior Gobierno son “inalcanzables” y el nuevo objetivo (el 1,8% para 2019) “permite mantener nuestros compromisos de estabilidad presupuestaria en un escenario realista y al mismo tiempo atender las necesidades de crear empleo y un crecimiento más justo en el futuro”, aseguró nada más compartir el cambio e criterio con las autoridades comunitarias.

Cinco décimas decisivas

Es de esas cinco décimas —del 1,8 al 1,3%— de donde salen los 6.000 millones que el Gobierno de Sánchez quiere usar para aliviar la economía de las comunidades y el déficit de la Seguridad Social.

De ahí que el Gobierno — y los presidentes autonómicos socialistas— se vayan a emplear a fondo señalando al PP como el culpable de mantener vivas las políticas de austeridad que desde hace años desgastan la sanidad, la educación o la dependencia, las tres políticas más relevantes que dependen del dinero de las Comunidades Autónomas. La consigna del Ejecutivo es que, si se pierde la votación en el Senado, al menos que sirva para retratar ante la opinión pública al PP y a Pablo Casado —no a la Unión Europea— como los responsables de ahogar el Estado de bienestar en España.

Con todo, el veto del PP parece, salvo sorpresas de última hora, insalvable en el Senado. Pero antes de llegar ahí el Gobierno tiene que conseguir que la nueva senda de estabilidad se apruebe en la votación prevista para el próximo viernes. Con el voto en contra garantizado de Ciudadanos, el PP y sus satélites territoriales (UPN y FAC), Sánchez necesita sumar más votos a favor que en contra, es decir al menos 170 apoyos. De momento sólo ha confirmado 89 (los del PSOE y el PNV), así que tiene apenas dos días para convencer a Unidos Podemos (67), a Compromís (4), Nueva Canarias (1) y a Esquerra (9). Y eso suponiendo que PDeCAT (8 escaños), EH Bildu (2) y Coalición Canaria no voten en contra. Una complejísima aritmética parlamentaria que el Gobierno todavía no ha conseguido encajar y que amenaza con hacer naufragar los planes del Ejecutivo este mismo viernes.

Si Sánchez no logra sacar adelante la nueva senda de estabilidad ni siquiera en el Congreso, el Gobierno dará por buena la que está en vigor (con vigencia para 2018, 2019 y 2020), pero sus planes de negociar y sacar adelante un proyecto de ley de presupuestos para 2019 se habrán dado de bruces con la realidad. Las dificultades para construir mayorías en la Cámara baja ya han comenzado a alimentar la hipótesis de un adelanto electoral que, de momento, el Gobierno no quiere todavía considerar.

Si la prolongación de la legislatura se hace imposible, Sánchez quiere que se visualice que es como consecuencia de los vetos del PP y de las demandas no satisfechas del independentismo catalán. Y utilizará ese argumento para pedir a los ciudadanos, en campaña electoral, el respaldo que ahora no tiene en el Congreso.

El Gobierno negocia con los grupos para salvar la ampliación de gasto en 2019 con los mínimos cambios posibles

Ver más

La mayonesa

El ministro de Exteriores, Josep Borrell, utilizó un ejemplo culinario para describir la delicada situación del Gobierno de Sánchez aprovechando la visita a Madrid de su homólogo portugués, que forma parte de un Ejecutivo de izquierdas apoyado por fuerzas heterogéneas. Europa tiene mucho que aprender de la experiencia portuguesa, dijo, y del “encaje de bolillos” que han conseguido hacer funcionar, a diferencia de países como Italia o Grecia. Eso sí, admitió: una vez conocida la receta “el problema es cómo aplicarla. Todo el mundo sabe cómo hacer la mayonesa pero a algunos se les corta y a otros no. Es la gracia del cocinero”. España tiene ahora que “conseguir que la mayonesa no se corte”, concluyó.

De las dificultades que enfrenta el Gobierno para que la mayonesa le salga bien dan idea las declaraciones de los representantes de dos de sus socios imprescindibles. La portavoz del Govern y consellera de Presidencia, Elsa Artadi (PDeCAT), dejó claro que la posición de su partido en este asunto en el Congreso es irrelevante si el Gobierno no tiene forma de sortear el veto del PP en el Senado. Y el portavoz de Unidos Podemos en esta Cámara, Ramón Espinar, aunque no quiso adelantar la postura de su formación, sí lanzó una advertencia: el Gobierno se lo está “poniendo francamente difícil” porque ha planteado un techo de gasto que es “un trágala”, sin negociar nada. Unidos Podemos defiende un incremento del techo de gasto de 15.000 millones, casi el triple de la propuesta del Gobierno.