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La CNMC impugna la normativa de viviendas turísticas de Madrid, Bilbao y San Sebastián

  • Según el organismo, los reglamentos de estos ayuntamientos son "contrarias a la competencia" y "perjudican a los consumidores"
  • Antes de la impugnación, recibieron requerimientos previos para que justificasen la necesidad y proporcionalidad de las restricciones

infoLibre
Publicada el 07/08/2018 a las 18:19 Actualizada el 07/08/2018 a las 18:56
Imagen de archivo de un piso en alquiler.

Imagen de archivo de un piso en alquiler.

EP
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha acordado impugnar las recientes normativas urbanísticas municipales de Madrid, Bilbao y San Sebastián en materia de vivienda turística, al considerar que los reglamentos de estos ayuntamientos son "contrarias a la competencia" y a los principios de regulación económica eficiente, y "perjudican a los consumidores y usuarios", informa Europa Press.

La CNMC, antes de la impugnación, envió requerimientos previos a los tres ayuntamientos afectados para que justificaran la necesidad y la proporcionalidad de una serie restricciones impuestas a la hora de alquilar apartamentos y viviendas turísticas, o para que anularan esos requisitos directamente.

En un comunicado el 'superregulador' explica que pretendía de esta forma evitar tener que recurrir las normas ante los tribunales. Sin embargo, al no haber sido contestados satisfactoriamente, Competencia ha presentado el correspondiente recurso contencioso-administrativo.

"Todas estas medidas tienen efectos restrictivos sobre la competencia en las tres ciudades, al impedir la entrada de nuevos operadores y consolidar a los oferentes de alojamientos turísticos ya instalados. Ello provocará precios más elevados en el alojamiento turístico y reducirá la calidad, la inversión y la innovación en los alojamientos turísticos de estas tres ciudades", señala en una nota.

La CNMC considera que estas medidas "no garantizan una mayor calidad de los alojamientos turísticos ni protegen adecuadamente a los ciudadanos". Competencia estima que en ninguno de los tres casos se especifican con claridad los objetivos de interés general que se persiguen, ni se justifica que las medidas elegidas sean las más idóneas para lograrlos.
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