Del 'stamp tax' a la 'imposta ipotecaria': así es el impuesto que se paga en Europa

La polémica decisión del presidente de la Sala Tercera del Tribunal Supremo de revisar la sentencia que obliga a los bancos a pagar el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentos (AJD) cuando conceden un préstamo hipotecario ha puesto los focos sobre uno de los tributos más antiguos del sistema fiscal español. Procede del llamado impuesto del timbre, creado por el reino de Castilla en 1632 y exportado enseguida al resto de Europa. Cuando el Parlamento británico aprobó la Stamp Act en 1765 para que las 13 colonias americanas pagaran por cada documento, periódico o revista a cambio de un sello, las protestas fueron el germen de la revolución que terminaría declarando la independencia de los Estados Unidos.

Hoy en día el impuesto, que recaudan las comunidades autónomas, tiene dos modalidades: por un lado las transmisiones patrimoniales, donde se grava el tráfico entre particulares, y las operaciones societarias; por otro, los actos jurídicos documentados, que pueden ser documentos notariales, documentos administrativos y documentos mercantiles. En 2016 las haciendas autonómicas recaudaron 5.311,64 millones de euros por las transmisiones patrimoniales y 1.816,27 millones por los actos jurídicos documentados, según los datos del Ministerio de Hacienda.

Tan antiguo es el impuesto que la comisión de expertos reunida por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2014 para diseñar la última reforma fiscal propuso su supresión. Aunque sólo cuando lo permitiera “la situación presupuestaria”, teniendo en cuenta su nada despreciable cifra de recaudación. “Somete a gravamen negocios jurídicos que, en la gran mayoría de los casos, no representan verdadera capacidad económica”, argumentaban los sabios, para quienes este tributo no tiene “cabida en un sistema fiscal moderno”. Ni siquiera se mostraban a favor de convertir el impuesto sobre actos jurídicos documentados en una tasa, puesto que “el coste del servicio ya se encuentra cubierto por los aranceles notariales y registrales”. El tipo del impuesto varía según la comunidad autónoma: del 0,5% de Ceuta y Melilla, y el 0,75% de Madrid, al 1,5% de Cataluña, Andalucía, Murcia, Castilla y León, Galicia, Aragón y Comunidad Valenciana.

El caso es que el impuesto sobre transmisiones patrimoniales existe en casi todos los países del mundo. Sólo en cuatro de las 35 naciones de la OCDE no se recauda: Estados Unidos, República Eslovaca, Polonia y Estonia. No ocurre lo mismo con el impuesto sobre actos jurídicos documentados, que dibuja una paisaje menos homogéneo. No obstante, se aplican stamp taxes o stamp duties –impuestos del timbre–, con variaciones, en la mayor parte de la Unión Europea.

El 'imposto do selo' lo paga el banco

En Portugal se llama imposto de selo, y se paga por todo tipo de contratos, títulos, libros e informes y también en el momento de firmar una hipoteca. El abono lo hace el prestamista, si es un particular, pero si intervienen un notario o un banco, es la entidad financiera la que debe declararlo y pagarlo. El tipo es del 0,8% del valor de compra del inmueble cuando se formaliza la escritura de la casa. Después, al recibir el préstamo solicitado, se paga según el plazo: un 0,5% si es de uno a cinco años, y un 0,6% a partir de cinco años. Además, se abona un 4% sobre las comisiones que cobra el banco por la operación.

En Francia, además de las tarifas del notario, quien compra una casa debe pagar no sólo los droits de mutation (derechos de transmisión) sino también los de registro (taxes de publicité foncière), que varían según el departamento. Si la propiedad tiene más de cinco años de antigüedad, el tipo es del 5,09% al 5,8% dependiendo del departamento, pero no pagan el IVA. Si tiene menos de cinco años, el tipo es del 0,7%, pero deben abonar el IVA, un 20%.

Italia cobra una imposta di registro, que paga el comprador de la vivienda. El importe depende de si se trata de la primera residencia, abona un 2% del valor catastral, pero un 9% si es una segunda vivienda. En ambos casos, no puede tributarse menos de 1.000 euros. Si el inmueble lo vende una sociedad, no un particular, el comprador paga el IVA y una tasa fija de 200 euros. Pero también hay que ingresar una imposta ipotecaria, una cantidad fija que varía de 50 a 200 euros dependiendo de si el vendedor es un particular o una empresa.

El 80% de los británicos no paga

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En Reino Unido existe la stamp duty land tax, que difiere si se paga en Escocia o en Gales. Al comprar una vivienda a partir de 125.000 libras –141.475 euros– o un inmueble no residencial a partir de 150.000 libras, en efectivo a mediante una hipoteca, se abona un 2% del precio de adquisición hasta 250.000 libras, un 5% entre esa cantidad y 925.000 libras, un 10% hasta 1,5 millones y un 12% a partir de esa cifra. En 2017 el Gobierno británico suprimió la stamp duty en Inglaterra y Gales para viviendas por debajo de los 300.000 euros si se trata de una primera residencia. Y se redujo al 5% el impuesto si el precio no supera las 500.000 libras. De forma que el 80% de las operaciones han quedado exentas del tributo. Por el contrario, la compra de una segunda residencia está gravada con un 3% adicional.

Alemania aplica un Grunderwerbsteuer, un impuesto sobre las transmisiones inmobiliarias, que tiene un tipo del 3,5% en Baviera y Sajonia, pero que se eleva al 4,5% en Hamburgo, al 5% en Baden-Württemberg, al 5,5% en el Sarre y hasta un 6,5% en Schleswig-Holstein. Aparte, el comprador debe pagar los gastos del notario a una tasa fija, que va del 1,2% al 1,5% del precio de compra del inmueble. También tiene que abonar una tasa de registro (Grundbuchgebühren), de entre el 0,8% y el 1,2% del valor de la propiedad.

Más de 250 años después de que el impuesto del timbre prendiera la mecha de la revuelta, Estados Unidos carece de un impuesto federal sobre los actos jurídicos documentados, pero los estados sí que gravan las operaciones inmobiliarias cuando se elevan a escritura pública, así como los préstamos hipotecarios. Alabama, Florida, Kansas, Minnesota, Nueva York, Oklahoma, Tennessee, Virginia y Washington DC cobran un mortgage tax, un impuesto sobre las hipotecas. Florida recauda un documentary stamp tax de 70 céntimos por cada 100 dólares del valor de la operación. Nebraska, de 2,25 dólares por cada 1.000 dólares del precio. Minnesota exige 1,65 dólares por cada 500 dólares del valor de compra. Nueva York tiene un mortgage recording tax de 0,50 dólares por cada 100, con una tass adicional de 0,25 dólares. Oklahoma cobra 0,75 dólares por cada 500 de documentary stamp tax y entre 0,02 y 0,10 por cada 100 por registrar la hipoteca. Pensilvania, un 1%. También hay que pagar por los mismos conceptos en Virginia, Maryland o el distrito de Columbia.