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Los abusos de la banca

Los clientes siguen pagando (de momento) el impuesto hipotecario

Oficinas de diferentes bancos españoles.

En pleno maremoto provocado por los bandazos del Tribunal Supremo en relación con el impuesto hipotecario, el sector bancario mantiene inalterable su posición a la espera de la postura definitiva de la Justicia. Cinco días después de que la Sección Segunda del Alto Tribunal dictaminase que son las entidades financieras, y no los clientes, las que tienen que afrontar el pago del impuesto sobre actos jurídicos documentados en las escrituras ante notario de los préstamos hipotecarios, un importante giro que sólo un día después fue suspendido temporalmente por el presidente de lo Contencioso-Administrativo, los principales bancos españoles siguen pasando la factura de este tributo a todas aquellas personas que firmen con ellos una hipoteca mientras se resuelve el entuerto jurídico, según han confirmado a infoLibre fuentes del sector. Y tampoco han optado por incluir cláusulas en los contratos en las que se comprometan a reclamar ante la Hacienda autonómica el dinero del cliente si el Pleno convocado para el próximo 5 de noviembre termina confirmando el viraje jurisprudencial.

Los bancos españoles han ido moviéndose en los últimos días en función de las noticias que llegaban desde el Supremo. El primer paso lo tuvieron que dar el pasado jueves, cuando la Sección Segunda del Alto Tribunal, experta en materia de tributos, dictaminó a raíz de un recurso de casación interpuesto por la Empresa Municipal de la Vivienda de Rivas Vaciamadrid que “el obligado” al pago del impuesto sobre actos jurídicos documentados “es el acreedor hipotecario, sujeto en cuyo interés se documenta en instrumento público el préstamo que ha concedido y la hipoteca que se ha constituido en garantía de su devolución”. El fallo, que salió adelante por cinco votos a favor y uno en contra, hizo que las entidades financieras se desplomaran en bolsa y obligó a las patronales bancarias AEB, CECA y Unacc a lanzar un comunicado en el que exigían “seguridad jurídica” y aseguraban que a partir de la sentencia cumplirían “con el nuevo criterio establecido por el Tribunal Supremo”.

Pero la situación cambió solo veinticuatro horas después. El viernes por la mañana, el presidente de lo Contencioso-Administrativo, Luis María Díez-Picazo, dejó en suspenso el giro jurisprudencial de sus magistrados y avocó al Pleno de la Sala la decisión sobre otro recurso con el mismo objeto para determinar si se confirmaba o no el cambio de criterio. Un movimiento que levantó una enorme polvareda dentro de la propia judicatura, que se preguntaba por qué Díez-Picazo no había mandado el primer recurso directamente a los 31 magistrados del Pleno si era consciente de la “importante trascendencia social” que tenía el caso, tal y como consta en hasta cinco autos que él mismo firmó. La marcha atrás del presidente de lo Contencioso-Administrativo vino seguida de las declaraciones del portavoz de la patronal bancaria AEB, José Luis Martínez Campuzano, quien señaló que la sentencia dictada el jueves tendrá efectos a partir de la fecha de publicación.

Contratos sin cláusulas adicionales

Cinco días después del primer fallo, y cuatro después del movimiento de Díez-Picazo, los principales bancos españoles aseguran a este diario que la operativa que están siguiendo es la misma que “antes de que se iniciara todo el lío” a la espera de lo que dictamine finalmente el Supremo el próximo 5 de noviembre. Así, las cuatro grandes entidades por volumen de activos –Banco Santander, BBVA, Caixabank y Bankia– siguen cobrando al cliente el impuesto sobre actos jurídicos documentados en las escrituras ante notario de los préstamos hipotecarios que conceden. Y lo hacen, según explican fuentes de uno de estos grandes bancos, porque “hasta que la sentencia no se publique en el Boletín Oficial del Estado, es firme pero no es efectiva”. “El impuesto sigue liquidándose con cargo a la provisión de fondos que hace el cliente”, explican desde la entidad que preside Ana Patricia Botín. Una operativa que también están siguiendo Banco Sabadell o Kutxabank.

“En el caso de las hipotecas programadas para firmar, nosotros hemos dado al cliente la opción de que siga adelante con la firma o se espere hasta que se aclare la situación”, señalan desde Bankia. Sin embargo, ni la entidad que preside José Ignacio Goirigolzarri ni tampoco el Santander, Caixabank o BBVA, que desde el viernes no está dando “información sobre nuevas hipotecas”, han acordado por escrito con los hipotecados qué harán en el caso de que finalmente el Pleno del Supremo ratifique el giro jurisprudencial del jueves. “No hemos incluido ninguna cláusula en los contratos en la que nos comprometamos a reclamar [a las haciendas autonómicas] la devolución del impuesto en el caso de que se confirme el cambio de criterio”, señalan desde una de las entidades. “No tiene sentido ninguna cláusula. Sin ella, van a seguir teniendo igualmente cuatro años para reclamar la cantidad abonada a la hacienda autonómica que corresponda”, sostienen fuentes de otro de estos grandes bancos.

Tampoco Kutxabank está dando esta opción a sus clientes. “Me han dicho que tengo que pagar el impuesto y que, si luego el Supremo ratificaba lo del pasado jueves, que ya veríamos, pero no se han comprometido por escrito a nada”, explica a infoLibre Ramón (nombre ficticio), que está en proceso de suscribir un préstamo hipotecario con la entidad. Banco Sabadell, por el contrario, sí que ha decidido abrir esta vía con el objetivo de “poner un poco de luz” y dar a los nuevos hipotecados “seguridad”. “Imagina que hay un cliente que tiene que firmar, porque así se ha acordado, antes del próximo 5 de noviembre y tiene dudas sobre lo que pueda pasar con este tema. Pues nosotros le damos esa solución y acordamos con él poner una cláusula en la que se establezca que si la situación cambia –es decir, si el Pleno del Supremo mantiene el viraje jurisprudencial–, el dinero que estaba avanzando [para pagar el impuesto sobre actos jurídicos documentados] se le retorna y lo paga el banco”, concretan.

Más de 8.000 millones de capitalización perdidos

Desde que se conoció el cambio de criterio del Tribunal Supremo respecto al impuesto sobre actos jurídicos documentados, el sector bancario no ha parado de despeñarse en Bolsa. A pesar de la sensación de absoluta normalidad que intentan transmitir en relación con la cuestión de los préstamos hipotecarios, cinco de las seis entidades financieras que cotizan en el Ibex 35 han vuelto a cerrar de nuevo este martes la jornada en negativo. Sabadell ha sido el que ha sufrido el desplome más importante, perdiendo un 3,32%, seguido de Caixabank, Bankinter, Santander y BBVA, que han experimentado bajadas del 2,17%, 1,67%, 1,52% y 0,52%, respectivamente. Sólo Bankia ha logrado cerrar en positivo, con un ligero avance del 0,49%. Sólo desde el pasado jueves, y a pesar del repunte del viernes, el sector bancario español se ha dejado en el parqué más de 8.000 millones de euros de capitalización.

A la espera de que el Supremo decida finalmente sobre la cuestión, los bancos contienen la respiración ante el importante impacto económico que podría tener para ellos una ratificación de la línea marcada en la sentencia del pasado jueves. En este sentido, las cifras que se barajan son muy dispares. La agencia de calificación crediticia Moody’s, por ejemplo, calculó el pasado mes de marzo que el coste para el sector podría ser superior a los 4.000 millones. Y la casa de análisis Kepler Cheuvreux señaló el pasado febrero que, con la sentencia dictada entonces por la Sala de lo Civil del Supremo, que dictaminaba que eran los clientes los que debían afrontar el pago del tributo hipotecario, los bancos habían esquivado un impacto en reclamaciones de unos 6.000 millones. Los últimos cálculos que se han hecho al respecto desde que se conoció el último fallo del Alto Tribunal –elaborados por Goldman Sachs, Société Générale y JP Morgan– se mueven entre los 2.800 y los 7.100 millones de euros de impacto.

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Querella contra Díez-Picazo

El cuestionado movimiento realizado por Díez-Picazo para dejar en stand by el cambio de criterio de sus magistrados ha puesto al presidente de lo Contencioso-Administrativo del Supremo bajo la lupa. Si el pasado lunes fue parte de la judicatura la que pidió su “inmediata dimisión” por “poner en tela de juicio la imparcialidad e independencia de los jueces”, este martes el que ha decidido mover ficha ha sido Podemos. La formación encabezada por Pablo Iglesias ha interpuesto una querella por prevaricación contra el presidente de lo Contencioso-Administrativo al entender que los pasos que dio respondieron “única y exclusivamente a 'la enorme repercusión económica' de la sentencia para las entidades financieras” y “no a que 'se estime necesario para la administración de justicia”. Por ello, solicitan que se investiguen la relación de llamadas telefónicas efectuadas y recibidas por el magistrado entre el la fecha de la sentencia y el día en que emitió el polémico comunicado.

Con esta querella, la formación morada quiere aclarar cuáles han podido ser “los motivos reales y espurios” que llevaron a Díez-Picazo a adoptar una resolución “que beneficia únicamente a las entidades financieras y no al conjunto de la sociedad”. En este sentido, Podemos entiende que “la relación profesional del querellado con la Asociación Española de Banca plantearía la cuestión de la presunta existencia de un conflicto de intereses y ha podido conducir al magistrado querellado a dictar la resolución de dejar sin efecto los señalamientos pendientes y avocar al pleno para conocer de ellos”. Como publicó infoLibre este martes, el presidente de lo Contencioso-Administrativo del Supremo permaneció contratado seis cursos –de 2011 a 2017– como profesor por Cunef, un centro universitario propiedad de la Asociación Española de Banca (AEB).

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