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Transparencia

El Ibex da la espalda al registro de 'lobbies' de Competencia: sólo se han inscrito tres empresas en dos años y medio

Pantalla de cotizaciones del Ibex 35 en la Bolsa de Madrid.

El registro de grupos de interés de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) no acaba de despegar en lo que tiene que ver con la acogida en las empresas del Ibex 35. Tres años y medio después de su entrada en vigor –nació en marzo de 2016– sólo tres empresas del selectivo han decidido inscribirse. Se trata de una cifra que ha estado estancada en los dos últimos años. 

Del listado de las 35 grandes empresas sólo se han inscrito en el registro del superregulador Cellnex, Red Eléctrica Corporación (R.E.C.) y Telefónica. La inclusión en el mismo es voluntaria, pero no es ningún secreto que estas grandes firmas mantienen una relación fluida con la CNMC. 

A ojos del organismo, "es prudente exigir que esta relación sea lo suficientemente transparente, y dotada de mecanismos de control, de forma que permita a cualquier ciudadano conocer cuál es la relación que mantienen con nosotros, y en qué medida sus actuaciones contribuyen a modificar o a conformar nuestras decisiones". Un ejercicio de transparencia con el fin de que se conozca "quién influye, sobre quién lo hace, con qué medios y con qué resultados".

Todos los grupos de interés y las personas que los representan que se inscriben en esta plataforma se comprometen a cumplir un código ético, además de la legislación vigente. Uno de los puntos de este decálogo establece la obligación de "no influir ni intentar influir en la toma de decisiones de manera deshonesta ni obtener o intentar obtener información de manera deshonesta o a través de un comportamiento inapropiado".

Desde la CNMC explican a infoLibre que a día de hoy, hay inscritas 432 empresas en este registro.

La brecha respecto a la UE

Si ponemos estos datos en el contexto europeo llama la atención que el grueso de las empresas del Ibex den la espalda en España a algo a lo que sí dan valor en Bruselas. Los datos recopilados por este diario reflejan una brecha enorme. Si en el registro de lobbies de la CNMC sólo se han inscrito tres de estas grandes empresas, en el registro de transparencia de la UE la cifra se multiplica por ocho. Veinticuatro empresas del Ibex 35 figuran en el listado. Son las siguientes: Acciona, Acerinox, Aena, Amadeus, Arcelormittal, Banco Sabadell, Banco Santander, Bankia, BBVA, Caixabank, Cellnex, Enagas, Endesa, Ferrovial, IAG, Iberdrola, Indra, Mediaset, Naturgy, Red Eléctrica, Repsol, Siemens Game, Técnicas Reunidas y Telefónica.

Restando de este listado las tres empresas que sí están presentes en el registro del superregulador llegamos a la conclusión de que 21 empresas del Ibex 35 ocultan en España la función de lobbies que sí admiten en Bruselaslobbies .

En su artículo "Cultura y desconfianza en las instituciones: la forma y el contenido", Jesús Callejo, técnico del Departamento de Control Interno de la CNMC, aborda esta contradicción: "Nos comprometemos con unos principios básicos aceptados por nuestras empresas y asociaciones en el ámbito europeo ¿Por qué no lo hacen en el nuestro? No debe ser un problema cultural puesto que se reconoce su importancia más allá de nuestras fronteras", afirma.

En este sentido, recuerda que ya hay datos de las grandes cifras que mueven los profesionales del lobby para mejorar su capacidad de influencia en los organismos europeos. "También sabemos que su inscripción conlleva la publicación automática de todas las reuniones que se celebren con los comisarios, parlamentarios, grupos de expertos o comités de alto nivel", añade. Pero "no sabemos, ni por aproximación, cuántos recursos se dedican en España a influir legítimamente en nuestras instituciones".

Desde el pasado 3 de octubre, el Registro de Transparencia de la UE incluye una lista de las reuniones mantenidas por los inscritos con los comisarios y sus asesores más cercanos. "Esta incorporación permite una mayor transparencia y acrecienta la disponibilidad de datos en el registro", defienden.

Los lobbies en España: asignatura pendiente

Con una legislación específica en este campo, los ciudadanos podrían conocer la trazabilidad, la huella de las leyes que les afectan. Es decir, qué agentes, empresas o colectivos han influido en la redacción final de la legislación y qué ha aportado cada uno de ellos.

En España la transparencia en este campo lleva siendo una asignatura pendiente desde 1978. En el informe Una evaluación del lobby en España. Análisis y propuestas, la organización Transparencia Internacional España hace un detallado repaso de las iniciativas que han intentado regular la figura de los grupos de presión en España. Han tenido escaso éxito.

Cuando se estaba redactando la Constitución, Alianza Popular (AP) presentó un voto particular que incorporaba al artículo 77, el que contempla el derecho de petición ciudadana, dos nuevos puntos. En el primero de ellos se recogía que las comisiones parlamentarias podrían recibir "delegaciones de grupos legítimos de intereses, en sesiones que siempre tendrán carácter público". En el segundo establecía que una ley orgánica fuese la encargada de crear un sistema de control y registro para los lobbies

Tuvieron que pasar más de 10 años, en 1990, para que el tema volviese a aparecer sobre la mesa. El Grupo Parlamentario Popular registró una proposición no de ley para la regulación "de los despachos que gestionan intereses particulares confluyentes con intereses públicos". Hubo algún avance en el debate porque se aceptaron enmiendas del PSOE. Pero no pasó de ahí. Las proposiciones no de ley sólo fijan una posición política, pero no son vinculantes.

El Centro Democrático y Social (CDS) lo intentó con otra proposición no de ley en 1993. Reclamaba al Gobierno una legislación sobre los lobbies que actúan en los parlamentos. Fue aprobada por una amplia mayoría pero después no fue promovida.

Rajoy prometió pero no hizo nada... pese a la mayoría absoluta

Mariano Rajoy llegó al Gobierno en noviembre de 2011. Lo hizo con una amplia mayoría absoluta. En sus grandes discursos nunca faltó esta promesa. Pero después ni la incluyó en su Ley de Transparencia ni utilizó su mayoría absoluta para legislar al respecto.

Los escándalos de corrupción de los últimos años han provocado que la labor de los lobbies se haya visto plagada de connotaciones negativas. Las empresas y consultoras especializadas en esta materia coinciden en que sólo con una regulación que obligue a la transparencia la sociedad tomará conciencia de que no es malo que los políticos se acerquen a los sectores sobre los que tienen que legislar.

Iniciativas actuales

En el Congreso de los Diputados hay en la actualidad dos iniciativas para la regulación de los grupos de presión. Son dos proposiciones oposición de reforma del Reglamento del Congreso, una del Grupo Parlamentario Popular y otra del Grupo Parlamentario Mixto.

La del Grupo Parlamentario Popular lleva 55 ampliaciones del plazo de enmiendas. La del Grupo Mixto está pendiente todavía de la toma de consideración en el Pleno de la Cámara baja. 

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El último informe del Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO), hacía hincapié en la necesidad de la regulación de los lobbies. Al respecto, la presidenta del Congreso, Ana Pastor, pidió a los grupos que impulsaran la citada proposición de ley presentada por el PP, más avanzada en la tramitación que la del Mixto, para crear un registro público de estos grupos de interés. En su día, la Mesa de la Cámara mostró su deseo de que con esa reforma reglamentaria del PP se aprovechase para tratar la "huella legislativa" de las leyes y así determinar qué sectores y grupos de influencia han intervenido en la gestión de una ley, informa Europa Press.

La propuesta inicial del PP propone la inclusión de un nuevo artículo, el 107 bis, en el Reglamento del Congreso. "El Congreso de los Diputados dispone de un registro público de carácter obligatorio en el que deben inscribirse los representantes de grupos de interés que mantengan encuentros con los diputados y el personal adscrito a su labor parlamentaria con el objetivo de trasladar sus intereses y propuestas", puede leerse en el texto.

La iniciativa define grupo de interés "a aquellas personas físicas o jurídicas que lleven a cabo de manera organizada acciones para influir en el poder legislativo en defensa de los intereses comunes de sus miembros". Y otorga a la Presidencia de la Cámara toda la capacidad de control: "Corresponde a la Presidencia del Congreso de los Diputados, con apoyo de la Secretaría General, la supervisión de la aplicación de esta normativa, incluyendo la verificación de los datos objeto de registro, la concesión de acceso y la propuesta a la Mesa de la retirada del mismo".

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