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Hipotecas

Lesmes no asume ninguna responsabilidad e insta al Gobierno a modificar la ley hipotecaria

  • En su opinión, "se producen problemas de interpretación cuando las leyes no son claras"
  • Asegura que la postura de los magistrados que fallaron a favor de los bancos "es plenamente legítima"

Publicada el 07/11/2018 a las 12:14 Actualizada el 07/11/2018 a las 17:51
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El presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes.

El presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes.

EUROPA PRESS
El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, ha instado al Gobierno y el Parlamento a acometer una reforma de la legislación hipotecaria para "clarificar" quién debe pagar el impuesto sobre este tipo de préstamos, ya que en su opinión, "se producen problemas de interpretación cuando las leyes no son claras".

En declaraciones a los medios, Lesmes ha defendido en cualquier caso la decisión adoptada por el Pleno del Tribunal Supremo, donde 28 magistrados se decantaron este lunes por 15 votos frente a 13, por hacer recaer el pago de ese impuesto sobre los ciudadanos. "La postura de todos ellos es plenamente legítima", ha apostillado. "Creo que ahora mismo, las Cortes Generales tienen una magnífica oportunidad porque hay proyectos de ley en trámite, para clarificar de forma definitiva quién tiene que ser el sujeto pasivo en los contratos de préstamos con garantía hipotecaria", ha señalado.
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1 Comentarios
  • P. González P. González 07/11/18 13:52

    Aparte de decir públicamente que acudiré al próximo sábado a las 18:00 a la Plaza de la Villa de París (metro Colón) para expresar mi vergüenza y rechazo al comportamiento de la cúpula del cada día más desacreditado Tribunal Supremo y una buena parte de sus magistrados en el asunto del pago del “Impuesto de las hipotecas”, pienso que, haciendo de necesidad virtud, debemos aprovechar esta subida de adrenalina de los más “mansos” (porque muchos ya la tenemos permanentemente alta) para forzar al Gobierno a liquidar legalmente esta práctica en el futuro.

    Pero, sobre todo, me parece una muy buena oportunidad para revindicar, cargados de una nueva y poderosa razón (por si las que ya existen a algunos no les parecen suficientes), la creación de una Banca Pública que haga frente y ponga coto a los abusos del sistema financiero y, en la medida en que no pueda lograrlo, que –al menos- parte del fruto de ese saqueo legal, revierta en las arcas públicas.

    De hecho, para conseguir ese objetivo no hay que hacer más que un par de cosas relativamente sencillas, si se tiene el coraje político y no se tienen “hipotecas” (políticas).

    La primera consiste simplemente en decidir NO VENDER (malvender sería el caso) el 70% del capital (61,33% el FROB y 6,67 % “Institucional español”, según datos de la propia entidad a 31/09-2018) que está en manos del Estado, es decir “nosotros” (incluido “el emérito”) simplemente porque ya pagamos (con creces) por ello.

    Y la segunda, como “dueños” del 70% del banco (ya no es caja de ahorros) ordenar taxativamente a su Presidente, que ese banco no practique las artes de rapiña del resto de su competidores y que suprima el reparto de dividendos, hasta haber devuelto al Ministerio de Hacienda la totalidad de los más de 23.000 millones que hubo que prestarle y que, entretanto, limite drásticamente los sueldo de la cúpula directiva de la entidad.

    Si fuéramos capaces de conseguir algo parecido, quizá debiéramos terminar agradeciendo a los prevaricadores del Tribunal Supremo, su reciente tropelía.

    Saludos.

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