La banca admite tener varias vías para repercutir el impuesto hipotecario sobre el cliente pero descarta hacerlo ya

Cuarenta horas después de que el poder judicial tomase la tan criticada decisión sobre el futuro del impuesto hipotecario, el poder ejecutivo mueve ficha. Este jueves, el Consejo de Ministros ha dado luz verde al real decreto que modifica el artículo 29 de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados para dejar bien claro que a partir del próximo sábado –cuando entra en vigor el cambio normativo– serán los bancos, y no los clientes, los que tengan que hacer frente al pago del gravamen en las escrituras ante notario de los préstamos con garantía hipotecaria que concedan. Con este movimiento, el Gobierno pone fin a dos semanas de bandazos e inseguridad jurídica. Ahora, la pelota está sobre las entidades financieras, que deberán decidir si repercutirán a partir de ahora el pago de este tributo sobre los clientes. Fuentes del sector bancario consultadas por infoLibre aseguran que tienen “diferentes vías” para hacerlo, pero no creen que se vaya a hacer de forma inmediata.

Las últimas dos semanas han sido frenéticas tanto para los clientes como para los bancos. El primer acto de la larga función se produjo el pasado 18 de octubre, cuando la Sala Tercera del Supremo, experta en materia tributaria, hizo pública una sentencia en la que dictaminaba, en contra del criterio jurisprudencial que había mantenido tradicionalmente el Alto Tribunal, que tenían que ser los bancos, y no los clientes, los que debían hacer frente al pago del impuesto hipotecario. Veinticuatro horas después, en una decisión inédita, el presidente de lo Contencioso-Administrativo, Luis María Díez-Picazo, decidió elevar el asunto al Pleno para que sus miembros decidiesen si el “giro radical” debía o no ser confirmado. La reunión de los magistrados, que se prolongó durante dos jornadas, se cerró el pasado martes con una decisión que ha sido enormemente criticada: por 15 votos a 13, un dividido Pleno se inclinó por que finalmente fuesen los clientes, y no las entidades financieras, los que afrontasen el gravamen.

Ante el enorme revuelo social provocado por un Supremo que se encuentra ahora en plena crisis de confianza, el Ejecutivo ha decidido tomar cartas rápidamente en el asunto. Así, este jueves, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha lamentado la “gran alarma social e inseguridad jurídica” provocada por el Alto Tribunal y ha anunciado la aprobación del real decreto ley para endosar el pago del tributo a los bancos. En concreto, en el artículo 29 de la norma anteriormente citada, se incluirá el siguiente párrafo para precisar “con toda claridad” quién tiene que asumirlo: “Cuando se trate de escrituras de préstamos hipotecarios se considerará sujeto pasivo al prestamista”. Además, ha añadido Montero, se modificará también el artículo 15 de la Ley del Impuesto de Sociedades para que el gasto por el gravamen hipotecario esté considerado “como no deducible por parte del prestamista”. “El Gobierno velará por que no se produzca un traslado de costes al cliente”, ha sentenciado en rueda de prensa.

Con estas últimas palabras, la ministra de Hacienda se refería a la posibilidad de que a partir de ahora los bancos decidan repercutir sobre los clientes el pago de este tributo modificando los precios de las hipotecas. Es algo de lo que oficialmente ya alertó el sector a finales de octubre. “Si te aumentan los costes, tienes que pensar a qué precio puedes vender ese producto”, dijo entonces el presidente de la Asociación Española de Banca (AEB) –la patronal del sector–, José María Roldán, durante una entrevista en la Cadena Ser. A título individual, entidades como BBVA, Bankinter o el Santander también contemplaron la posibilidad de trasmitir el coste a los clientes durante los días previos a la celebración del Pleno de lo Contencioso-Administrativo. “No podemos dar hipotecas que no sean rentables, no se puede vender por debajo del coste”, aseveró en declaraciones a los medios la consejera delegada de Bankinter, María Dolores Dancausa.

“Es fácil de repercutir”

La agencia de calificación crediticia Moody's ha asegurado este jueves, después de que el Consejo de Ministros diese luz verde a la modificación de la ley, que el impacto sobre la rentabilidad de las entidades financieras por el cambio normativo será “limitado”, teniendo en cuenta el amplio abanico de opciones de las que disponen para proteger sus márgenes. Fuentes de varios de los principales bancos españoles consultadas por infoLibre detallan que tienen “muchas” vías para poder trasladar el pago del tributo indirectamente a los clientes. “Es fácil de repercutir”, sostienen desde una de las cuatro grandes entidades financieras. “En primer lugar, se puede fijar una comisión de apertura, pero también se puede elevar el tipo del primer año, por ejemplo”, explican fuentes de otro importante banco. “O añadiendo otras vinculaciones a la contratación de la hipoteca”, completan desde el sector. No obstante, dicen, lo más directo y sencillo sería elevar el diferencial sobre el euríbor.

A pesar de este amplio abanico de opciones, algunas fuentes bancarias pulsadas por este diario dudan que las entidades vayan a repercutir el tributo sobre los clientes de forma inmediata. “Nosotros no vamos a tocar nada de momento, asumiremos nosotros el pago, tenemos capacidad para hacerlo. Eso no quiere decir, no obstante, que no se lo terminemos cargando al cliente en un tiempo”, apostillan fuentes de uno de los principales bancos, que afirman que un cambio tan brusco en los precios de las hipotecas de forma repentina sería “una locura”. Coinciden otras fuentes del sector consultadas: “No creo que en un mercado con una alta competencia, las entidades financieras decidan subir de pronto cinco puntos el diferencial, porque se quedarían fuera del mercado”. No obstante, de forma oficial, la mayoría de los bancos apuntan que “se está estudiando” y que todavía no se ha tomado ninguna decisión.

Esta competitividad dentro del sector es a lo que se agarraron en las últimas veinticuatro horas tanto el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como la ministra de Hacienda, cuando se les cuestionaba por la posibilidad de que indirectamente se trasladara el pago del tributo a los consumidores a través de una subida de precios. “Yo espero y deseo que no (lo repercutan). (…) Estamos dentro de la UE y ahí están también los tipos que ofertan otros bancos. Pero también se abre un debate de si puede haber cláusulas abusivas. En ese sentido apelo a la responsabilidad del sector financiero”, señaló el jefe del Ejecutivo. Siempre que se habla de un incremento en el esfuerzo que tienen que hacer las empresas o los bancos al pagar más impuestos, se dice que se debe repercutir en los ciudadanos. El Gobierno no cree que eso deba ser así y espera que los bancos actúen siguiendo las reglas del mercado, donde actúa la competencia”, insistió Montero este jueves tras el Consejo de Ministros.

“A partir de ahora ya sabemos a lo que jugamos”

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El Gobierno ha asegurado que “velará para que no se produzca un traslado de costes”, unas declaraciones que critican fuentes del sector: “Hay una cosa llamada libre mercado y como banco pondré el precio que quiera”. Además, la titular de Hacienda ha anunciado también que el Ministerio de Economía está trabajando en la creación de la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero, una figura que debería estar funcionando desde el pasado 3 de julio, cuando cumplía el plazo de ocho meses que se estableció en la Ley 7/2017 para la puesta en marcha del sistema institucional de protección al cliente financiero. “¿Por qué no se crea también una figura para vigilar los precios de la gasolina o los de la luz?”, se quejan estas mismas fuentes bancarias, que recuerdan que sus actuaciones están supervisadas en todo momento tanto por el Banco de España como por el Banco Central Europeo.

Este jueves, durante la V Edición de los Premios Cepyme recogida por Europa Press, el consejero delegado del Banco Santander en España, Rami Aboukhair, ha cuestionado el cambio en las reglas de juego que ha afectado a las entidades financieras: “Cuando pensamos que sabemos las respuestas nos cambian las preguntas”. Sin embargo, desde uno de los cuatro grandes bancos españoles se muestran relativamente contentos por haber esquivado la retroactividad, que hubiese supuesto un duro golpe sobre sus cuentas, y por la decisión de que el Ejecutivo haya atajado el asunto vía real decreto. “Es mejor así porque para el próximo lunes las reglas estarán completamente claras. Si se hubiera hecho a través de la Ley Hipotecaria, la tramitación hubiera sido más lenta y compleja”, comentan fuentes del sector. “Al menos, a partir de ahora ya sabemos a lo que jugamos”, coinciden desde otra entidad.

Después de dos semanas de incendio en el Tribunal Supremo, el tema del gravamen sobre actos jurídicos documentados en las escrituras ante notario de los préstamos con garantía hipotecaria puede terminar llegando a Estrasburgo. El Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, cuya Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo ha sido protagonista en todo el conflicto, prevé plantear ante el Alto Tribunal un incidente de nulidad de actuaciones contra la sentencia en la que los magistrados del Pleno fallaron a favor de que pague el cliente, informa Europa Press. Según el abogado del consistorio, Ramón Casero, intentarán apoyarse en alguna “irregularidad formal”, como por ejemplo, menciona, que el Pleno no convocó a las partes. Si el incidente de nulidad fuese desestimado, el letrado señala que acudirá en amparo al Constitucional y no descarta llevar el caso hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.