La imposibilidad de cambiar el objetivo de déficit obliga a Sánchez a reescribir su proyecto de Presupuestos para 2019

El Gobierno no se rinde. Pedro Sánchez tiene intención de aprobar y enviar al Congreso a mediados de enero su proyecto de Presupuestos para 2019 a pesar de que la iniciativa está lejos de suscitar el apoyo mayoritario de la Cámara baja.

Lo hará fuera de plazo —para entonces la prórroga de los presupuestos de 2018 ya llevará dos semanas en vigor— y con un objetivo de déficit mucho más exigente de lo que le gustaría —el 1,3 en vez del 1,8—, porque no tiene ninguna posibilidad de modificarlo antes de esa fecha. Pero aún así su intención es incluir el conjunto de medidas sociales que pactó con Unidos Podemos. Entre ellas la reversión de los recortes de sanidad y educación, el aumento de un 3% de las pensiones mínimas y no contributivas (las demás subirían un 1,6%), un incremento del presupuesto para dependencia de 515 millones de euros, el comienzo de la eliminación del copago farmacéutico, una subida del 38% –hasta los 630 millones de euros– del capítulo dedicado a políticas de vivienda o la recuperación del subsidio por desempleo para mayores de 52 años.

Son medidas que en su conjunto, según el Ministerio de Hacienda, de llegar a implementarse tendrían un impacto económico global de gasto de 5.098 millones de euros: 1.922 millones en la Administración del Estado y el resto en la Seguridad Social y en las Comunidades Autónomas.

Las grandes cifras del Presupuesto sobre las que trabajaba hasta ahora el Ejecutivo situaban el aumento del gasto público total en un 3,1%, alcanzando los 515.552 millones de euros. Y el aumento de los ingresos públicos en un 5,7%, hasta los 493.000 millones. Una diferencia —suben más los ingresos que los gastos— con la que Sánchez trataba de dejar claro ante Bruselas su compromiso con la reducción del déficit público.

Sin el cambio en los objetivos de déficit que pretendía, Sánchez se verá obligado a aprobar, al menos sobre el papel, un Presupuesto con una previsión de déficit del 1,3 del PIB. Y eso, según los cálculos de la ministra Montero, “implicaría una retirada de 11.000 millones de euros, y supondría un lastre para el crecimiento económico y para la creación de empleo”.

Sería un objetivo marcado sobre el papel, pero no en las intenciones reales del Gobierno. Porque la propia ministra de Hacienda ha dejado claro que aunque el Presupuesto arranque con la senda del 1,3 el Gobierno no renuncia a conseguir la modificación de este objetivo a lo largo del año, de manera que acabe siendo del 1,8, lo que sugiere la posibilidad de que el Ejecutivo desafíe la cifra oficial en la confianza de que una modificación de la Ley de estabilidad presupuestaria le permita blanquear cinco décimas adicionales de déficit, las mismas que la ministra de Economía, Nadia Calviño, trasladó a la Comisión Europea el pasado mes de agosto.

En todo caso, aunque el objetivo sea del 1,3 del PIB, el Gobierno pretende aumentar el gasto. Y para cuadrar las cuentas, necesita sacar adelante un conjunto de medidas que incluyen obtener ingresos adicionales de la lucha contra el fraude (Hacienda cree que puede recaudar por esta vía 828 millones) así como de un impuesto sobre Transacciones Financieras con el que aspira a conseguir 850 millones parar el sistema público de pensiones y un gravamen sobre determinados servicios digitales gracias al cual el Ejecutivo espera reunir otros 1.200 millones.

A estas cifras habría que sumar un aumento de 2 y 4 puntos en el IRPF para rentas superiores a 130.000 y 300.000 euros, respectivamente, de cuatro puntos a las rentas del capital que superen los 140.000 euros (328 millones adicionales de recaudación según las previsiones del Gobierno), un tipo mínimo para el impuesto de sociedades en empresas que facturen más de 10 millones (1.516 millones más), un incremento del Impuesto sobre el Patrimonio para aquellos que declaran bienes superiores a 10 millones de euros (otros 339 millones) y un aumento de la fiscalidad del gasóleo (lo que permitiría ingresar hasta 670 millones).

De llevarse a cabo, y siempre según los cálculos del Ejecutivo, el total del conjunto de medidas tributarias y de lucha contra el fraude elevarían la recaudación pública en 5.678 millones de euros.

Claro que, para hacerlas realidad, el Gobierno necesita sacar adelante su proyecto de Presupuestos, y nada hace pensar a día de hoy que vaya a estar en situación de conseguirlo. PDeCAT y Esquerra siguen negándose a negociar y pactar las cuentas para el año que viene y sin las formaciones independentistas Sánchez no tiene mayoría en el Congreso.

Pelear en el Congreso

El Gobierno se dispone, no obstante, a pelear su proyecto desde la tribuna con la intención de centrar el debate “en los problemas cotidianos de los ciudadanos” y forzar a los grupos políticos, a los independentistas pero también a PP y Ciudadanos, a hablar “de la sanidad, de la educación, de la seguridad ciudadana, del acceso a la vivienda, de la creación de infraestructuras, del Salario Mínimo Interprofesional o de la revalorización de las pensiones para el año que viene”, en palabras de la ministra de Hacienda. “Probablemente no hay un debate más importante en el país que hablar de estos problemas que afectan en profundidad al conjunto de los ciudadanos en España, en Cataluña, en Andalucía, o en Valencia”.

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De hecho, de la aprobación de los Presupuestos para 2019 depende buena parte de las demandas que los 17 presidentes autonómicos han trasladado a Pedro Sánchez a lo largo de las últimas semanas. Peticiones que le han llegado de gobiernos controlados por el PSOE, pero también por el PP, Coalición Canaria, PNV o PDeCAT y Esquerra. Y en vísperas de un año electoral, que es cuando los presidentes autonómicos más necesitados están de proyectos que ofrecer a los votantes.

Si aún así el Congreso tumba el proyecto presupuestario, el Gobierno no tirará la toalla. Tomará las cuentas prorrogadas de 2018 y, aunque legalmente tiene escaso margen de maniobra, explorará mediante la aprobación de decretos ley, el modo de implementar sus propuestas más importantes, desde el incremento de las pensiones a la financiación de la dependencia, así como la puesta en marcha de los nuevos impuestos con lo que pretende financiar la reconstrucción del Estado del bienestar —sanidad y educación– tras años de recortes.

Sea cual fuere el escenario al que el Gobierno acabe enfrentándose, Sánchez deberá lidiar también no sólo con la oposición parlamentaria sino con las exigencias de la Comisión Europea, que a falta de datos más concretos no acaba de creerse las cifras presupuestarias españolas. Los ministros de Economía y Finanzas de la eurozona (Eurogrupo) pidieron a España que adopte las medidas adicionales necesarias para “atajar los riesgos” y garantizar que finalmente respeta las provisiones del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, porque la Comisión Europea cree que el plan presupuestario del Gobierno para 2019 corre el riesgo de incumplir con las reglas fiscales europeas al incluir una desviación “significativa” de la senda de reducción del déficit de las administraciones y de la deuda pública.