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Jubilación

El Ejecutivo, a favor de retrasar la edad efectiva de jubilación, pero en contra de alargar la edad legal

  • La edad efectiva de jubilación ronda los 62,7 años, mientras que la edad legal se sitúa en los 65 años y ocho meses
  • El Ministerio de Trabajo apoya también el aumento del periodo de cálculo de la pensión más allá de los 25 años actuales

Publicada el 11/01/2019 a las 11:51 Actualizada el 11/01/2019 a las 13:58
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La ministra de Trabajo, Magdalena Valerio.

La ministra de Trabajo, Magdalena Valerio.

EUROPA PRESS
El Ministerio de Trabajo se ha mostrado a favor de retrasar la edad efectiva de jubilación, pero en contra de alargar la edad legal. Esta medida está en línea con la propuesta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF). El organismo que preside José Luis Escrivá publicó este jueves un informe sobre el déficit de la Seguridad Social, que considera estructural y calcula entre un 1,3% y un 1,5% del PIB.

Para cerrar esa brecha de forma inmediata, cifrada en 17.400 millones de euros, la AIReF recomienda aumentar 3,5 puntos la cotización por desempleo al tiempo que se reduce la cotización por contingencias comunes, que es la que se destina al pago de las pensiones. También aconseja financiar con cargo a los Presupuestos del Estado los gastos de funcionamiento de la Seguridad Social, así como las subvenciones a los contratos indefinidos o las prestaciones por paternidad y maternidad. Una vez anulado el déficit, el organismo independiente propone, como solución al reto del envejecimiento demográfico y la jubilación de la generación del baby boom, el aumento de la edad efectiva de jubilación y del periodo de cálculo de la pensión, que la reforma de 2011 situó en 25 años cuando se llegue a 2022.

En la actualidad, la edad efectiva de jubilación ronda los 62,7 años, mientras que la edad legal se sitúa en 65 años y ocho meses para quienes tienen cotizados menos de 36 años y nueve meses, y en los 65 años si se ha cotizado más de 36 años y nueve meses. Fuentes del Ministerio han afirmado que la intención, en los próximos 30 años, es aumentar la edad efectiva de jubilación hasta los 64,5 años, informa Europa Press. La edad legal de jubilación, por su parte, alcanzará lo 67 años una vez se aplique por completo la reforma de pensiones de 2011, que establecía su retraso gradual hasta 2027.

No obstante, en un comunicado, el Gobierno ha dejado claro que una cuestión así debe ir acompañada de una reflexión "profunda" sobre la tasa de reemplazo –la relación entre el último sueldo que se cobra en activo y la primera pensión al jubilarse–, sobre los incentivos a la continuidad en el mercado de trabajo y sobre la introducción de marcos flexibles entre actividad y jubilación. Trabajo resalta que la evolución actual del mercado laboral hace que los trabajadores tiendan a jubilarse más tarde, ya que los empleos son cada vez "menos penosos" y se automatizan más los procesos. Así, cada vez tienen más peso las actividades que se pueden hacer sin problemas a partir de una edad avanzada.

El Ejecutivo también se muestra favorable a extender el periodo de cómputo para el cálculo de la pensión (ahora 22 años, 25 años a partir de 2022), tal y como recomienda la AIReF, y considera que esta medida acercaría la legislación española a estándares europeos y no debería producir "efectos negativos".

Emigración y flexibilidad en la jubilación

Asimismo, el Gobierno ha afirmado que comparte las reflexiones de la AIReF publicadas esta semana en relación con la situación demográfica y considera que es necesario un refuerzo "considerable" de las políticas de familia y apostar por una política migratoria abierta. Para el Ejecutivo, la inmigración no es un fenómeno negativo y considera que es imprescindible corregir esta percepción equivocada a través de las políticas públicas. "Las personas que piensan que la inmigración supone un riesgo están poniendo, de alguna forma, en riesgo la sostenibilidad de las pensiones", aseguran fuentes del ministerio.

Los responsables del departamento que dirige Magdalena Valerio se reunirán la próxima semana con la patronal y los sindicatos para evaluar el informe de la AIReF, en busca de un acuerdo de pensiones que, según el ministerio, ha faltado "en los últimos ocho años". "Va a ser necesario un esfuerzo colectivo para financiar el sistema de la Seguridad Social antes de que comiencen a jubilarse los baby boomers [los nacidos entre 1956 y 1976]", explican.

Según los cálculos del Gobierno, la evolución del gasto en pensiones será similar a la proyectada por la AIReF en su informe y se situaría en un 13,4% del PIB en 2048. Las causas, asegura, son al aumento del número de pensionistas y el hecho de que las carreras laborales durante la democracia tienen mejores sueldos y cotizaciones que las de generaciones anteriores. Para retrasar la salida del mercado laboral de todos los trabajadores, el ministerio quiere "combinar actuaciones voluntarias y obligatorias con fórmulas flexibles".

Sobre el factor de sostenibilidad, que creó la reforma de las pensiones de 2013 y ha quedado suspendido hasta 2023, el Ejecutivo apunta que es partidario de aplicar también fórmulas más flexibles y adaptadas a los diferentes colectivos de trabajadores, antes que establecer una fórmula que se aplique de forma taxativa a todo el mundo. Este factor, tal y como está diseñado, es un coeficiente reductor de la primera pensión que se cobra, y que depende de la esperanza de vida de cada generación.

 
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