CURSOS PARA EL EMPLEO

Trabajo reclama a 74.000 empresas que devuelvan 41 millones por deducciones indebidas para formación

Cuatro millones de trabajadores reciben formación en sus empresas.

El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) reclama la devolución de 40,75 millones de euros a 74.047 empresas que se aplicaron de forma indebida bonificaciones en las cuotas a la Seguridad Social por impartir cursos de formación a sus plantillas en 2017. Son una cuarta parte de las 298.563 compañías que accedieron a estos descuentos de cotizaciones aquel año, según datos de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (Fundae). Las cifras no dejan de crecer, tanto la cantidad reclamada como el número de empresas afectadas –hace dos años eran el 18,5%, casi siete puntos porcentuales por debajo–, pese a que cada año son menos las que solicitan las bonificaciones y menor la cuantía total de esta especie de subvenciones a la formación. Mientras CCOO denuncia que en la llamada “formación programada por las empresas” se destapa año tras año “una práctica de bonificaciones irregular”, las asociaciones empresariales no dudan en acusar al SEPE de llevar a cabo “oleadas de inspecciones de oficio” con ánimo “intimidatorio” y “recaudatorio”.

Según explica la Asociación Formación y Empresa (Aformae), las empresas están recibiendo estos días las cartas del SEPE donde se les reclaman las bonificaciones correspondientes a los cursos impartidos en 2017. Ese año el organismo les perdonó un total de 475.701 millones de euros, de los cuales 259.284 millones correspondieron a empresas sin incidencias y otros 175.666 millones a empresas con incidencias pero a las que se les admitió la bonificación. El resto, esos 40,75 millones de euros antes citados, son los que el SEPE pide a los empresarios por toda una serie de irregularidades.

Respecto al año 2016, la cantidad reclamada ha crecido un 9,6%, mientras que el número de empresas con bonificaciones indebidas ha aumentado un 1,8%. Si se compara con 2015, la brecha es aún mayor: desde entonces la cuantía reclamada se ha disparado un 30,4% y la cifra de empresas, un 7,4%. En cambio, cada vez hay menos empresas interesadas en proporcionar cursos de formación a sus trabajadores. En 2014 fueron bonificadas 405.309, por lo que su número se ha recortado un 26,3% en tres años. Sobre todo, destaca en un informe CCOO, la fuga afecta a las empresas más pequeñasfuga. Si en 2012 las de menos de 10 trabajadores representaban el 26,9% de las que obtenían estas deducciones por formar a sus empleados, cinco años después equivalen sólo al 16,8%. Por el contrario, se ha elevado el interés de las empresas de mayor tamaño, con más de 250 trabajadores, que representan el 92,7%, un punto más que en 2012. El número de alumnos sí que ha crecido, hasta superar los cuatro millones, pero únicamente gracias al aumento en las grandes empresas, porque en las pymes ha disminuido un 4% la cifra de participantes.

También son mayores las cantidades que deben reintegrar al SEPE las grandes compañías, pero en las más pequeñas, de menos de cinco trabajadores, éstas deben devolver hasta el 90% de lo recibido. A las de mayor tamaño, en cambio, sólo se les reclama el 10% de la subvención concedida.

Preguntado por infoLibre, el SEPE niega que se hayan intensificado las inspecciones y los controles. El año pasado, se realizó un seguimiento en tiempo real a 71.218 empresas, el 23,8%. En 2016, fueron 84.920, pero representaban sólo al 19,34% de las bonificadas. Un año antes, únicamente se había inspeccionado al 15,45%. También se realizan controles una vez finalizados los cursos, a los que fueron sometidas 1.067 empresas, por 911 en la convocatoria de 2015. CCOO asegura que “casi todas las empresas” inspeccionadas han tenido incidencias y que, en general, “una parte muy elevada de las bonificaciones se realiza de forma indebida”.

Por ejemplo, cruzando datos de los distintos departamentos del ministerio, los inspectores del SEPE descubrieron que 32.436 alumnos de estos cursos bonificados no pertenecían a las empresas que habían solicitado el descuento de cuotas, trabajaban en otra, estaban en el paro o ni siquiera estaban dados de alta en la Seguridad Social. CCOO culpa del elevado número de incidencias en las microempresas al hecho de que suelen contratar los cursos con academias o consultoras de formación externas, mientras que las de mayor tamaño los gestionan a través de departamentos específicos o de sus gestores de recursos humanos.

“irregularidades infundadas, etéreas”irregularidades infundadas, etéreas

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“Mandan cartas de forma indiscriminada y sin motivos reales, con irregularidades que son infundadas, etéreas”, replica el presidente de Aformae, José Luis García Guglieri. Además, el SEPE las envía a la empresa que se deduce las cuotas a la Seguridad Social y “la asustan, por lo que ya no se fía de la consultora que le ha impartido los cursos”. Guglieri explica que se retiran bonificaciones porque “el tutor carece de la cualificación adecuada, cuando la normativa no precisa qué formación específica debe tener el profesor”. O por “obstrucción al seguimiento” del curso si el inspector ha sido “incapaz” de entrar en la plataforma de internet que la academia utiliza para la teleformación. “Bastaría con que llamaran por teléfono para preguntar por el usuario y la contraseña correctas”, lamenta el presidente de Aformae. También se considera una incidencia la falta de “seguimiento tutorial”, pese a que “la normativa no define cuántas veces tiene que comunicarse el profesor con los alumnos”. Lo mismo ocurre si éstos no alcanzan el tiempo mínimo de conexión con la plataforma, fijado en el 75% de la duración del curso.

A las incidencias esgrimidas por los inspectores, las empresas pueden presentar alegaciones, lo que reduce el número final de afectadas en al menos un 25%. Según Guglieri, el dinero destinado a bonificar la formación no es una subvención, sino que forma parte del dinero que se recauda de la cotización del 0,7% destinada a formación y pagada cada mes por empresas y trabajadores. “Un dinero que puede destinarse a formación y a nada más”, recalca. A su juicio, la campaña no es más que “un mecanismo del SEPE en beneficio de la Seguridad Social”. “Para tapar el agujero que tiene”, concluye. En 2017, el capítulo destinado a la formación bonificada para empresas ascendió a 517 millones de euros, dos más que el año anterior pero aún muy por debajo de los 608 millones que se reservaron en 2013. Pero no todo se gasta: sólo se emplearon 475,7 millones, de los cuales 217 fueron a parar a grandes empresas y sólo 98 a las de menos de 10 empleados.

Según el informe de CCOO, el 21% de las empresas españolas imparte este tipo de cursos a sus plantillas, aunque con diferencias notables según las comunidades autónomas: un 28% en Asturias, pero sólo un 16% en La Rioja, Canarias y Extremadura. La mayor parte de los alumnos –el 76%– participa en cursos presenciales, aunque en las más pequeñas el 75% de las horas se imparte mediante teleformación. Tema aparte son los contenidos. “No responden a necesidades concretas y específicas de la estrategia empresarial”, critica CCOO: casi la mitad de los participantes se apunta a cursos de administración y gestión, de seguridad o de medio ambiente.

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