Despedidos de un banco el mismo día y por idéntico motivo afrontan sentencias contrarias en los tribunales

A Jauad Ballahsan, director de la sucursal del Chaabi Bank en Madrid y a su empleada Hanane Bijbij los despidió el banco marroquí el 4 de junio de 2017, sólo dos días después de que ambos participaran en una manifestación en apoyo a las protestas que se sucedían esos días en el Rifen el Rif. La misma noche de esa protesta frente a la sede del Ministerio de Asuntos Exteriores en Madrid un periódico digital marroquí, Hibapress, publicó una noticia ilustrada con una foto en la que aparecían señalados con dos círculos azules los rostros de Hanane y Jauad, se citaban las iniciales de sus nombres y, tras tacharles de “traidores”, se pedía su despido. Ambos nacieron en Alhucemas, la capital rifeña.

Los dos demandaron al Chaabi Bank en los juzgados de lo Social porque consideraban que el despido vulneraba sus derechos fundamentales tal y como los reconoce la Constitución española, que protege la libertad ideológica, el derecho a expresar y difundir los pensamientos e ideas y el derecho de opinión. “Queríamos un poco de justicia, ya que en nuestro país no la íbamos a conseguir, por lo menos aquí sí que teníamos esperanza”, explica Bijbij, que se encargaba de las cuentas y transferencias de la oficina del banco desde hacía un año y cuatro meses.

Sin embargo, la respuesta de la Justicia española ha sido cuanto menos desconcertante. A la empleada, la titular del Juzgado de lo Social número 32 de Madrid sólo reconoció el despido como improcedente, pero no consideró que la asistencia de Hanane Bijbij a la manifestación y la noticia publicada en Hibapress fueran la causa de la extinción de su contrato. Para sustentarlo, la jueza negaba valor a una de las pruebas documentales que presentó el abogado de Bijbij porque, según decía, la traducción jurada de la noticia no aparece firmada. Incluso ponía en duda que se tratara de “artículo de prensa de un medio de comunicación”. Curiosamente, sí que reconoció la improcedencia del despido porque el banco no pudo probar que el motivo aducido para echar a Hanane Bijbij fuera su “bajo rendimiento” ni pudo mostrar cuáles fueron las quejas de los clientes que esgrimió. En cambio, le había pagado un bonusbonus por cumplir el 100% de los objetivos que le había marcado. Es decir, el banco no acreditó la existencia de una causa distinta a la manifestación que justificara el despido.

Por el contrario, respecto a su jefe, Jauad, el Juzgado de lo Social número 27 sí declaró la nulidad del despido por vulnerar sus derechos fundamentales, tras considerar probada la relación causa efecto entre la asistencia a la manifestación y la decisión del banco. Los despidieron el mismo día y por el mismo motivo, pero los jueces no han visto el parecido y han dictado sentencias divergentes. El Chaabi Bank, no obstante, ha recurrido la sentencia ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), que aún no ha fallado.

Hanane Bijbij también recurrió la suya, en busca de un reconocimiento judicial a la violación de sus derechos fundamentales. Pero el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha obviado, como hizo antes el juzgado de lo Social, cualquier relación entre la protesta ante Exteriores, las noticias de la prensa marroquí y el despido. En su sentencia del pasado 15 de febrero, ni siquiera entra en el fondo del asunto. El tribunal desestima como prueba la declaración que el representante del Chaabi Bank hizo ante el juez que vio el caso de Jauad Ballahsan y donde reconoció que había despedido al director de la sucursal madrileña por asistir a la manifestación. También confirma el rechazo del juzgado de lo Social a admitir la validez de las noticias de Hibapress y de su traducción jurada. Por el contrario, el TSJM asegura que ni siquiera consta que el banco supiera de la asistencia de su empleada a la manifestación en apoyo al Rif.

“Indefensión palmaria”

Así que Bijbij va a presentar un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, ya que entiende que ambas sentencias le han causado “una indefensión palmaria”. Como explica su abogado, Juan Antonio Pérez de la Lama, “en el juicio quedó acreditada la inmediación entre la protesta frente al ministerio y el despido”. La manifestación se celebró un viernes. El sábado, el director de la oficina recibió la llamada del responsable de Desarrollo Comercial del banco en España, quien le comunicó que no hacía falta que ni él ni Bijbij fueran a trabajar el lunes. Y a las nueve de la noche del domingo a Hanane Bijbij la llamaron la secretaria y el contable de la sucursal: “Estamos cerca de tu casa, así que nos vamos a pasar para entregarte algo”. La carta de despido.

Además, el abogado considera inaudito que ni la jueza de lo Social ni el TSJM hayan admitido la confesión del representante del banco en la vista oral donde admitía que  había despedido a Ballahsan por acudir a la manifestación. “Si la declaración es perjudicial para quien la hace, tiene valor probatorio”, argumenta.

Bijbij alega que se ha vulnerado su derecho a la tutela efectiva, así como su derecho de reunión, a la libertad de expresión y a la libertad ideológica, todos ellos reconocidos como derechos fundamentales en la Constitución. Ahora deberá esperar al menos seis meses antes de que el Tribunal Constitucional admita a trámite, o no, su recurso. En caso de que lo haga, puede que tenga por delante dos años para conseguir que se reconozca no sólo el carácter inconstitucional de su despido, sino también la indefensión a que la ha sometido la Justicia española.

Las protestas del Rif

Las manifestaciones comenzaron en el Rif en octubre de 2016, cuando Mohcin Fikri, un vendedor de pescado de 31 años, murió aplastado dentro de un camión de la basura. Protestaba junto con otras tres personas porque la policía le ha había confiscado su mercancía, pez espada. Su muerte fue la espoleta que volvió a sacar a la calle la indignación en esta zona del norte marroquí, azotada por el desempleo y la pobreza. Cientos de personas han sido detenidas por participar en las protestas.

No fue, sin embargo, la primera vez que estallaban revueltas en el Rif, que acumula un largo historial de represión primero por parte de la potencia colonial española y luego por el régimen marroquí: desde la histórica sublevación de Abdelkrim y la derrota de los españoles en Annual en 1921, pasando por la rebelión de 1959, violentamente sofocada por Hassan II, e incluyendo también la primavera árabe en 2011.

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Fue entonces, la noche del 20 de febrero de ese año, durante una protesta, cuando cinco jóvenes murieron carbonizados en un cajero automático del Banque Populaire –la matriz del Chaabi Bank– en circunstancias que no fueron aclaradas.

Los rifeños reclaman desarrollo económico y social. Empleo, una universidad, un hospital oncológico –la zona tiene una incidencia de cáncer insualmente elevada, que se asocia al uso de gas mostaza por el Ejército español en los años 20– y el fin de la desmilitarización de la zona, resultado de la represión de 1959.

Pero también piden respeto a los derechos humanos, cuya violación denuncian los activistas. Hablan de asaltos nocturnos a viviendas, detenidos torturados en las comisaríasdetenidos torturados y arrestos masivos. Pese a que el rey Mohamed VI ha anunciado proyectos de infraestructuras turísticas y sociales para la región, a fin de acabar con el descontento, las vías de progreso en el Rif siguen dependiendo de la emigración a Europa y del cultivo de hachís. Mientras, a sus activistas las autoridades marroquíes los descalifican tachándoles de secesionistas e independentistas, una acusación que los rifeños niegan.