La Comunidad de Madrid tendrá que abonar 102.000 euros del préstamo del 'caso Ayuso' si los socios morosos no pagan

Avalmadrid no movió un dedo para que MC Infortécnica, la empresa de la que eran socios los padres de Isabel Díaz Ayuso, devolviera los 400.000 euros que le prestó en 2011. Tampoco actuó judicialmente contra los avalistas de la empresa, los progenitores de la actual presidenta de la Comunidad de Madrid y otros tres matrimonios. Pero sí reavaló la operación. Se trata de una actuación habitual: como cualquier otra sociedad de garantía recíproca (SGR), Avalmadrid tiene cubiertas sus provisiones y fallidos mediante un contrato de reafianzamiento con la Compañía Española de Reafianzamiento (Cersa), una sociedad pública que otorga el respaldo del Estado a los riesgos asumidos por las 18 SGR que hay en España. Pero Cersa sólo ofrece una cobertura parcial. Para completarla, Avalmadrid firmó en octubre de 2011 un convenio de reafianzamiento con la Comunidad de Madrid que le permite reavalar hasta un 75% de sus operaciones.

Entre Cersa y la Comunidad madrileña, el reaval concedido a Avalmadrid para cubrir un posible impago del préstamo de MC Infortécnica ascendió a 308.154 euros, según los datos de Avalmadrid conocidos por infoLibre. De esa cantidad, 206.123 euros corresponden a Cersa y los 102.030 euros restantes, a la Comunidad de Madrid. Es decir, una parte significativa del préstamo que dejaron impagado los padres de Ayuso puede terminar pagándola el Gobierno que ahora preside Ayuso.

A 30 de junio de 2019, la deuda viva que la empresa de los padres de Ayuso mantiene con Avalmadrid era de 270.000 euros.

MC Infortécnica dejó de pagar el préstamo el 15 de diciembre de 2011. El 2 de abril de 2012, el Comité de Morosidad de Avalmadrid aprobó abonar a Caja España, la entidad que se lo había concedido, el importe impagado por MC Infortécnica, además de ejecutar las garantías que habían puesto los socios para solicitar el aval: una nave en Sotillo de la Adrada (Ávila) y los bienes personales de los cuatro matrimonios. Pero hasta el 26 de noviembre no entregó a Cobralia, la empresa que tenía contratada para recuperar fallidos, el expediente de la empresa a fin de que reclamara en los juzgados la nave y los bienes de los avalistas. En 2013 los abogados de Cobralia pidieron al juez el embargo del local, que no fue subastado hasta abril de 2018. El precio de adjudicación fue de 272.000 euros.

Pero jamás se ejecutaron los bienes de los cuatro matrimonios asociados en MC Infortécnica. Y Avalmadrid permitió con su desidia que los morosos fueran traspasando sus bienes. Cuando le entregó el expediente a Cobralia habían desaparecido siete de los 14 bienes inmuebles que los socios de la empresa tenían en propiedad en el momento de solicitar el préstamo. Ocho inmuebles cambiaron de titular a través de donaciones o ventas prohibidas por la ley y el resto ya estaban hipotecados, así que les fue imposible venderlos o donarlos.

Los padres de Díaz Ayuso fueron los primeros en traspasar su patrimonio, mediante donaciones a sus hijos y la venta de una nave en Sotillo de la Adrada a terceros ajenos a la familia. 

Avalmadrid firma con Cersa cada año un contrato de reafianzamiento. El último es de 2018 y establece una cobertura de entre el 35% y el 80% de los riesgos asumidos por la sociedad de garantía madrileña. Sumando el reafianzamiento de Cersa y el de la Comunidad madrileña, el reaval concedido a la operación con MC Infortécnica se sitúa en el 75% del total.

Descontrol con los reavales

Avalmadrid reavala tres de cada cuatro operaciones de aval que aprueba. Su límite es de 625.000 euros por empresa. Y de 80 millones de euros en total. Según su último informe anual, la sociedad de garantía madrileña tenía reavalados a 31 de diciembre de 2018 un total de 163,5 millones de euros, de los cuales la Comunidad de Madrid asume 4,5 millones. De ellos, 102.000 euros corresponden a la empresa de los padres de Ayuso.

La política de reafianzamiento de Avalmadrid cambió a partir de julio de 2014, cuando implantó un límite por operación financiera que debía ser equivalente a las cantidades máximas de reaval estatal y autonómico en cada momento y que Cersa fijó en un millón de euros. Lo hizo tras recibir un requerimiento del Banco de España, que había encontrado riesgos por importe de 78,4 millones de euros en acreditados y avalados cuyas operaciones carecían de reafianzamiento.

Pese a haberse comprometido a aplicar esa medida desde el 1 de enero de 2013, Avalmadrid tardó 19 meses en hacerlo, como consta en la propuesta de resolución sobre el expediente sancionador que el Banco de España abrió a la sociedad de garantías madrileña en junio de 2018. Y mientras tanto continuó aprobando operaciones que superaban ese máximo. Su consejo de administración incluso aprobó en ese tiempo un acuerdo para elevar ese límite en un 75%, que incluso pudiera excederse para novaciones, reafianzamiento y reestructuración de operaciones financieras en vigor.

Por el contrario, en otros casos, como aseguraba el Banco de España, la sociedad de garantías madrileña aprobó operaciones que se quedaban sin reaval, una vez que consumía el tope concedido por Cersa y la Comunidad de Madrid para ese año. En 2018, el 90,5% de los avales –76,6 millones de euros– que concedió Avalmadrid contaban con refianzamiento, según consta en su informe anual.