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Hacienda pública

Inspectores de Hacienda piden una tasa a operaciones en paraísos fiscales y evitar deslocalizaciones ficticias

  • La Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado insta a endurecer el régimen sancionador para quienes ofrezcan y comercialicen productos de ingeniería fiscal ilícitos, "trascendiendo estas sanciones el orden mercantil, financiero o civil"
  • La presidenta de IHE, Berta Tomás, apueta por endurecer las sanciones contra la utilización de carácter personal del patrimonio societario ya que "no hay nada específico actualmente por la creación de sociedades interpuestas"

Publicada el 25/10/2019 a las 17:08 Actualizada el 25/10/2019 a las 17:51
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Clausura del congreso de la asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE).

Clausura del congreso de la asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE).

EFE
La Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) pide el establecimiento de una tasa sobre los movimientos desde o hacia paraísos fiscales, programas específicos para evitar deslocalizaciones ficticias de personas físicas y jurídicas en comunidades autónomas, así como endurecer el régimen sancionador a los que ofrezcan y comercialicen productos de ingeniería fiscal ilícitos. También abogan por integrar Tributos y los tribunales en la Agencia Tributaria y atribuirla de competencias para el control fiscal de las 'sicav'.

Estas son algunas de las peticiones de IHE realizadas durante el XXIX Congreso de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) recogidas por Europa Press, que concluye este viernes en Zaragoza e insta a endurecer el régimen sancionador para quienes ofrezcan y comercialicen productos de ingeniería fiscal ilícitos, "trascendiendo estas sanciones el orden mercantil, financiero o civil".

Con el fin de evitar la utilización abusiva del Impuesto sobre Sociedades, abogan por el endurecimiento del régimen sancionador para las conductas consistentes en la utilización con fines privativos o de carácter personal del patrimonio societario, y rescatar la regulación de un régimen de transparencia fiscal interna para evitar la colocación de ingresos personales en sociedades.

La presidenta de IHE, Berta Tomás, ha apostado en un encuentro con medios por establecer sanciones más altas como método disuasorio y dado que "no hay nada específico actualmente por la creación de sociedades interpuestas". Tomás ha explicado que la importancia del control a grandes patrimonios no significa que sean los que más defraudan, sino a que cuentan con más recursos para poder invertir en planificación fiscal "agresiva y sofisticada".

En este sentido, ha precisado que en 2017 presentaron declaración por obligación personal (residentes) y por obligación real (no residentes) un total de 202.437 contribuyentes, con un patrimonio superior a los dos millones en cada caso y conjunto de más de 669.000 millones de euros. Entre estos, hay 611 personas físicas con patrimonio superior a 30 millones de euros, y 352 con un importe superior en 2011. No obstante, ha precisado que no hay un montante específico fijado legalmente para considerar a un contribuyente como gran patrimonio.

Deslocalizaciones y 'sicav'

De igual forma, para evitar la deslocalización de personas y patrimonios, propone potenciar en el Plan de Control Tributario de la AEAT de cada año programas específicos de actuación para evitar deslocalizaciones ficticias de personas físicas y jurídicas en otras comunidades.

A este respecto, Tomás ha indicado que el problema de las deslocalizaciones se produce a nivel internacional y nacional, en tanto que el vicepresidente segundo de IHE, Saulo Marrero, ha denunciado que mediáticamente hacen "mucho daño", y ha opinado que "si la cantante o el futbolista de turno se portan mal (tributariamente) con la sociedad, igual no merecieran vender tantas camisetas o tantos discos".

Asimismo, los inspectores consideran imprescindible la atribución de competencias a la AEAT para evitar la utilización abusiva de Instituciones de Inversión Colectiva (sicavs) de cara al control fiscal de estas instituciones, incluyendo el tipo impositivo y el número de partícipes.

Según los inspectores de Hacienda, en los planes de control de las sicav se comprobó que centenares de estas sociedades no cumplían uno de los requisitos exigidos, tener un mínimo de 100 participes, para ser instituciones de inversión colectiva, entre otros. "Muchas sociedades tributaban al 1% como colectivas, cuando eran y son puros instrumentos de gestión patrimoniales de personas o familias", denuncian los inspectores, quien añaden que este "inmenso beneficio fiscal se conseguía y se consigue contratando inversores ficticios". La legislación aplicable se modificó en 2005, atribuyéndole la competencia para comprobar el régimen de estas entidades en exclusiva a la CNMV, lo que supuso la supresión de esta facultad a la AEAT.

Reestructuración y más competencias para la AEAT

Los inspectores de Hacienda reclaman más medios para la lucha contra el fraude fiscal y la adopción de acuerdos con el mayor número de agentes posibles, así como que la AEAT vaya por delante de las iniciativas del sector privado. Por ello, reclaman mayor formación continua del colectivo de inspectores y por una reestructuración de la Administración Tributaria. Eso sí, el vicepresidente de IHE, Ignacio Fernández de Mesa, ha valorado el mensaje de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, respecto a su compromiso de recuperar el nivel de personal previo a la crisis.

En materia de competencias de la Agencia Tributaria, desde IHE abundan en la necesidad de una integración de Tributos y de los tribunales en el organismo tributario, ya que ello permitiría adoptar criterios e interpretaciones con mayor celeridad. A su juicio, ello redundaría en una mayor seguridad jurídica para los contribuyentes y en un menor coste para la Administración al ahorrarse intereses de demora a satisfacer cuando el contribuyente tiene la razón.

Internacional

En materia internacional, los inspectores piden volver a establecer, modernizando y ampliando, la lista internacional de paraísos fiscales y territorios no cooperantes, y no reconocer personalidad jurídica para intervenir en el tráfico mercantil español a las sociedades constituidas en estos lugares, o a entidades cuyos titulares sean, directa o indirectamente, residentes en los mismos.

En su opinión, esto debería complementar con la negativa de la eficacia jurídica y económica de los actos procedentes de paraísos fiscales, así como con el establecimiento de una tasa sobre los movimientos de fondos hacia o desde paraísos. Igualmente, se muestran favorables a obligar a las entidades financieras con sucursales en paraísos a suministrar información sobre los titulares reales de las cuentas y, en caso contrario, prohibir que puedan tener sucursales en los mismos. En cualquier caso, subrayan la necesidad de que las propuestas sean adoptadas en el marco de la cooperación internacional (UE y OCDE).
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