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Crisis del coronavirus

El acuerdo para prorrogar los ERTE, en peligro por el tira y afloja que enfrenta a la CEOE con el Gobierno y sindicatos

  • El pesimismo se extiende sobre la posibilidad de cerrar un pacto pronto mientras crecen las críticas veladas contra la CEOE, que sopesa si "regalar otra fotografía de unidad" a Gobierno y sindicatos
  • La duración de la prórroga, las condiciones o la cláusula de salvaguarda del empleo son algunas de las discrepancias que hay sobre la mesa
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Publicada el 06/05/2020 a las 06:00
Una clienta sale de una tienda en el centro de Barcelona en su primer día de apertura desde el pasado 14 de marzo.

Una clienta sale de una tienda en el centro de Barcelona en su primer día de apertura desde el pasado 14 de marzo.

EFE

Si hay algo en lo que coinciden empresarios, sindicatos y el propio Gobierno es en la utilidad que han tenido los expedientes de regulación de empleo (ERTE) a la hora de evitar el cierre masivo de empresas y la destrucción de puestos de trabajo durante la pandemia del coronavirus. Hasta el último día de abril, según los últimos datos oficiales, más de 3,3 millones de empleados se encontraban bajo este paraguas. Sin embargo, el hecho de que estos instrumentos se encuentren ligados al mantenimiento de un estado de alarma cuya prórroga pende de un hilo ha obligado a los agentes sociales y al Ministerio de Trabajo a sentarse a negociar una posible extensión que evite la desprotección de empresas y trabajadores. Este miércoles celebran una reunión que se considera clave. Algunos de los actores implicados no son muy optimistas al considerar que desde la patronal se está intentando tensar la cuerda para que no se cierre un acuerdo que le aleje de la línea de confrontación conservadora.

Desde que estallase la crisis sanitaria en España, el Ejecutivo de coalición ha ido construyendo poco a poco un escudo social para mitigar al máximo posible el impacto económico de la pandemia sobre la sociedad. En este sentido, uno de los pasos más importantes para evitar la destrucción masiva de puestos de trabajo fue la flexibilización de los expedientes de regulación temporal.

Así, desde mediados de marzo se abrió la puerta a que pudieran acogerse a este mecanismo todas las empresas a las que no les resultara posible desarrollar su actividad por una decisión adoptada por la Administración Pública, las afectadas por razones extraordinarias o urgentes vinculadas con el contagio o aislamiento preventivo o aquellas que se viesen obligadas a suspender sus labores como consecuencia del cierre de locales de afluencia pública o restricciones del transporte por culpa de la crisis sanitaria. Sin embargo, esta medida tenía fecha de caducidad. Su duración, tal y como se recoge en el Real Decreto-ley 9/2020, “no podrá extenderse más allá” del periodo en el que se prolongue el estado de alarma.

Patronal, sindicatos y el propio Gobierno son conscientes de los riesgos que esto tiene para millones de empleados y empresas. Por eso, todas las partes llevan semanas debatiendo en la Mesa de Diálogo Social sobre la posibilidad de prorrogarlos. El pasado fin de semana, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, aseguraba en una entrevista en La Vanguardia que el compromiso de todas las partes en esta cuestión era “absoluto” y que el acuerdo estaba “cerca”. Pero la siguiente reunión celebrada pocas horas después, a comienzos de esta semana, volvió a concluir sin apretón de manos.

Este miércoles, el Ministerio de Trabajo y los agentes sociales volverán a sentarse alrededor de la mesa. Aunque en este caso lo harán con un ojo puesto en el Congreso de los Diputados, donde en paralelo se estará debatiendo y votando la cuarta prórroga del estado de alarma. “En este momento las condiciones de ingresos de millones de personas están vinculadas a este escenario. Pedimos mucha seriedad en cómo se afronte la votación”, recordaron este martes desde CCOO.

Algunas de las fuentes conocedoras de estas negociaciones consultadas por infoLibre se muestran pesimistas sobre la posibilidad de conseguir cerrar un acuerdo en las próximas horas. Algo que achacan, sobre todo, a la posición de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), a la que acusan de tensar la cuerda para no llegar a acuerdos que puedan alejarla de la línea de confrontación conservadora. “Creen que no pueden regalar otra fotografía de unidad”, apuntan otras fuentes consultadas.

La relación de la patronal con el Gobierno de coalición en los últimos meses ha tenido sus luces y sombras. A finales de enero, cuando el miedo al coronavirus se circunscribía exclusivamente a China, Ejecutivo y agentes sociales cerraron su primer gran acuerdo para incrementar el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) hasta los 950 euros. Una relación fluida que se puso en cuestión a comienzos de abril, cuando la CEOE y Cepyme decidieron plantar en la mesa de diálogo a los sindicatos y al Ministerio de Trabajo por no haber sido consultados sobre la creación de una renta mínima.

Si el Gobierno y los agentes sociales no consiguen encajar todas las piezas en las próximas horas y el estado de alarma decae finalmente, las diferentes fuentes consultadas asumen que se terminará acordando la protección de todos estos trabajadores en un Consejo de Ministros extraordinario antes de que se cierre la semana. Porque si bien es cierto que medidas como el confinamiento sólo son aplicables a través de esta figura jurídica, nada impide al Ejecutivo garantizar que las medidas económicas y sociales puedan seguir en vigor aunque el Congreso rechace la prórroga planteada. En este sentido, el Gobierno lo tiene claro. Si termina cayendo el estado excepcional, se valorarán “todas las opciones para evitar” que esto repercuta “de manera negativa en empresas y trabajadores”, según aseguró este martes el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey.

Las fuentes consultadas explican que una de las discrepancias en la negociación se encuentra en la duración de las prórrogas. La patronal lleva días señalando públicamente que los ERTE por fuerza mayor deben extenderse hasta final de año. Los sindicatos, por su parte, son partidarios de que por lo menos se mantengan hasta después de septiembre, de forma que puedan quedar despejadas todas las incertidumbres laborales de cara al verano.

Trabajo, por su parte, no se ha mojado públicamente sobre la duración de la prórroga. Sin embargo, la semana pasada, puso sobre la mesa de los agentes sociales una propuesta que contemplaba mantener hasta el final de la Fase III de la desescalada –es decir, aproximadamente hasta junio– estos ajustes de empleo y, una vez superada dicha etapa, proponía prórrogas adicionales para todos aquellos sectores más afectados por la crisis económica. Según los últimos datos oficiales, los sectores de comidas y bebidas, comercio al por menor, comercio al por mayor y alojamientos son los que más han recurrido a los expedientes de regulación temporal por fuerza mayor, con más de 1,5 millones de trabajadores afectados.

Pero no es el único escollo a superar. Según las fuentes consultadas conocedoras de las negociaciones, otro de los puntos de roce se sitúa sobre la exoneración de las cuotas. Hasta ahora, las compañías con menos de 50 trabajadores están completamente exoneradas de hacer frente a la cotización empresarial, mientras que para las que superan esa cifra de empleados la exoneración se queda en el 75%. En este sentido, la patronal pretende que se mantengan esas condiciones inalteradas durante toda la prórroga. Sindicatos y Gobierno, sin embargo, consideran que el coste que esto tendría para las arcas públicas a largo plazo sería “enorme”. Por eso, el Ejecutivo trasladó la semana pasada a la patronal, CCOO y UGT la posibilidad de ampliar esa exoneración hasta el próximo mes de agosto. Eso sí, los porcentajes quedaban sujetos a negociación.

Otra cuestión que, según señalan fuentes empresariales, está lastrando las negociaciones es la “rigidez” que existe alrededor del mecanismo diseñado. “Tiene que haber la flexibilidad suficiente para que sea una herramienta útil”, señalan a este diario. En este sentido, ponen sobre la mesa cuestiones como la cláusula de salvaguarda del empleo. El principal requisito que puso el Ejecutivo a la hora de acogerse a este mecanismo era que las empresas mantuvieran el empleo “durante un plazo de seis meses desde la fecha de reanudación de la actividad”. Algunas de las fuentes consultadas explican que la patronal está intentando presionar para que se relaje esta restricción. Sin embargo, desde el Gobierno se niegan.

 

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