Alcoa justifica el despido de 534 empleados por los altos costes de la energía y el bajo precio del aluminio

Alcoa ha comunicado este jueves que abre un periodo informal de consultas por el despido colectivo de 534 empleados de su planta de aluminio primario de San Cibrao, en el municipio de Cervo (Lugo), debido a su producción "ineficiente", informa Europa Press. Según explica la compañía en un comunicado, los problemas "estructurales" de altos costes de energía y el bajo precio del aluminio, junto con el exceso de capacidad global, "han causado significativas pérdidas recurrentes, que se prevé que continúen". Todo ello, ante una serie de problemas "externos" de producción y de mercado que han hecho que la fábrica "no sea competitiva".

El complejo industrial de San Cibrao está compuesto por una planta de aluminio y una planta de alúmina, que emplean a 633 y 510 personas respectivamente. La reestructuración prevista en la planta de aluminio prevé operar "solo una parte de la fundición". Con todo, asegura que la producción de la planta de alúmina "no se verá afectada por este periodo informal de consultas".

Ahora, Alcoa inicia un periodo informal de consultas con una duración aproximada de unas tres semanas con los representantes de los trabajadores de San Cibrao ante la situación "insostenible" de la planta de aluminio. Tras ello comenzaría el plazo formal de negociación por este despido colectivo. "No se tomará ninguna decisión hasta que el periodo de consultas haya concluido", sostiene.

La multinacional estadounidense ha trasladado a los trabajadores las "graves circunstancias" que atraviesa la planta de aluminio, "debido a factores estructurales inherentes y a dificultades de carácter permanente".

Impacto en la provincia de Lugo

Alcoa supone más del 30% del PIB de la provincia de Lugo y, además, entre empleo indirecto y directo dependen de la fábrica alrededor de 3.000 personas. Su actividad repercute en toda la economía de A Mariña especialmente en el comercio y la hostelería, según los sindicatos.

Esta medida llega después de que la multinacional adoptase en las últimas semanas la decisión de parar las cubas que lleguen al final de su vida útil sin realizar el rebrascaje para su posterior arranque.

El comité de empresa de Alcoa San Cibrao y la Xunta urgieron recientemente al Gobierno medidas para conseguir un precio competitivo para empresas electrointensivas. Alertaban de riesgo de "desmantelamiento" de la industria del aluminio si no había actuaciones inmediatas.

El Gobierno pide a Alcoa que lo reconsidere

El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo ha pedido a Alcoa que reconsidere este despido colectivo. El Departamento que dirige Reyes Maroto le ha solicitado también a la compañía que muestre "corresponsabilidad" con el momento por el que el país está atravesando y en el que "es más necesario que nunca" mantener las capacidades productivas y los puestos de trabajo. "En un momento tan complicado como el que vive la sociedad española, es necesario un compromiso de Alcoa con la provincia de Lugo y con las trabajadoras y trabajadores de la planta", asegura Industria en un comunicado.

En este sentido, el Ministerio ha avanzado que seguirá manteniendo un contacto "permanente y fluido" con la dirección de la empresa y con los representantes de los trabajadores para conocer los avances del periodo de consultas que se va a iniciar.

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La ministra Reyes Maroto también ha recordado este jueves que la multinacional ha recibido "muchas ayudas públicas" durante toda su historia en el país, por lo que le ha pedido corresponsabilidad con el objetivo de España de construir "un proyecto de país". "Conocemos los problemas estructurales que tiene Alcoa, hemos trabajado muy de la mano con el comité de empresa y también con la dirección; el contexto actual de importante caída de la demanda de aluminio primario hace que la empresa tome decisiones", ha señalado Maroto.

El año pasado, la empresa ya tomó la decisión de cerrar sus plantas de A Coruña y Avilés (Asturias), alegando las mismas razones. Finalmente, tras la colaboración del Ministerio con los gobiernos autonómicos, ambas fábricas acabaron en manos de Parter Capital, un fondo suizo que recientemente las ha vendido a su vez a Grupo Riesgo.