Crisis del coronavirus

Patronal y sindicatos pactan con el Gobierno la prórroga de los ERTE hasta septiembre

La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz; los secretarios generales de UGT y CCOO, Pepe Álvarez y Unai Sordo; el presidente de CEOE, Antonio Garamendi, y el presidente de Cepyme, Gerardo Cuerva.

Patronal y sindicatos han pactado con el Gobierno la prórroga de los beneficios de los ERTE hasta el 30 de septiembre. Tras una última jornada en que las negociaciones a distancia se extendieron incluso después de siete horas de reunión, sindicatos y patronal aprobaron finalmente este jueves la cuarta propuesta del Ejecutivo, que permite a las empresas acogerse a un ERTE de fuerza mayor si se ven obligadas a cerrar por culpa de un rebrote del coronavirus rebrotey se amplían las exoneraciones de cuotas a los ERTE por causas objetivas –económicas, productivas, técnicas o de organización–. Además, a partir del 30 de este mes, los descuentos en las cotizaciones a la Seguridad Social serán menores de los que se permitían hasta ahora, y su cuantía será decreciente, se irá reduciendo a cada mes. También se mantienen las exoneraciones para los trabajadores una vez reincorporados a la actividad, pese a que ni la patronal ni los sindicatos consideraban eficaz ese mecanismo de incentivo, defendido por el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social.

“Es un buen acuerdo, muy trabajado, que lanza un mensaje de confianza a la sociedad y protege a miles de trabajadores”, se ha felicitado el secretario general de CCOO, Unai Sordo. “Estamos satisfechos de proteger a dos millones de trabajadores y de poder transmitir certidumbre”, explica el secretario de Acción Sindical de UGT, Gonzalo Pino, quien cree que el acuerdo pone en valor el Diálogo Social y sitúa a los sindicatos como “una herramienta importante para resolver los problemas de la sociedad”. La CEOE ha dado esta misma mañana su “apoyo unánime” a la última propuesta del Gobierno “en tanto que presenta importantes avances respecto a la inicial”, al tiempo que se emplaza a seguir “trabajando para abordar en septiembre cómo se afrontará el último trimestre del año”. También las ejecutivas de CCOO y UGT han dado su visto bueno al último texto elaborado por el Ejecutivo.

Para la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se trata de un “acuerdo equilibrado”, y para el de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá, de una norma “compleja y ambiciosa”. Díaz subrayó el “ejemplo” que han dado los agentes sociales en la negociación, que han “tendido la mano cuando más crispación y ruido hay”. “Todos hemos cedido”, concluyó.

Así, se mantendrán las exenciones de cuotas para los ERTE de fuerza mayor pero, en lugar del 100% para las empresas de menos de 50 trabajadores y del 75% para las de más, el descuento será del 70% en julio, del 60% en agosto y del 35% en septiembre para las más pequeñas, y del 50% en julio, el 40% en agosto y el 25% en septiembre para las más grandes.

Si una empresa se ve abocada a parar por culpa de un rebrote, las exoneraciones serán del 80% si tiene menos de 50 empleados, y del 70% si tiene más.

Y si el ERTE es de fuerza mayor parcial, el descuento de cuotas se queda en el 35% para los empleados suspendidos, pero se eleva al 60% para los que sean reincorporados a sus puestos, en empresas de menos de 50 personas, y baja al 25% para los que sigan sin trabajar, aumentando hasta el 40% para los que vuelvan a la actividad en las empresas de mayor tamaño. Esos mismos porcentajes se aplicarán a los ERTE por causas objetivas, por lo que este tipo de regulación temporal del empleo también les impedirá ahora a las empresas beneficiadas hacer horas extraordinarias, externalizar la actividad o hacer nuevos contratos, ni directamente ni a través de Empresas de Trabajo Temporal (ETT). Estas prohibiciones sólo regían hasta ahora para los ERTE de fuerza mayor.

La única excepción a esta cautela se producirá cuando los trabajadores no puedan, por falta de formación u otras razones “objetivas o justificadas” llevar a cabo determinadas funciones, lo que las obligue a emplear a otras personas.

Tampoco podrán, por el mismo motivo, despedir a sus empleados durante seis meses, una garantía de empleo que hasta el 30 de junio sólo afectaba a los ERTE de fuerza mayor. Y si quieren beneficiarse de las exoneraciones de cuotas, las empresas en ERTE por causas objetivas no podrán tener su domicilio en un paraíso fiscal ni repartir dividendos si tienen más de 50 trabajadores.

Puntos de fricción: trabajadores reincorporados y cuantía de las exenciones

Uno de los puntos de mayor fricción entre los agentes sociales y el Gobierno han sido los descuentos en las cuotas a la Seguridad Social de los empleados una vez reincorporados a sus puestos de trabajo. Pese a que sindicatos y patronal coincidían en sólo deberían ser exonerados quienes no trabajan, el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social defiende la eficacia de una medida que considera un incentivo para el regreso a la actividad de las plantillas.

Según las últimas cifras publicadas por el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social, a día de hoy quedan unos dos millones de personas en ERTE de fuerza mayor, un 35% menos que a principios de mayo, y 320.000 en ERTE por causas objetivas, un 20% menos que hace un mes. Desde mayo el número de quienes han salido de uno de estos esquemas de regulación temporal de empleo supera el millón de personas. Y todas ellas se han “reincorporado a la actividad”, según defendió el ministro José Luis Escrivá, el pasado día 18 ante la Comisión de Trabajo del Congreso de los Diputados. Buena parte de ese éxito lo atribuyó precisamente al hecho de que las empresas siguieran disfrutando de esos descuentos de cuotas por quienes han vuelto al trabajo.

Sin embargo, ni los sindicatos ni la patronal ven sentido a que se destinen recursos a esas exenciones. Gonzalo Pino niega que las empresas decidan reactivar a sus trabajadores por los descuentos de cuotas y no porque los necesiten para cubrir la demanda del negocio. “Son recursos que van a la caja de las empresas”, advierte, cuando una vez fuera del ERTE, “es a la empresa a la que le corresponde pagar salarios y cotizaciones, volver a la normalidad”. En este punto, tanto sindicatos como patronal han cedido a cambio de recuperar, destaca el dirigente de UGT, los ERTE de fuerza mayor hasta septiembre, que en principio el Gobierno no quería prorrogar. “Hemos conseguido un reequilibrio de recursos más razonable, llevándolos donde mejor resultado pueden dar para empresas y trabajadores”, asegura. Así se ha evitado, resume, que el fin de las ayudas a los ERTE de fuerza mayor, que son el 90%, se traduzca en despidos.

Otro escollo fue la insistencia de la patronal en que las exoneraciones de cuotas se mantuvieran al máximo del 100% en los ERTE de fuerza mayor. Al final la CEOE cedió en ese punto, a cambio de que éstos siguieran vivos hasta el 30 de septiembre y con descuentos de cuotas máximos del 80% y el 75% según los casos. Que las exoneraciones sean decrecientes según van pasando los meses lo incluye Gonzalo Pino en la lógica “natural” de que los ERTE de fuerza mayor deben ir “decayendo” poco a poco. “Si no es así, significará que la actividad no se recupera y nos encontraríamos en una situación muy complicada... y no se pueden mantener las empresas permanentemente con recursos públicos”, advierte.

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No será coyuntural, sino estable a partir de octubre

En su momento, el Gobierno propuso renovar los ERTE sólo para cuatro sectores, el aéreo, los cruceros, los hoteles y las agencias de viajes, pero la idea no prosperó. “Es un asunto muy complejo y debería afrontarse con un criterio mucho más amplio para no dejar fuera a muchos trabajadores”, explica a infoLibre la secretaria de Política Sindical de CCOO, Mari Cruz Vicente. En septiembre, sindicatos y patronal volverán a reunirse para estudiar la posible prórroga de este esquema de regulación temporal del empleo hasta diciembre, “aunque quizá no sea tan general como ahora”, precisa.  En el texto del acuerdo se ha recuperado la comisión de seguimiento de los ERTE que había desaparecido en las anteriores propuestas del Gobierno. “De forma que así queda claro que el esquema de protección no acaba en septiembre, sino que debe continuar hasta que acabe el año”, apunta Gonzalo Pino. La semana próxima sindicatos y patronal volverán a reunirse para dar por cerrado el acuerdo y señalar las primeras pautas del trabajo que ya en agosto deberá preparar su continuidad en otoño.

En el mismo sentido se pronunció también el ministro de Seguridad Social al presentar el acuerdo a los periodistas. “Queremos lanzar un mensaje claro: éste es el esquema que queremos negociar en los próximos meses, que no sea sólo coyuntural sino estable a partir de octubre”. Escrivá mantuvo en 11.000 millones de euros el coste para la Seguridad Social de las cotizaciones que ésta va a dejar de ingresar por las exencionas de cuotas de los ERTE, mientras que Yolanda Díaz cifró la factura mensual para el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) de las prestaciones que debe pagar a los trabajadores suspendidos o con reducción de jornada en otros 5.000 millones. También presumió el ministro de Seguridad Social de la “sofisticación” del diseño de los ERTE españoles frente a figuras similares aplicadas por otros países. Según explicó, la distinción entre empresas grandes y pequeñas, el carácter decreciente en el tiempo de las exoneraciones de cuotas, los ajustes entre ERTE parciales y totales y las mayores exenciones para los trabajadores reincorporados son elementos que no sólo los hace más eficaces ahora, sino que además impedirán que pierdan su eficacia si se prolonga la crisis.

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