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LA CRISIS DEL CORONAVIRUS

Una lista de espera de 12.000 trabajadores amenaza la reapertura del servicio de mediación laboral de Madrid tras el covid-19

  • La falta del acto de conciliación permite a los jueces archivar la demanda de un trabajador, por lo que el trámite se convierte en “una trampa”, denuncian los abogados
  • La carencia de personal y los fallos de la plataforma telemática lastran el funcionamiento del SMAC, que suele parar en navidad y verano por las vacaciones de la plantilla
  • Laboralistas atribuyen la dimisión de la directora general de Trabajo de Madrid el 17 de junio a la falta de apoyo para solucionar los problemas del servicio
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Publicada el 09/07/2020 a las 06:00 Actualizada el 09/07/2020 a las 11:41
La entrada de la sede del SMAC de Madrid, antes del estado de alarma.

La entrada de la sede del SMAC de Madrid, antes del estado de alarma.

B. BOUZA

El Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid publicó el pasado 17 de junio el cese, a petición propia, de María de Mingo Corral como directora general de Trabajo, sólo nueve meses después de haber accedido al cargo. Inspectora de Trabajo, fue la redactora del informe en que se basó el juez para ordenar en julio de 2019 a Deliveroo que convirtiera en asalariados con contrato laboral a 532 repartidores. En septiembre, el consejero de Economía y Empleo de Madrid, Manuel Giménez, independiente en las filas de Ciudadanos, la puso al frente de la Dirección General de Trabajo.

De Mingo no ha querido explicar a infoLibre los motivos de su renuncia tras su breve paso por la Comunidad de Madrid. Pero abogados y asociaciones consultados por este periódico apuntan hacia sus intentos frustrados de mejorar el deficiente funcionamiento del Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación de Madrid (SMAC) como una posible causa. “Sospechamos que en la consejería no le han hecho mucho caso en sus intentos por reformar el SMAC”, indica Eduardo Cohnen, abogado del bufete Sartorius Cohnen. En el mismo sentido se pronuncian Bernardo García, de la Asociación Libre de Abogadas y Abogados –“pese a que hemos sido muy críticos con ella, creemos que su dimisión está relacionada con la falta de respaldo del Gobierno de Madrid para mejorar el servicio”– y Miguel Ángel Garrido, de la Asociación de Laboralistas de Trabajadores de Madrid.

La directora general celebraba reuniones semanales con las asociaciones de laboralistas y los colegios de abogados y graduados sociales para solventar los problemas de falta de medios y personal que el SMAC lleva años arrastrando. Todos los participantes destacan el “interés” y el “esfuerzo”, en palabras de Mariano Salinas, del Colegio de Abogados de Madrid, mostrados por De Mingo para reformar un servicio que coinciden en calificar de “desatendido” y “deteriorado”. Y que, con el cierre obligado por la pandemia, además, afronta ahora una reapertura llena de incertidumbres, advierten los letrados.

Según los datos facilitados por la propia Consejería de Economía, durante el estado de alarma y hasta el mes de junio en el SMAC se han presentado más de 12.000 solicitudes de conciliación, un “volumen importante” que el departamento sitúa, no obstante, “dentro de los parámetros de actividad” del servicio. La vicepresidenta del Colegio de Graduados Sociales de Madrid, Eva Torrecilla, asegura por su parte que hay 4.000 papeletas “atascadas”, presentadas de forma telemática hasta el 4 de junio, cuando volvieron a reanudarse los plazos administrativos que permanecían suspendidos desde el 13 de marzo. El problema estriba en que lo que en principio sólo parece un trámite administrativo puede hacer perder al trabajador demandante su derecho a la tutela judicial efectiva. Porque para acudir al juez de lo Social es preceptivo haber intentado, al menos, la conciliación previa con la empresa. De hecho, el juez puede archivar la demanda si no se ha cumplido esa diligencia. Es lo que está ocurriendo, destacan los abogados, con el SMAC cerrado –el registro físico acaba de abrirse–, pero con los plazos administrativos reactivados desde el pasado 4 de junio.

No ha lugar, por ahora, a su admisión a trámite, requiriéndose a la actora a fin de que en el plazo de 15 días acredite la celebración o el intento de conciliación previa, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 81.2 de la Ley de la Jurisdicción Social, con advertencia de que caso de no hacerlo así en el indicado plazo se acordará sin más trámite el archivo de las actuaciones”. El párrafo forma parte de la diligencia que el secretario de un juzgado de lo Social envió a un letrado el pasado 16 de junio. De momento, se pueden presentar de forma telemática las solicitudes de conciliación, pero no se les pone fecha, explican los abogados consultados. Sólo se están agendando las citas que fueron pedidas antes del estado de alarma pero cuyos actos de conciliación tuvieron que ser suspendidos por el confinamiento, así como otras en las que los letrados de empresa y trabajador han alcanzado con carácter informal un principio de acuerdo. “Y ésas son excepcionales”, precisa Eduardo Cohnen. También se está dando prioridad a las demandas de despido, que deben interponerse antes de que transcurran 20 días.

Pero hasta el próximo lunes, día 13, según se les ha comunicado a los letrados, no se empezarán a “certificar” los actos que no han podido celebrarse. “Antes, te ponían un sello para acreditar que el acto de conciliación no se había celebrado ni se iba a celebrar”, explica Eduardo Cohnen, “y con esa certificación podías ir ante el juez sin problemas”. Pero, en todo este periodo de inactividad y posterior desescalada, ese sello no se ha proporcionado, con el consiguiente perjuicio para el demandante si el juez es riguroso y, como en la diligencia de más arriba, exige la certificación.

“Y eso si cuenta con un abogado, que no siempre es así; hay muchos trabajadores que acuden al SMAC sin asistencia letrada o de un sindicato, o que carecen de DNI electrónico o de clave de acceso electrónico para presentar la papeleta y sólo pueden hacer el trámite físicamente... todo redunda en una pérdida de derechos”, protesta Miguel Ángel Garrido. A su juicio, se está haciendo un “uso antisocial de la norma” que obliga a acudir a la mediación antes de demandar, “por culpa de la incompetencia de la Comunidad de Madrid”. En consecuencia, una herramienta pensada para amparar al trabajador deviene así en “un obstáculo”, e incluso en una “trampa”, para que pueda ejercer sus derechos, resume el abogado: “No puede ser que el trabajador se convierta en rehén de la Administración”.

Sin conciliaciones en navidad y verano

Las deficiencias del SMAC no son nuevas. “La falta de personal ha sido la tristeza [del servicio] de toda la vida”, lamenta Ana Gómez, presidenta de la Asociación Nacional de Laboralistas (Asnala). Además, el intento de poner en marcha una plataforma telemática para presentar las solicitudes e incluso celebrar actos de conciliación a distancia no ha dado grandes resultados. Hubo un programa piloto, asegura, pero se quedó “en fase de rodaje, en versión beta” por problemas técnicos. Por ejemplo, hubo que cambiar dos veces los formularios, donde apenas se podía explicar en dos líneas el motivo de la demanda, o los días y horas se asignaban de forma aleatoria pese a coincidir trabajadores, empresa y abogado implicados en varios actos de conciliación, critican los letrados a los que ha preguntado infoLibre. “Donde más dificultades tiene el SMAC es en los recursos informáticos y de personal”, subraya Iván López García de la Riva, socio del despacho Abdón Pedrajas y secretario del Foro Español de Laboralistas (Forelab).

Esa crónica falta de plantilla es la que fuerza la interrupción del servicio durante algunos meses cada año. Por ejemplo, en navidad y en verano por las vacaciones del personal, explican los laboralistas. O, cuando la carga de trabajo les desborda, sólo atienden “despidos y sanciones pero no reclamaciones de cantidad”. “El sistema no tiene capacidad mediadora por el volumen de asuntos con que debe lidiar, por lo que la mediación se convierte en un mero trámite”, lamenta Miguel Ángel Garrido. De hecho, los letrados calculan que cada acto de conciliación no dura más de 15 minutos y se limita a la comprobación de papeles. Eduardo Cohnen precisa que, a diferencia de otros servicios de conciliación laboral españoles, donde se hace un intento “mínimo” de mediación, en el “muy peculiar” madrileño los letrados conciliadores se limitan a preguntar “si hay acuerdo o no”, pero no hacen ningún esfuerzo para aproximar a empresa y trabajador: “Examinan los poderes y ya está, con lo cual se está desperdiciando el trabajo de unos licenciados en Derecho”, reprocha el abogado de Sartorius.

Para sustituir a María de Mingo la consejería ha nombrado a otro inspector de Trabajo, Álvaro Rodríguez de la Calle, quien ya ha mantenido su primera reunión sobre el SMAC con las asociaciones y los colegios profesionales. “Nos dijo que es consciente de la acumulación de procedimientos y nosotros le manifestamos nuestra preocupación por los problemas de caducidad que se van a presentar”, traslada Eva Torrecilla. Su prioridad, les avanzó, es abrir la sede del servicio con las medidas de seguridad impuestas por el covid-19. También les anunció su próxima reunión con el decano de los juzgados de lo Social, en un intento por impedir que sus titulares archiven las demandas por falta de conciliación previa. El problema, opone Eduardo Cohnen, es que “cada juez y cada secretario son soberanos en sus decisiones, tienen cada uno su propio criterio”, y no se les puede imponer uno a todos.

De forma que ya está ocurriendo, aseguran los laboralistas, que algunos trabajadores pactan en un despacho de la empresa con un documento privado la indemnización de un despido que ésta sabe que es improcedente. “Técnicamente es ilegal, eso debe hacerse en el SMAC para que la cantidad quede exenta de impuestos”, resalta Eduardo Cohnen, “pero lo hacen porque piensan que es la única manera de cobrar y con la esperanza de que el SEPE no lo considere una baja pactada y les deniegue la prestación por desempleo, y de que no tenga problemas con Hacienda”.

Un refuerzo de 20 trabajadores para aliviar el atasco

La Consejería de Economía asegura que los actos de conciliación se reanudaron el 18 de mayo y que desde entonces se han celebrado unos 3.400 en las dos salas que tiene abiertas. A razón de 300 diarias. Y niega que no se emitieran certificaciones de los actos no celebrados durante el estado de alarma: las cifra en 4.700. En julio y agosto se mantendrán operativos 10 de los 16 despachos con que cuenta el SMAC, “el doble de los que funcionan en un verano normal” para dar salida a la lista de espera acumulada durante el estado de alarma. También se reforzará la plantilla este mismo mes y hasta diciembre con 20 personas adicionales. Según el departamento, el sistema informático está siendo sometido a “pruebas de validación” para que comience a funcionar en septiembre.

Entonces se verá cómo responde el SMA al “complicado reto” que se le avecina: “Si con los medios de que dispone puede atender de forma fluida el aumento de la demanda de mediaciones”, plantea Iván López. Miguel Ángel Garrido prevé una “avalancha inevitable de despidos” para entonces, cuando decaigan los ERTE que ahora están sosteniendo el empleo. El SMAC madrileño celebró en 2019 un total de 98.193 conciliaciones de las cuales 56.423, más de la mitad, fueron despidos, de acuerdo con las cifras facilitadas por la Consejería de Economía. De esas casi 100.000 conciliaciones laborales, una tercera parte, 34.275 terminaron con acuerdo, por lo que se evitó el consiguiente juicio. Sin embargo, la consejería lleva desde enero sin proporcionar datos al Ministerio de Trabajo, que recopila los registros de actividad de todos los servicios de conciliación laboral de España. En enero, el SMAC madrileño celebró 10.209 actos de mediación, de los cuales 5.801 fueron despidos.

 

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1 Comentarios
  • copitodenieve copitodenieve 09/07/20 13:33

    Una vergüenza pública define la situación que describe el artículo, nada que extrañar después de años de neoliberalismo desbocado, ETT's como solución a la mediación (el mercado todo lo puede pero poco arregla) y unos responsables,políticos y altos funcionarios mirando cara al sol.
    Ahora el problema es de la aplicación informática (seguro que contratada externamente) o de todo el sistema aunque las responsabilidades se pierden por el camino (quiénes diseñaron el sistema y quiénes proveyeron software, hardware, sistemas de telecomunicaciones, crecimiento y mantenimiento del sistema, etc.)

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