La Airef advierte desde hace meses a Ayuso que una rebaja fiscal aumenta el "riesgo" para las finanzas de la Comunidad de Madrid

En diciembre de 2019, cuando el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid llevaba ya cuatro meses de rodaje, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, Airef, apreció "un riesgo alto de incumplimiento de la regla de gasto" por culpa del "efecto desfavorable de las medidas de rebaja fiscal" adoptadas sistemáticamente en la región por los ejecutivos del PP.

En julio pasado, esto es hace dos meses y con la crisis sanitaria y económica provocada por el covid-19, la Airef alertó de un "aumento en el nivel de riesgo de sostenibilidad financiera de la Comunidad de Madrid" por la deuda contraída en los últimos años.

Pero Díaz Ayuso es insensible a las recomendaciones del organismo independiente creado en 2013 y actualmente presidido por la interventora del Estado Cristina Herrero: este lunes ha anunciado el compromiso de su Gobierno de rebajar medio punto en todos los tramos del IRPF esta legislatura, según ha proclamado la presidenta durante el Debate sobre el Estado de la Región celebrado en la Asamblea de Madrid. 

Es cierto que el primero de los informes de la Airef, el de finales del año pasado y titulado Informe sobre las líneas fundamentales de Presupuestos 2020 de la Comunidad de Madrid, se formuló unos meses antes de la llegada del virus que ha destrozado la economía mundial. 

"Dado el impacto negativo de las medidas de rebaja fiscal adoptadas y la evolución esperada en los gastos excluidos de cómputo de la regla", decía el texto de la autoridad independiente, "el crecimiento del 4% esperado en los empleos llevaría en 2020 a un crecimiento del gasto computable superior al 2,9% fijado como tasa de referencia para este año, que podría exceder de la tasa de crecimiento de la economía". 

De riesgo "bajo" a preocupante

Por todo ello, la Airef pedía en diciembre a la Comunidad de Madrid "aplazar las medidas de rebaja fiscal" junto a las comunidades de Andalucía y Aragón. Díaz Ayuso respondió soliviantada: "Vamos a seguir bajando impuestos cuando toque". 

La gran novedad entre el informe de la Airef de diciembre de 2019 y el de julio de 2020 es el riesgo para la sostenibilidad financiera. En el primero se leía que "el riesgo para la sostenibilidad de Madrid es bajo", recordando que agencias de calificación crediticia como Moody’s y Fitch "mantienen el rating de la Comunidad en Baa1 y BBB respectivamente". En el segundo y más reciente documento, Informe sobre la ejecución presupuestaria, deuda pública y regla de gasto 2020, el escenario es radicalmente distinto. 

"La abrupta caída del crecimiento económico, junto con el deterioro del saldo fiscal a partir de 2021, supondrán un aumento en el nivel de riesgo de sostenibilidad financiera de la Comunidad de Madrid", arranca el capítulo sobre la viabilidad financiera. "Si bien en 2020 el Fondo COVID-19 trasladará parte del incremento del riesgo a la Administración Central (CA), el deterioro del saldo fiscal previsto a partir de 2021 provocará un considerable aumento del volumen de deuda que, a pesar de la recuperación esperada del PIB, hará que la ratio siga subiendo". La Airef cita a Fitch, que "revisó a la baja el rating de esta comunidad (de ‘BBB’ a ‘BBB-’)", aunque "sigue manteniendo la deuda a largo plazo dentro de la categoría de grado de inversión, al igual que Moody’s y S&P, que han mantenido los ratings de ‘Baa1’ y ‘A-’ respectivamente".

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En agosto de 2019, durante su investidura como presidenta regional, Ayuso anunció que aplicaría "la mayor bajada de impuestos de la historia". Ahora cada recorte tributario amenaza la capacidad autonómica para hacer frente al coronavirus, especialmente cuando lo que se cercena es el impuesto a la renta de las personas físicas, que bonifica por igual a las rentas más altas y a las bajas. 

La semana pasada se publicó la Estadística de los declarantes de Impuesto sobre el Patrimonio en 2018, último año disponible. La bonificación aplicada a quienes en teoría tienen que pagar ese impuesto por parte de la Comunidad de Madrid ascendió a 905 millones de euros. Es decir, que en 2018 la región dejó de declarar esa cantidad por la vía del Patrimonio. Un dinero que habría sido muy útil en marzo y abril, cuando el coronavirus dejó en Madrid escenas trágicas en los hospitales colapsados y en las residencias de ancianos. Solo en estas últimas murió una quinta parte de los residentes en la comunidad.

También en julio pasado, el consejero de Hacienda Javier Fernández-Lasquetty estimó que la caída de ingresos de la comunidad este año como consecuencia de la pandemia ascendería a 1.000 millones de euros. La deuda regional ha aumentado en 5.000 millones de euros desde 2015, hasta rebasar los 34.000 millones.