Las bajadas de impuestos en Europa no se parecen a las de Ayuso: no benefician a las clases altas sino a pymes y familias

Noticia que apareció el 7 de septiembre en un medio de extrema derecha en España: "Italia da ejemplo a Sánchez y bajará el IRPF gracias a los fondos europeos". El titular, absolutamente falso y cuyo contenido no se desarrolla en el interior del artículo, es una prueba de la polarización: la alusión al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas no se entiende sin la promesa de Isabel Díaz Ayuso de bajar medio punto a cada uno de los cinco tramos, que van de pobres a ricos. Y lo que haga Díaz Ayuso sirve siempre de argumento contra Pedro Sánchez y el Gobierno central. 

El problema es que el primer ministro italiano Giuseppe Conte no ha hecho tal cosa. Las intenciones fiscales del Ejecutivo transalpino quedaron plasmadas el pasado 15 de septiembre en este documento de 72 páginas titulado Plan Nacional de Reconstrucción y Resiliencia. Hacia la mitad del documento se habla de una reforma fiscal "justa, simple y transparente" (...) "que reduzca la presión fiscal de las clases medias y las familias"; en otro apartado, se afirma que el Gobierno persigue "transferir el impacto fiscal de las personas a las cosas", esto es, sobre los beneficios; sobre las multinacionales la única alusión del documento pide acabar con el profit shifting, es decir, acabar con las lagunas del sistema fiscal italiano para evitar que las grandes empresas se lleven sus beneficios a países con escasa o nula tributación.

Conte, pues, no sigue el modelo de Díaz Ayuso de rebajar a clases bajas y pudientes el mismo tramo (medio punto) del IRPF, sino que apuesta por inversión masiva (como todos los estados miembros de la UE), menos impuestos para los hogares y fórmulas para gravar más a las firmas más grandes. El único intento ayusesco del mandatario italiano a nivel tributario se anunció a finales de junio y le salió rana: Conte avanzó que reduciría el IVA, medida que no ha aplicado y que le acarreó fuertes críticas incluso dentro de su Gobierno. 

Conte ataca las multinacionales

La rebaja del IRPF definida por la Comunidad de Madrid (las comunidades tienen parcialmente transferida la recaudación de este impuesto) es lineal y afecta a los cinco tramos que reconoce la Comunidad: del 9% (hasta 12.450 euros anuales), del 11,20% (hasta 17.707 euros), del 13,30% (hasta 33.007 euros), del 17,9% (hasta 53.407 euros) y del 21% (desde 60.000 euros). Todos esos porcentajes bajarán medio punto (8,5%, 10,7%, 12,8%, 17,4% y 20,5%). Pero, pese a la insistencia de Pablo Casado, de la propia Ayuso y de otros dirigentes del PP en que "es lo que están haciendo en toda Europa", ningún país de la Unión Europea ha realizado una reforma similar. Una persona que gane 300.000 euros al año en Madrid se ahorrará 1.500 euros, frente a alguien que por ejemplo cobre el Salario Mínimo Interprofesional, quien no recogerá beneficio alguno.

En Portugal también quedan anuncios fiscales pendientes, o al menos así lo asegura el 81% de economistas consultados por el diario luso Público. Ocho de cada diez expertos prevén un "aumento de la carga fiscal futura", especialmente por el amplio abanico de medidas adoptadas por el socialista Antonio Costa, entre las que destacan una subida del salario mínimo, subvenciones, exoneración fiscal a empresas en apuros o nuevas prestaciones sociales. 

Por no hablar de los problemas que está teniendo el premier británico Boris Johnson con su propia bancada torie: todo el mundo en Reino Unido se huele una subida de impuestos, sobre todo tras el anuncio del ministro de Hacienda, Rishi Sunak, de recaudar 20.000 billones de libras gravando nada menos que las ganancias de capital, las pensiones, las ventas por internet, la gasolina y el diésel y el Impuesto de Sucesiones. El anuncio de Sunak, apadrinado por el brexiteer Johnson, es un bombazo en la línea de flotación practicada hasta ahora por el Partido Conservador desde la llegada de Margaret Thatcher en 1979. 

De Macron a los 'frugales'

Pero los casos más curiosos son quizás los de Holanda y Francia. En el segundo país el presidente Emmanuel Macron accedió al Elíseo con la promesa de acometer una reforma de las pensiones y de las prestaciones por desempleo, retrasando la edad de jubilación en el primer caso y endureciendo los requisitos en el segundo. De momento todo está aparcado aunque Macron asegura no haber renunciado a nada aún. Lo que sí materializó fue una rebaja del Impuesto de Sociedades (ISF en francés) en 2018 que ahora el Ministerio de Solidaridades, al alimón con el Instituto Nacional de Estadística, fustiga: según el informe publicado por ambas instituciones recientemente, el coste para el Estado francés de homogeneizar este tributo (al igual que Díaz Ayuso) no fue tan alto pero las desigualdades se han disparado tras su aprobación. 

¿Y qué decir de Países Bajos, uno de los guardianes de la ortodoxia fiscal? El gobierno neerlandés acaba de presentar un proyecto para penalizar a las empresas con ingresos de más de 750 millones de euros que emigren a países con tributaciones todavía más bajas (Holanda está considerado como uno de los paraísos fiscales de la UE). De hecho, la británica Unilever se está planteando su plan de replegarse a Londres y abandonar su sede holandesa ante la amenaza de pagar miles de millones de euros.

Finalmente Angela Merkel, que ha reducido el IVA, ha anunciado también una ayuda de 300 euros este año por cada hijo en los hogares y otro paquete de estímulos para las familias monoparentales. Pero el Gobierno de coalición cristiano-socialdemócrata alemán también plantea un colosal incremento de la deuda pública, que solo podrá asumirse por la vía de las subidas de impuestos.