La subida del IVA a la sanidad y educación privadas se queda fuera de las grandes líneas presupuestarias que el Gobierno remite a Bruselas

El Plan Presupuestario para 2021 remitido por el Gobierno a la Comisión Europea el jueves 15 de octubre por la tarde contiene algunas sorpresas. La principal, la subida del IVA a las bebidas azucaradas y edulcoradas del 10% al 21%, una medida que había sido anticipada por Alberto Garzón, el ministro de consumo, cuando hace unas semanas proclamó la guerra a la obesidad infantil.

El plan, que se ha remitido a Bruselas sin haber enviado antes un borrador, recoge tres nuevos impuestos, uno de ellos el de los refrescos: pero también brilla por sus ausencias, al desaparecer uno de los polémicos tributos, de los que más se ha hablado en los últimos días: la subida del IVA, también hasta el 21%, para varias de las actividades relacionadas con la educación y la sanidad privadas. 

"El impacto total de las nuevas tres figuras tributarias creadas asciende a 2.309 millones de euros en 2021", reza un apartado del plan. Se trata de "los impuestos recientemente aprobados en el Parlamento" como la tasa Google, oficialmente conocida como Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales, o la tasa Tobin o el Impuesto sobre Transacciones Financieras, además del gravamen sobre bebidas azucaradas. A esto se le suma una cuarta figura, que Hacienda sitúa "en tramitación": el Impuesto sobre envases de plástico no reutilizables. Es decir, un impuesto verde. 

Preguntado a este respecto, portavoces del Ministerio de Hacienda aseguran que no pueden hacer declaraciones al respecto y que se remiten al plan enviado a la Comisión que preside Ursula Von der Leyen. "No es lo mismo el plan presupuestario que enviamos el jueves que los Presupuestos Generales del Estado", matizan a infoLibre. "Los segundos se basarán en el primero pero su contenido se está negociando aún y no podemos declarar nada al respecto". 

Oposición de Unidas Podemos

Las noticias sobre la intención del Gobierno de terminar con las excenciones fiscales de los colegios privados o de las clínicas y hospitales privadas surgieron a comienzos de octubre. El PSOE puso sobre la mesa el aumento de un 11% del impuesto indirecto para estos productos. Una semana después del anuncio, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, declaró: "Todavía no hemos tomado la decisión sobre cuáles van a ser los elementos objeto de ajuste", confirmando que la sanidad y la educación estaban sobre la mesa. 

Según ha podido saber este medio, Unidas Podemos se habría opuesto desde el principio a gravar con el 21% estas actividades, entre las que también se encontraban las autoescuelas. Ciertamente, la iniciativa produjo mucha polémica alrededor: la pandemia del Covid-19 ha llevado muchas veces a la sanidad pública al límite, cuando no la ha desbordado la pasada primavera en algunas regiones como Madrid.

"Aunque es cierto que existen alternativas públicas y gratuitas a la mayor parte de los servicios ofrecidos, están dimensionados para la demanda actual. ¿Qué pasaría si hubiera una desbandada del sector privado al público?", se preguntaba el especializado El Blog Salmón en un post reciente. 

Rechazo hasta de UGT

Tras revelarse la intención del ministerio, la CEOE y patronales de autónomos (ATA) o de planes de pensiones (Unespa) cargaron contra el Gobierno por la idea. El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, igualmente rechazó la medida de manera coyuntural: "En todo caso, creo que en estos momentos las subidas del IVA no son aconsejables, y menos en estos dos sectores", declaró Álvarez hace unos días. 

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Solo con las medidas recogidas en el plan presupuestario el Ejecutivo de coalición espera ingresar más de 6.000 millones de euros el año que viene. "El efecto de este conjunto de medidas va a tener un impacto total de 9.170 millones de euros que se distribuirán entre el 2021 y el 2022", puede leerse.

"En el 2021 se estima que la recaudación aumentará 6.847 millones y, en 2022, 2.323 millones", continúa el texto. 

Sobre el aumento espectacular del IVA para los refrescos, el Gobierno defiende que así aborda "la externalidad negativa generada por el consumo de dichas bebidas, favoreciendo hábitos más saludables de la población". Además, España habría seguido "las recomendaciones de numerosos organismos internacionales que recomiendan limitar la aplicación de tipos reducidos en el IVA".